Trabajo y libertad

Los últimos datos sobre la situación del mercado de trabajo en España y en Cataluña facilitados por la encuesta sobre la población activa reflejan las variaciones en la coyuntura económica y los primeros resultados de la reforma del mercado de trabajo aprobada a principios de año. Indican, por ejemplo, una mayor debilidad, respecto al mismo periodo del año anterior, en la creación de ocupación y en la reducción del paro y de la temporalidad de los contratos. No se ha producido, por otra parte, el esperado incremento de los contratos a tiempo parcial indefinidos propiciados por la reforma laboral y con un peso significativo en diversos países europeos. Estas cifras muestran, también, las dificultades de que se mantenga la coyuntura alcista de la economía cuando gobiernos y grandes empresas no actúan de forma decidida a favor de mantener un crecimiento sostenido de la economía.

Para el Gobierno, el problema es la poca flexibilidad para adaptarse a los cambios que pide la empresa

La estrategia ahorradora de trabajo, propagada entre y por las grandes multinacionales, está siendo un perfecto catalizador de una recesión económica más anunciada que combatida por las instituciones públicas y privadas más poderosas.

Malos augurios para un mercado de trabajo demasiado lábil como el nuestro, con un peso desorbitado de la contratación temporal (un 31% del total de los contratos de trabajo), altas tasas de paro, y donde las presiones para reducir la protección social, asumidas por el propio Gobierno, son difíciles de contener. Si continúan las tendencias recesionistas es probable que crezcan de nuevo el paro (¡ya ha ocurrido durante el mes de agosto!) y la temporalidad de la ocupación, que los sindicatos tengan menos fuerza para frenar la política desreguladora del mercado de trabajo y que desciendan los ingresos de los trabajadores.

Si bien el paro y los recortes de los ingresos afectarían de inmediato principalmente a trabajadores (asalariados o autónomos) con ocupaciones precarias, a corto plazo afectarían cada vez más a asalariados con ocupaciones estables, ya que se dispararían los reajustes y reducciones de plantillas y los sindicatos experimentarían crecientes dificultades en las negociaciones laborales. Los asalariados más afectados serían trabajadores con contratos precarios y trabajadores con empleos menos cualificados y prescindibles que, presumiblemente, forman parte del 53,9% de los asalariados en España y al 42,9% en Cataluña que obtienen en la actualidad ingresos inferiores a las 200.000 ptas (datos de la encuesta de Unespa y Gallup). Pero de forma creciente afectarían, también, a ocupaciones más estables y centrales para los procesos de producción e, incluso, a directivos. Formación, sexo, edad y experiencia juegan un papel relevante en la posibilidad de que los trabajadores puedan mantener o mejorar su estatus en la sociedad.

Más paro, más trabajo precario, menos participación en la toma de decisiones y disminución de los ingresos suponen una pérdida de libertad individual y limitaciones al desarrollo económico, tal como expone de forma brillante Amartya Sen en el libro Desarrollo y libertad.

Pero el Gobierno de este país, que manifiesta una creciente y explícita atracción por el análisis neoliberal, se ocupa teóricamente de cómo alcanzar los equilibrios económicos necesarios para conseguir el incremento de la riqueza, y no parece que sitúe como problemas importantes las desigualdades en la distribución de los ingresos, la disminución del grado de libertad personal o las dificultades en conseguir un desarrollo económico sostenible. Respecto al mercado de trabajo, sitúa como problema fundamental la escasa flexibilidad del mercado de trabajo a adaptarse a los cambios requeridos por las empresas. Sus propuestas parten de tres ideas fundamentales propias de la economía ortodoxa. Primero: el trabajo es un castigo, una desutilidad para las personas compensada básicamente por las retribuciones salariales. Segundo: el paro es voluntario, ya que siempre hay un precio (un salario) que permite que se igualen la oferta y la demanda de trabajo. Tercero: la intervención de gobiernos y sindicatos impide que los salarios (y las restantes condiciones de trabajo) se sitúen al nivel necesario requerido por las empresas y haya equilibrio en el mercado de trabajo. De estas ideas, surge como propuesta básica la necesidad de llevar a cabo una política de desintervención del mercado de trabajo.

Algunas propuestas concretas: eliminar o disminuir el salario mínimo interprofesional, ya que impide la formación de salarios de equilibrio a niveles inferiores al salario mínimo; suprimir o limitar las prestaciones sociales a los parados, ya que los parados subvencionados únicamente querrán trabajar si reciben retribuciones que les compensen la desutilidad del trabajo; prescindir o reducir el papel de los sindicatos en la negociación de las condiciones de trabajo, ya que la presión de los sindicatos impide que se establezcan salarios y condiciones de trabajo adecuadas para conseguir el equilibrio en el mercado de trabajo. Éstas son algunas de las principales ideas que están guiando la política laboral.

¿Qué perspectivas para los próximos meses? El intento del Gobierno de acelerar la adopción de políticas desinterventoras permite prever que se avecina un otoño especialmente tórrido. Entre otras importantes cuestiones, este inicio de curso tiene encima de la mesa los debates acerca del sistema de negociación colectiva y la determinación de los salarios mínimos, temas cruciales para la configuración de nuestro mercado de trabajo y en los que existen divergencias radicales. Si la realidad nos confirma que el trabajo, especialmente el trabajo no precario, ofrece libertad, deberíamos participar en estos debates y defender la libertad.

Carme Massana es profesora de Política Económica de la U B.