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Expulsados e indefensos

La nueva Ley de Extranjería ampara la deportación de los inmigrantes sin apenas control judicial

Algunos inmigrantes están padeciendo situaciones de indefensión, que se producen incluso por la dificultad de expresarse en su propio idioma. Es lo que le pasó al ciudadano búlgaro Nikolái Mitkov Marinov, detenido en la tarde del 10 de mayo por 'posible infracción de la Ley de Extranjería'. Al pasar a disposición judicial, el Juzgado de Instrucción número 5 de Barcelona decretó su ingreso en el Centro de Internamiento de Extranjeros de La Verneda por 40 días, el tiempo máximo que permite la ley.

Durante 25 días, todas las tardes, a eso de las seis, Nikolái subía por unas estrechas escaleras desde el sótano a la planta baja. En esta diminuta sala de paredes desnudas, la persiana echada no deja pasar ni un rayo de luz. En esta salita no puede haber contacto físico y los policías que la custodian se encargan de ello. Nikolái charla despacio, reconoce que su castellano se ha ido acortando durante estos días. Más fluido que el ruso, alcanza a explicar que nunca ha estado ni vivido en Rusia, y que casi ha olvidado esa lengua, que sin embargo tuvo que emplear en su comparecencia ante la juez. 'Yo no sabía nada, no entendía nada', se lamenta.

A Nikolái Mitkov le pusieron un traductor de ruso, aunque es búlgaro

Esta confusión eslava se refleja en las diligencias que dieron lugar a su internamiento. Al repasar su caso, los detalles son reveladores. Ante la policía declaró que no quería intérprete y que deseaba declarar voluntariamente en castellano. Ante la juez, sin embargo, solicitó un intérprete y dijo que aceptaba uno de ruso. No había intérpretes de búlgaro. También entonces declaró que no quería que se le comunicara su situación a su 'amiga Mari', aun admitiendo que es ella quien sufraga sus gastos en España, según recoge el acta de declaración. No declaró que vivía con ella, con domicilio fijo, desde hace cinco meses, lo que habría sido decisivo para evitar el internamiento. Pero 'por miedo a implicarme, por no saber', asegura Mari, 'ocultó todo eso'. Niko dijo que vivía temporalmente en casa de unos amigos, lo que decidió a la juez a dictar el internamiento por entender que 'el extranjero no da garantías de disponibilidad' para hacer efectiva la expulsión. El abogado nunca se planteó siquiera la posibilidad de que su defendido no dominara el idioma, porque según él, que no sabe ruso, 'los búlgaros hablan ruso, por razones históricas, como aquí podemos hablar el castellano y el catalán'. Al cuarto día de internamiento, Nikolái Mitkov solicitó cambiar de abogado.

Le tocó entonces el turno de oficio al abogado Antonio Badía, quien presentó un recurso contra el internamiento que ataca ese esquema propio de los tiempos de la guerra fría que comparten tanto la policía y el juzgado como el anterior abogado de Nikolay, según el cual todos los ex comunistas del Este hablan ruso. A juicio de Antonio Badía, 'las contradicciones y los silencios de su defendido no son sino reveladores de su incomprensión sobre el sentido de lo que se le preguntaba'.

El abogado presentó también la declaración jurada ante notario de María Antonia Morales, Mari, que certifica que ella y Nikolay conviven en domicilio fijo desde hace más de cinco meses, y adjuntaba contrato de alquiler en vigor desde 1998. El interno tiene solicitado el empadronamiento y registrado el trámite en el CITE (Centro de Información para Trabajadores Extranjeros) el 1 de agosto de 2000, pero tanto el empadronamiento como la intención de regularizarse no pueden seguir adelante porque la policía tiene retenido su pasaporte. Badía considera que esto es una evidencia más de 'la indefensión que origina el internamiento'.

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La juez María Asunción González desestimó el recurso y la documentación aportada. En la resolución judicial no consta ninguna investigación a raíz de la declaración ante notario de arraigo y convivencia por parte de María Antonia, aunque tampoco le da crédito. La Audiencia de Barcelona ha desestimado el recurso porque no cree que la confusión de Nikolay tenga nada que ver con el hecho de haber declarado en dos lenguas que no son la suya. Finalmente, la misma juez que decretó su internamiento lo ha revocado. Pero en cualquier momento Nikolái puede ser detenido nuevamente por la policía e internado en La Verneda.

No es el único caso que la juez despacha así. El mismo día se dictó otro auto de internamiento contra Tadeusz Wladyslaw, 'toda vez que no consta su verdadera identidad', señala el auto. El extranjero, que visitaba a un amigo en Barcelona, declaró llamarse Strejar Eugen, que tenía nacionalidad rumana y había contratado un piso de alquiler en Madrid desde hacía un año, donde vivía con su esposa e hijos.

Badía presentó un recurso defendiendo que no se puede internar a nadie por un expediente que no le corresponde. Además, documentó la identidad de Eugen, con la fotocopia de una solicitud de permiso de trabajo y residencia en Madrid desde el 7 de septiembre de 2000, para trabajar como vendedor de prensa social. No sirvió de nada. La resolución del recurso, dictada por la juez, decía que 'a Tadeusz Wladyslaw Wozniak le constan varias detenciones (...) y no da garantías de disponibilidad (...) ya que no consta su verdadera identidad, y en cuanto a las alegaciones y documentación presentadas por su representación letrada, no acredita que Tadeusz Wladyslaw Wozniak posea permiso de trabajo y residencia en España, por lo que procede la confirmación del auto'.

Un impreso para todos

La Constitución erradicó la detención administrativa para que no se pudiera privar a nadie de libertad sin un juicio. En 1987, el Defensor del Pueblo presentó un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Extranjería 7/85 por entender que el internamiento de los extranjeros caía en este vicio. El Tribunal Constitucional desestimó el recurso, pero exigió que el internamiento estuviera motivado judicialmente. El juez debía estudiar cada caso.

En la situación actual, la intervención del juez sigue siendo testimonial. Según un informe realizado por el Colegio de Abogados de Madrid, los autos se dictan de manera predefinida, sin motivación alguna y sin atender a las circunstancias del caso. El juez Josep Niubó los dictó durante ocho años en el Juzgado de Instrucción número 9 de Barcelona: 'Es un puro impreso, un modelo idéntico para todos', comenta. 'Al principio dictaba una resolución para cada caso, pero un día me di cuenta de que una amiga tiraba de impreso, y entonces pasé a hacerlos todos por impreso'. Roberto Sánchez, del Colegio de Abogados de Barcelona, afirma: 'Hay que reconocer que la ley no deja margen para que al juez recoja la información necesaria'.

La expulsión, explica Niubó, 'es plenamente administrativa en el 99% de los casos y está en función de los intereses del Gobierno, que en un determinado momento decide que conviene expulsar, o se centra en un colectivo determinado porque haya habido una polémica con algunos que moleste especialmente'. Este es el caso ahora de los europeos del Este, que suponen el 41% de los expulsados este año porque, según un portavoz de la Delegación del Gobierno, 'hay un rebrote en Barcelona de la delincuencia de esos países'.

En el año 2000 fueron expulsados desde La Verneda, 62 inmigrantes, todos con causas penales pendientes y previa autorización del juez para conmutar la condena por la expulsión. La Ley de Extranjería anterior a la reforma no permitía la expulsión por falta de documentación. La nueva, sí. Hasta hace un mes se había expulsado a 28 personas, ahora ya son 75 en lo que va de año, la mayoría de origen marroquí, búlgaro, rumano y peruano; todos fueron expulsados, informa la Delegación del Gobierno.

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