La descoordinación de 250 asociaciones
El Defensor del Menor cree que el trabajo de las entidades públicas y privadas (ONG) que operan en las zonas de marginalidad infantil de la región es más que mejorable. A estas asociaciones dedica Urra en su informe anual unas duras palabras: '250 entidades públicas y privadas intervienen en las poblaciones marginales sin coordinación', lo que repercute negativamente en sus resultados.
Javier Urra reclama que el IRIS (Instituto de Realojamiento e Integración Social), organismo dependiente de la Consejería de Obras Públicas, 'establezca un modelo de intervención común y estrategia compartida' con todas las organizaciones que intervienen en las zonas más deprimidas.La memoria anual recuerda que 2.600 niños y jóvenes madrileños viven en familias con 'problemas con la justicia' o con miembros que han caído directamente en la drogadicción. Urra asegura que 5.600 menores no están escolarizados y que otros 3.700, entre 15 y 18 años, son analfabetos [ver EL PAÍS del 7 de mayo]. En un informe encargado por él se apunta que 160.000 niños viven 'en la pobreza' (en familias con ingresos inferiores a 50.000 pesetas mensuales per cápita).
El Defensor del Menor exige, entre otras medidas, que el Gobierno cree la figura del 'mediador gitano' para facilitar la integración de los niños más desfavorecidos de este colectivo.
