Otro atolladero del Gobierno
El proceso de reforma de la negociación colectiva, instado e iniciado unilateralmente por el Gobierno a comienzos del mes de junio, se encuentra en un grave atolladero.
El Gobierno se ha equivocado, de nuevo, planteando, de forma interesada y errónea, una reforma del cuadro normativo que rige la negociación colectiva, caiga quien caiga o, dicho de otro modo, pese a todo y a todos. Me explico. La negociación colectiva, instrumento y, a la vez, expresión máxima del acuerdo entre partes (empresarios y trabajadores) de las condiciones que presiden las relaciones laborales en este país, por la que se rigen millones de trabajadores y trabajadoras y que afecta a cientos de miles de empresas, no puede ser reformada de forma impuesta y sin el consenso, por tanto, de aquellas dos partes.
El empecinamiento del Gobierno por diseñar y activar un mercado de trabajo, y sus condiciones, a su imagen y semejanza, no puede ser más que el vaticinio de un estrepitoso fracaso.
La torpeza del Ejecutivo, no obstante, va más allá. No conformándose con tomar decisiones calamitosas, quiere ponerlas en marcha mediante un proceso formalmente reprobable; es decir, emplazando a las partes a pronunciarse sucesivamente acerca de borradores elaborados por él mismo y de contenidos tan infumables como alarmantes.
A fecha de escribir este opinión, éste es el panorama en absoluto halagüeño que tenemos. Llueve sobre mojado y seguramente estamos en la antesala de otro sonoro revés al diálogo social; si bien, esta vez apuntando a la línea de flotación de la concreción del consenso social vigente más antiguo de nuestro país y, dicho sea de paso, también de la concreción de un amplio consenso político.
La UGT, que ha venido denunciando y advirtiendo desde junio acerca de este cúmulo de despropósitos, considera que un varapalo del Gobierno a la piedra angular de las relaciones laborales, como es la negociación colectiva, no significa sino la descomunal irresponsabilidad y miopía de nuestros gobernantes a los que puestos a hacer las cosas mal no les gana nadie.
Quebrar el consenso social al que antes me refería y, con toda probabilidad, el parlamentario, se me antoja un modo de hacer política mirándose en el espejo de las nefastas consecuencias que para este país tuvieron los vaivenes y alternancias de hace ahora más de un siglo, cuando las leyes y las disposiciones legislativas duraban lo que los gobiernos. En definitiva, sin mirar más allá, entrando en un juego puramente partidista y electoral que de nada sirve a una sociedad en general y a unos trabajadores en particular con una madurez más que probada.
El borrador de anteproyecto de ley de reforma presentado por el Gobierno contiene un alteración de profundo calado en el modelo de negociación colectiva que está vigente en España desde principio de los ochenta.
El del Gobierno es un modelo desvertebrador y desequilibrado que, entre otras muchas cosas, deja sin contenidos esenciales a la negociación colectiva sectorial porque resta a ésta capacidad contractual y porque la traslada con carácter prevalente y por imperativo legal a las empresas, teniendo sólo en este último caso una eficacia real y vinculante. Si atendemos a la realidad del tejido empresarial de nuestro país -en donde más de un 90% de las unidades no superan los diez trabajadores- una negociación colectiva de este tipo no sería más que una auténtica farsa; farsa que, además, significa, con la actualización de la cláusula de descuelgue incorporada también por el Gobierno en su texto, negar una verdadera negociación colectiva, individualizando las relaciones laborales y poniendo a éstas en un estado superior frente a las colectivas. Es decir, lo contrario a lo habido hasta ahora y a lo que la UGT se opone, como es obvio.
El resultado de lo que propone el Gobierno será, por un lado, indefectiblemente menos negociación colectiva y peor; por otro, a buen seguro, el renacimiento de una conflictividad laboral que en los últimos años había venido reduciéndose y que había pasado a tener un carácter excepcional.
La Unión General de Trabajadores quiere hacer un llamamiento a la responsabilidad del Gobierno para que no prosiga por el sendero de la imposición y lo cambie por el de la búsqueda del consenso. Ello, sin duda, lleva implícito una negociación del proceso sobre nuevas bases, con un nuevo método y siendo escrupulosamente respetuoso con el resultado de las negociaciones de los interlocutores, con lo que tenga que surgir del consenso social.
Por último, de persistir el Gobierno en su equivocada intención de proceder a reformar unilateralmente la negociación colectiva, la UGT seguirá defendiendo en la mesa de diálogo sus criterios con firmeza y seguirá buscando soluciones en pos de la defensa de los derechos de los trabajadores y trabajadoras y de unas relaciones laborales equilibradas. En definitiva, buscando soluciones que sirvan, de verdad, al conjunto de la sociedad.El proceso de reforma de la negociación colectiva, instado e iniciado unilateralmente por el Gobierno a comienzos del mes de junio, se encuentra en un grave atolladero.
