Submarinos bajo sospecha
El Parlamento chileno y el PSOE investigan el destino del pago de 546 millones a una intermediaria
La motivación real del pago en 1998 de 546 millones de pesetas por la empresa pública Bazán a una intermediaria para vender dos submarinos a Chile emerge un metro cada día. ¿Los 546 millones eran una comisión sobre el precio de venta de los submarinos o respondían al coste real de los servicios prestados? La intermediaria, Seapoint Enterprises, despeja el enigma: 'A cambio de sus servicios, Seapoint recibió una comisión económica'. Lo asegura Matthew Robbins, directivo de Mourant and Co., trust radicado en las islas Jersey que se dice administrador de Seapoint.
Izar Construcciones Navales, la antigua Bazán, niega que el pago fuera una comisión. Que tal abono encerrara una comisión lo sugirió días atrás Josep Piqué, ministro de Exteriores y responsable indirecto de Bazán en la fecha de la venta como titular de Industria. Piqué afirmó, tras conocerse el pago por un informe del Tribunal de Cuentas, que no debería extrañar que en una venta de tal envergadura (60.000 millones pagó Chile) se abonase alguna comisión.
Segundo misterio: ¿Qué servicio prestó Seapoint a cambio de los 546 millones? Ni siquiera los responsables de Izar se ponen de acuerdo sobre su cometido. Mientras Emilio Jiménez, director corporativo de Izar, defiende que se contrató a Seapoint para 'sondear la voluntad real de los chilenos de comprar los submarinos', un portavoz de esta empresa pública aseguró que la consultora tuvo como tarea neutralizar 'una feroz campaña de prensa chilena', auspiciada por empresarios alemanes tras perder el concurso. Pero cuando se contrató a Seapoint, Bazán ya conocía 'la voluntad real' de compra de los chilenos: les habían otorgado seis meses antes el contrato de construcción de los submarinos. De la 'feroz campaña de prensa', Izar aporta sólo dos ejemplos: las críticas a los submarinos españoles de un experto llamado Daniel Prieto y las del vicealmirante chileno Juan Mackay. El ramillete de críticas periodísticas aportadas por Izar como prueba de la campaña que debió neutralizar Seapoint ofrece otras dudas. Todas ellas se produjeron entre noviembre de 1997 y enero de 1998, es decir, en torno a la fecha en que Chile falló el concurso: diciembre de 1997.
No hay ninguna muestra de que tal campaña siguiera cuando se contrató a Seapoint en mayo de 1998. Seapoint, a través de Mourant and Co., explica así su misión: 'En 1998, Seapoint hizo un acuerdo comercial con otras compañías por el cual aportó servicios de consultoría especializada relativos al contrato de construcción de dos submarinos para la Armada chilena. A cambio de tales servicios, Seapoint recibió una comisión económica. Seapoint retuvo e invirtió tal comisión en otros legítimos negocios. No sería correcto para Seapoint revelar más detalles. Mourant, como administrador de Seapoint, mantiene detallada documentación de las actividades de esta compañía y se muestra convencida de que no hubo ninguna irregularidad en la conducta de Seapoint'.
Tercer misterio: ¿Quién es Seapoint? 'Seapoint es un proyecto de consultoría comercial registrada en las Islas Vírgenes Británicas y administrada en las islas Jersey (por Mourant)', describe esta última. Esto explica por qué Seapoint no tiene dirección, oficina ni teléfono ni en las islas Jersey ni en las Vírgenes. Las señas en Jersey facilitadas por Izar corresponden a los de su tuteladora: Mourant. Hasta la fecha no hay un solo dato que indique que Seapoint tuvo algo más que una existencia nominal. Izar no aclara qué viento le llevó a buscar tal consultora en islas del Caribe o del Canal de la Mancha con similar paradisiaco clima fiscal.
Investigación chilena
Este caso ha provocado un desfile de mandos castrenses en Chile ante la comisión parlamentaria creada para investigar si el dinero de Seapoint influyó en la compra de los submarinos. Uno de los citados es el jefe de la Armada chilena, Jorge Arancibia, incondicional de Pinochet, que ha dimitido para saltar a la arena política. Curiosamente, sólo la derecha pinochetista rehusó apoyar la creación de esta comisión para investigar el destino final de los 546 millones. La posible extradición de Pinochet a España produjo el peor escollo a este negocio. En noviembre de 1998, la Armada chilena amenazó con rescindir el contrato si seguía adelante el proceso. Luego, las aguas se aquietaron. Izar asegura que en la extinción de tal fuego no intervinieron ni Seapoint ni sus 546 millones, cuyo pago fraccionado se produjo paralelamente al amansamiento de tal conflicto.
En España, el diputado socialista Jordi Marsal ha pedido el contrato de Bazán con Seapoint, y la comparecencia urgente en el Congreso del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.
