Los retrasos de la Administración central

Sorprende el tono innovador con el que el Gobierno de la Nación ha anunciado la aprobación de un decreto para acabar con el monopolio telefónico en la Administración central, cuando en Andalucía hace ya tres años que se puso en marcha la Red Corporativa de Telecomunicaciones de la Junta. Sorprende, también, que no se haya buscado antes una alternativa a la abultada tarifa de teléfono, con el consiguiente perjuicio para las arcas públicas y el beneficio para el monopolio telefónico. Tampoco deja de sorprender que sea el Ministerio de Economía, y no el de Ciencia y Tecnología, el promotor del proyecto. Y todo ello lo protagoniza un Gobierno al que le gusta presumir de liberalizador y de adalid de la libre competencia, aunque la realidad se encarga de desmentirlo una y otra vez.

En Andalucía, desde el mismo momento en que se liberalizó en 1998 el sector de las telecomunicaciones, planteamos un concurso para el conjunto de nuestros servicios abierto a la competencia entre operadores. El número de ofertas presentadas, la renovación tecnológica que ha supuesto y el ahorro entonces conseguido demuestran que ya en 1998 era factible aprovechar las ofertas del mercado. El concurso culminó con la adjudicación de los servicios de telefonía fija a Retevisión, la móvil a Airtel y los servicios de datos, Internet y audiovisuales a Telefónica. Ello nos ha permitido dotarnos de una red interna de telecomunicaciones con la incorporación de las últimas tecnologías, en la que están integrados tanto las consejerías como los hospitales o las universidades, la administración de justicia o empresas públicas como la Radio Televisión de Andalucía. En poco más de un año se incorporaron a la nueva red más de 600 edificios (50.000 extensiones y 800 redes de datos) y las previsiones para final de este año son de 1.600 edificios (70.000 extensiones y 2.200 redes).

Esta red nos permite mejorar la calidad y la eficacia de los servicios que prestamos a los ciudadanos, bien sea a través del contacto telefónico tradicional o de Internet. Y al mismo tiempo, hemos reducido los costes en servicios de telecomunicaciones en un 50% respecto de años anteriores, lo que supone un ahorro de 2.500 millones de pesetas anuales, además de impulsar el despliegue de infraestructuras y el desarrollo de la competencia en Andalucía.

No se entiende que el Gobierno central haya tardado tres años en plantearse el fin del monopolio de sus servicios de telecomunicaciones, máxime cuando la propia Administración admite que la situación en la mayoría de los ministerios y organismos dependientes es caótica y que se desconoce oficialmente a cuánto asciende la factura del teléfono. El Ministerio de Hacienda estima que sobrepasa los 50.000 millones de pesetas anuales, aunque teme que la cifra pueda ser muy superior.

Me permito hacer un somero cálculo con las cifras proporcionadas. En base a esos 50.000 millones y con una reducción de la factura del 15% en cada uno de los tres años, nos daría un ahorro de 22.500 millones de pesetas. Pero eso si el ahorro es sólo del 15%, porque en Andalucía, tras negociar con los operadores, hemos conseguido una reducción del 50%. Por tanto, de alcanzar la Administración central esa misma rebaja, el ahorro ascendería a unos 75.000 millones. Ésas son las cifras, a vuela pluma, que nos ha costado de más a los ciudadanos la inhibición de un Gobierno que reacciona tarde al reto de la libre competencia y que a la hora de la verdad no se ha beneficiado de las ventajas de un mercado abierto por el que tanto dice apostar. Por el contra, el único beneficiario de tal inhibición ha sido el antiguo monopolio, coincidiendo, curiosamente, con la aventura mediática emprendida en tiempos de Villalonga.

La sorpresa no sólo se queda en las cifras. Con ser éstas muy importantes, el objetivo es disponer de una avanzada red de servicios de telecomunicaciones para la Administración, tal como hemos creado en Andalucía, porque es imprescindible para afrontar los retos de la sociedad de la información. Y, por tanto, llama extraordinariamente la atención que sea el Ministerio de Economía el impulsor de este proyecto, cuando debería serlo el de Ciencia y Tecnología, al que corresponde ser el abanderado de las nuevas tecnologías. ¿Qué credibilidad puede tener un proyecto ampliamente anunciado, como el Plan Info XXI, cuando ni siquiera se han hecho los mínimos deberes en su propia casa, en la Administración?

Este Gobierno, con gran despliegue publicitario, presume de ser pionero en promulgar normas relativas a la competencia y al impulso tecnológico, y a la vez incumple los plazos sistemáticamente. Baste recordar lo ocurrido con el desarrollo de la tercera generación de móviles (UMTS), de la televisión digital terrenal o de la radio digital. Podría aducirse en los casos citados que han surgido dificultades tecnológicas ajenas a la voluntad del Gobierno, aunque ya existían suficientes incertidumbres como para precipitarse en su regulación. Sin embargo, en el caso del monopolio telefónico, sólo cabe achacarlo a una interesada falta de voluntad o a una manifiesta incompetencia.

José Carlos Alarcón Arévalo es ingeniero de telecomunicaciones. Secretario general para la Sociedad de la Información de la Consejería de Presidencia de la Junta de Andalucía.