El Gobierno se ha equivocado, de nuevo, planteando, de forma interesada y errónea, una reforma del cuadro normativo que rige la negociación colectiva, caiga quien caiga o, dicho de otro modo, pese a todo y a todos. Me explico. La negociación colectiva, instrumento y, a la vez, expresión máxima del acuerdo entre partes (empresarios y trabajadores) de las condiciones que presiden las relaciones laborales en este país, por la que se rigen millones de trabajadores y trabajadoras y que afecta a cientos de miles de empresas, no puede ser reformada de forma impuesta y sin el consenso, por tanto, de aquellas dos partes.
El empecinamiento del Gobierno por diseñar y activar un mercado de trabajo, y sus condiciones, a su imagen y semejanza, no puede ser más que el vaticinio de un estrepitoso fracaso.
La torpeza del Ejecutivo, no obstante, va más allá. No conformándose con tomar decisiones calamitosas, quiere ponerlas en marcha mediante un proceso formalmente reprobable; es decir, emplazando a las partes a pronunciarse sucesivamente acerca de borradores elaborados por él mismo y de contenidos tan infumables como alarmantes.
A fecha de escribir este opinión, éste es el panorama en absoluto halagüeño que tenemos. Llueve sobre mojado y seguramente estamos en la antesala de otro sonoro revés al diálogo social; si bien, esta vez apuntando a la línea de flotación de la concreción del consenso social vigente más antiguo de nuestro país y, dicho sea de paso, también de la concreción de un amplio consenso político.
La UGT, que ha venido denunciando y advirtiendo desde junio acerca de este cúmulo de despropósitos, considera que un varapalo del Gobierno a la piedra angular de las relaciones laborales, como es la negociación colectiva, no significa sino la descomunal irresponsabilidad y miopía de nuestros gobernantes a los que puestos a hacer las cosas mal no les gana nadie.
Quebrar el consenso social al que antes me refería y, con toda probabilidad, el parlamentario, se me antoja un modo de hacer política mirándose en el espejo de las nefastas consecuencias que para este país tuvieron los vaivenes y alternancias de hace ahora más de un siglo, cuando las leyes y las disposiciones legislativas duraban lo que los gobiernos. En definitiva, sin mirar más allá, entrando en un juego puramente partidista y electoral que de nada sirve a una sociedad en general y a unos trabajadores en particular con una madurez más que probada.
El borrador de anteproyecto de ley de reforma presentado por el Gobierno contiene un alteración de profundo calado en el modelo de negociación colectiva que está vigente en España desde principio de los ochenta.
El del Gobierno es un modelo desvertebrador y desequilibrado que, entre otras muchas cosas, deja sin contenidos esenciales a la negociación colectiva sectorial porque resta a ésta capacidad contractual y porque la traslada con carácter prevalente y por imperativo legal a las empresas, teniendo sólo en este último caso una eficacia real y vinculante. Si atendemos a la realidad del tejido empresarial de nuestro país -en donde más de un 90% de las unidades no superan los diez trabajadores- una negociación colectiva de este tipo no sería más que una auténtica farsa; farsa que, además, significa, con la actualización de la cláusula de descuelgue incorporada también por el Gobierno en su texto, negar una verdadera negociación colectiva, individualizando las relaciones laborales y poniendo a éstas en un estado superior frente a las colectivas. Es decir, lo contrario a lo habido hasta ahora y a lo que la UGT se opone, como es obvio.
El resultado de lo que propone el Gobierno será, por un lado, indefectiblemente menos negociación colectiva y peor; por otro, a buen seguro, el renacimiento de una conflictividad laboral que en los últimos años había venido reduciéndose y que había pasado a tener un carácter excepcional.
La Unión General de Trabajadores quiere hacer un llamamiento a la responsabilidad del Gobierno para que no prosiga por el sendero de la imposición y lo cambie por el de la búsqueda del consenso. Ello, sin duda, lleva implícito una negociación del proceso sobre nuevas bases, con un nuevo método y siendo escrupulosamente respetuoso con el resultado de las negociaciones de los interlocutores, con lo que tenga que surgir del consenso social.
Por último, de persistir el Gobierno en su equivocada intención de proceder a reformar unilateralmente la negociación colectiva, la UGT seguirá defendiendo en la mesa de diálogo sus criterios con firmeza y seguirá buscando soluciones en pos de la defensa de los derechos de los trabajadores y trabajadoras y de unas relaciones laborales equilibradas. En definitiva, buscando soluciones que sirvan, de verdad, al conjunto de la sociedad.
