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Los promotores de la central térmica de Morata piden que sea considerada de utilidad pública

La firma podría reclamar, gracias a esa calificación, la expropiación del suelo que no logre comprar

Vicente González Olaya

Los promotores de la futura central térmica de Morata quieren que las instalaciones sean declaradas de utilidad pública. El fin es doble: que el funcionamiento de la central prevalezca sobre otras actividades próximas (minería o agricultura, por ejemplo) y que la empresa pueda comprar los terrenos cercanos para 'regularizar su emplazamiento'. Actualmente, las 11 hectáreas que sus responsables tienen apalabradas con los dueños del suelo no forman un 'cuadrado perfecto', por lo que necesitan adquirir terrenos próximos. El PSOE denuncia que buscan la expropiación.

Según explicó ayer el responsable del proyecto, William Barnes, la empresa mantiene con los dueños del suelo 'unas buenas relaciones comerciales', pero si alguien se resiste a vender, o no se encuentra a su propietario, Entergy Power Projects España SL -entidad promotora de la central- podría esgrimir que la declaración de utilidad pública le da derecho a la expropiación. La ley está de su parte.

El pasado 24 de agosto, el registro de la Delegación del Gobierno recibió la solicitud de declaración de utilidad pública de la central térmica de Morata. El promotor, 'una vez obtenida la declaración de utilidad pública solicitada, se reserva el derecho de iniciar el procedimiento de expropiación de los terrenos afectados', en virtud de la legislación que regula las instalaciones de energía, se lee en el documento.

La central térmica de ciclo combinado se ubicará a 1,5 kilómetros del núcleo de Morata. Generará una potencia eléctrica de 1.200 megawatios y utilizará como combustible principal el gas, aunque en caso de necesidad podrá emplear gasóleo. Ocupará 11 hectáreas. Los promotores han firmado ya con el Ayuntamiento un contrato de permuta de suelo, así como diversos contratos de opción de compra con vecinos. Todos estos acuerdos han sido inscritos en el registro de la propiedad de Arganda.

Terrenos afectados

Pero, según señala la memoria que ha enviado la empresa a la Delegación del Gobierno, 'Entergy Power Projects cree igualmente necesarios los terrenos afectados por la infraestructura de toma y vertidos de aguas y los circundantes a la futura cental, fincas de aproximadamente [otras] 11 hectáreas adicionales sobre los que Entergy no es aún titular de los derechos'.

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La entidad afirma que su adquisición es necesaria para 'perfeccionar la disposición de los equipos, la accesibilidad de las instalaciones, minimizar los impactos medioambientales, todo ello con el propósito de optimizar la planta proyectada'.

Por ello, la central 'considera absolutamente necesarias las 22 hectáreas de extensión para que la ocupación real de la central térmica sea inferior al 25% del total de la parcela, valor límite establecido en las normas subsidiarias'. No obstante, William Barnes destaca que la expropiación 'va en contra del sentido de la empresa' y de un 'mercado liberalizante', pero existen ocasiones en que puede ser ejercido. Puso como ejemplo la 'confusa situación parcelaria' de algunos terrenos. 'Existen varios herederos, varios registros, el catastro... No está claro quiénes son los propietarios de determinados terrenos', por lo que la expropiación se manifiesta como el único sistema viable.

El portavoz de Medio Ambiente del grupo parlamentario socialista, Francisco Garrido, asegura que la empresa ha 'tomado la vía de apremio' para construir la central. 'Hay muchas empresas de las mismas o semejantes características que no han pedido ser declaradas de utilidad pública, no entiendo por qué ésta sí'.

Garrido critica, además, que el Gobierno regional permita la construcción de la central a menos de dos kilómetros del casco urbano y que aún se desconozca qué caminos seguirán las conexiones eléctricas que partirán de sus instalaciones.

Por su parte, los vecinos, movilizados desde hace semanas contra la central, entregarán hoy en la Delegación del Gobierno sus alegaciones, informa Efe. Prevén una mañana 'muy larga', porque las alegaciones no sólo afectan a la central sino a la cementera, canteras, subestación eléctrica y un programa de incineración previsto en la comarca.

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Sobre la firma

Vicente González Olaya
Redactor de EL PAÍS especializado en Arqueología, Patrimonio Cultural e Historia. Ha desarrollado su carrera profesional en Antena 3, RNE, Cadena SER, Onda Madrid y EL PAÍS. Es licenciado en Periodismo por la Universidad CEU-San Pablo.

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