¿Debe cederse al Estado la titularidad del Eix Transversal?
Probablemente, el símbolo más claro del fracaso de la acción de gobierno de la Generalitat, en estos últimos 20 años, es el Eix Transversal. Hagamos un poco de historia. El primer proyecto de esta vía de comunicación se realizó, si no voy errado, en tiempos de la Generalitat republicana. El objetivo ya estaba claro: hacer una carretera que enlazara Lleida con Girona, sin pasar por Barcelona, a través de un recorrido por la Cataluña interior: Cervera, Manresa, Vic, como hitos principales. Con ello se pretendía evitar el colapso del área barcelonesa y, a su vez, revitalizar zonas de la Cataluña interior. Con la democracia, la idea se recupera con entusiamo y ya el Gobierno de Tarradellas -con Narcís Serra como consejero de Política Territorial- realiza estudios para iniciar su construcción.
Si la Generalitat se ve incapaz de pagar la ampliación del Eix Transversal, ¿por qué no ceder la titularidad de esta vía a quien se ha ofrecido para llevarla a cabo?
Pujol, en los comienzos de su primer Gobierno, la considera una de sus prioridades más destacadas. Sin embargo, con su habitual incoherencia, las obras no comienzan hasta 15 años después. Eso sí, con su abusiva política de propaganda, procede a inaugurar cada uno de sus tramos, por pequeño que fuere, con lo cual, el Eix Transversal ha sido inaugurado casi 20 veces. Por fin, gracias a la financiación del Gobierno del PP, el Eix Transversal se termina. Es muy dudoso que en aquel momento tuviera máxima prioridad: probablemente era más urgente construir una autovía que comunicara adecuadamente La Jonquera con la provincia de Castellón, para seguir en dirección al sur de España, como una alternativa a la autopista de peaje que es propiedad de ACESA o bien proceder a su rescate. En todo caso, la entrada en funcionamiento de la totalidad del trayecto del Eix es esperada con expectante ilusión.
Y, sin embargo, la decepción es inmediata. No se trata de una autovía, al nivel de las españolas de la época, que pueda descongestionar el paso por Barcelona del transporte pesado que va y viene del resto de Europa, sino que es una simple buena carretera al estilo de finales de la década de 1960 que, con el aumento de tráfico, se revela como lenta, peligrosa e insuficiente. En realidad, se ve claro que ni es alternativa a nada, ni soluciona los problemas generales de la red viaria catalana.
Por todo ello, al poco tiempo, está claro que se impone aumentar al doble la anchura de su vía a los efectos de que se pueda convertir en lo que siempre debería haber sido: una amplia autovía con dos carriles por banda, como mínimo. Como ya he dicho, la financiación corrió, en su mayor parte, a cargo del Estado, a pesar de que la titularidad de la vía fuera de la Generalitat. Ignoro el fundamento legal de tal transferencia financiera, que, por otra parte, parece dudosa. Desde el punto de vista político, la generosidad del Gobierno central deriva, al parecer, de los acuerdos de 1996 mediante los cuales CiU garantizaba el apoyo parlamentario a José María Aznar en Madrid.
Ahora bien, si el pago de lo construido hasta ahora se solucionó de esta peculiar manera, la necesaria ampliación ofrece en la actualidad graves problemas: la catastrófica situación financiera de la Generalitat impide que pueda financiarse con sus propios fondos. Ante esta cruda realidad, se acude de nuevo a la financiación estatal y el Gobierno de Madrid responde que está dispuesto a hacer frente a su coste siempre que la Generalitat le traspase su titularidad. En realidad, conforme a derecho, es una respuesta razonable y coherente. Además, desde el punto de vista político, el apoyo parlamentario de CiU ya no es necesario en Madrid.
La respuesta del Gobierno catalán no se hace esperar: a este precio no hay trato. Ningún político de la oposición, que yo sepa, comenta públicamente el problema. Y, sin embargo, creo interesante hacer una reflexión sobre el mismo. ¿Merece la pena que el Eix Tranversal sea una auténtica autovía que permita no sólo dar un servicio al territorio por el cual discurre, sino también descongestionar buena parte de la red catalana de carreteras, al precio de traspasar la titularidad de la Generalitat al Estado? Naturalmente, una respuesta concreta, afirmativa o negativa, debería tener en cuenta datos que, al escribir este artículo, desconozco. Ahora bien, si la conclusión a la que se llegara tras obtener estos datos fuera que la cesión de la titularidad al Estado sería beneficiosa para el interés de los ciudadanos en general, la respuesta debería ser afirmativa.
Desde un nacionalismo clásico -que tiene como objetivo prioritario conservar y aumentar el poder político- se discrepará de esta afirmación. Desde un patriotismo bien entendido -el que busca el mayor beneficio para los ciudadanos de una determinada comunidad- no se puede dudar ni un momento en suscribirla. La razón de fondo al optar por una u otra respuesta la encontramos en la consideración que cada uno tenga sobre si el poder político es un medio o un fin en una sociedad. Para un ciudadano nacionalista, el poder político es, primordialmente, un fin al servicio de la construcción de la nación -reconstrucción, dicen los historicistas más nostálgicos- considerada como ente superior a la que deben subordinarse los individuos. Para un ciudadano no nacionalista con responsabilidad social -al que quizá deberíamos comenzar a llamar patriota a pesar del desgaste que este término ha tenido en la España del siglo XX-, el poder político es un medio legítimo, aunque sólo en la medida que esté al servicio de los derechos de los ciudadanos y de las finalidades sociales que son presupuesto o consecuencia de estos derechos.
Los ciudadanos españoles pertenecemos a tres esferas de poder público: el estatal, el autonómico y el local. Además, somos también ciudadanos europeos y, por tanto, también pertenecemos a la esfera de poder de la Unión Europea. Cualquiera de estas esferas es igualmente nuestra, está a nuestro servicio. Las políticas públicas -por ejemplo, la construcción de una carretera que se considere necesaria- deben llevarlas a cabo los poderes que tengan capacidad para ello. El acierto de estas políticas debe medirse por el servicio que prestan al ciudadano. Si la Generalitat se ve incapaz de afrontar los gastos que ocasiona la ampliación del Eix Transversal, ¿por qué no debe ceder la titularidad de esta vía de comunicación a quien se ha ofrecido para llevarla a cabo?
Francesc de Carreras es catedrático de Derecho Constitucional de la UAB.
