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CASO GESCARTERA

Una filial de Indra y de los astilleros públicos, atrapada con 600 millones en Gescartera

La juez Palacios embarga un chalé valorado en 500 millones del principal accionista de la agencia

La compañía Saes (Sociedad Anónima de Electrónica Submarina), tenía invertidos 591 millones de pesetas en la agencia de valores Gescartera. Esta inversión se materializa en 332 millones colocados en renta fija renovable sin mayor especificación sobre los títulos adquiridos, y otros 259 millones se colocaron a través de Gescartera en bonos del Instituto de Crédito Oficial (ICO).

Las relaciones de Saes con Gescartera datan de 1996, según apuntan fuentes de Indra Sistemas, no habiendo hasta la fecha de intervención de la agencia de valores el pasado 15 de junio ningún problema en los pagos de los intereses ni en las devoluciones del capital invertido. Estas mismas fuentes afirman que Indra no participaba en la gestión de la compañía y que este quebranto no tendrá consecuencias en los resultados de Indra.

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Los principales propietarios de Saes, con el 51% del capital, son la firma Indra Sistemas e Izar Construcciones Navales (resultado de la fusión de los astilleros públicos civiles y militares) a través de la sociedad Saes Capital. Izar continúa siendo una empresa pública, mientras que Indra Sistemas se privatizó definitivamente en marzo de 1999. Cuando se hizo la operación Indra, presidida por Javier Monzón, era pública y, como Izar, controlada por la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI). El otro accionista, que ostenta el 49% del capital de Saes, es la francesa Thales (antigua Thomson).

El caso Gescartera ofreció ayer otros interesantes aspectos. Según Efe, la juez de la Audiencia Nacional que lleva el caso, Teresa Palacios, ordenó el embargo del chalé del principal propietario de la agencia Gescartera, Antonio Camacho, valorado en al menos 500 millones de pesetas. También se han embargado sus cuentas bancarias en las que se han encontrado pequeñas cantidades. Fuentes de la investigación destacaron que el propietario de Gescartera no ha podido acreditar en iningún momento la procedendia de los fondos necesarios para abonar un chalé de esas características y qpuntaron que existen indicios suficientes de que lo adquirió con inversiones que los clientes hicieron en la agencia.

Rato niega aviso a clientes El vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía, Rodrigo Rato, negó ayer que algunos clientes de Gescartera recibieran información privilegiada de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). En respuesta a una pregunta de la prensa sobre las desinversiones que efectuaron algunos clientes de Gescartera, el ministro afirmó con rotundidad que la CNMV 'no da información privilegiada' a ningún operador público o privado en el mercado de valores. En este sentido, el ministro de Defensa, Federico Trillo, aseguró que 'por ventura se ha recuperado totalmente la inversión y los intereses' que realizó la Armada por valor de 300 millones de pesetas en Gescartera. Fuentes de la Armada apuntaron que 'el Consejo Directivo no recibió ninguna información externa que aconsejase la desvinculación del Servicio de Seguridad Social de la Armada con la agencia intervenida'.

Asimismo, la Dirección General de Seguros del Ministerio de Economía decidió retrirar ayer la autorización como gestora de fondos de pensiones a Gescartera Pensiones, sociedad del grupo Gescartera Holding, debido a que ha perdido su capital social, una de las condiciones obligatorias para poder operar. Los partícipes del fondo de pensiones de Gescartera no han sufrido ningún efecto en sus derechos consolidados y pueden decidir mover su dinero a otra gestora de pensiones.

El importe de las reclamaciones presentadas por 1.062 inversiores afectados por la agencia Gescartera ante la CNMV ascendía a día de ayer a 12.787 millones de pesetas, una cifra que va creciendo a diario.

La juez de la Audiencia Nacional Teresa Palacios, en una imagen de archivo.
La juez de la Audiencia Nacional Teresa Palacios, en una imagen de archivo.EFE

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