El sector privado acapara la educación de cero a tres años por falta de centros públicos

Cuando se pregunta en las consejerías de Educación de las distintas comunidades cómo va la escolarización de los niños más pequeños (de cero a tres años), la primera respuesta siempre es la misma: 'Esa etapa no es obligatoria'. No lo es. La Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE) sólo obliga a permanecer en los colegios desde los seis hasta los 16 años, pero también pasa a considerar etapa educativa la que va de los cero a los seis años de edad (que convierte en el primer ciclo de la educación infantil). Los requisitos mínimos que deben cumplir los centros en los que se impartan enseñanzas de este nivel y el personal que atiende a estos niños aparecen recogidos en un real decreto de 1991.

El objetivo era regular la situación de escaso control en la que se amparaban los centros (denominados guarderías y jardines de infancia) que atendían a estos niños hasta la aprobación de esta ley. Pero como se dio de plazo hasta el curso 2002-2003 para que las guarderías se reconviertan en centros de educación infantil, actualmente siguen existiendo muchas escuelas que aún no cumplen los requisitos de la nueva ley: ni en cuanto a la asistencia que se da a los niños ni en cuanto a las instalaciones y su control por parte de la Administración.

En España hay alrededor de 960.000 niños de entre cero y dos años y 1,15 millones de entre tres y cinco. La escolarización de los de cuatro y cinco años, a pesar de no ser obligatoria, casi todas las administraciones públicas ya la han completado al 100% y la demanda de los padres que quieren escolarizar a sus hijos de tres años está casi satisfecha: muchas comunidades la han culminado y otras se mueven entre el 80% y el 90%.

Pero ¿qué pasa con los más pequeños, los de cero a dos años cumplidos? Es en este primer ciclo de la educación infantil donde se descubre el 'abandono casi absoluto' de la Administración pública por esta etapa, critican los sindicatos. Hasta el punto de que casi todos los niños están en centros privados de pago (guarderías) y muy pocos obtienen una plaza en centros públicos, regionales o locales. En la mayoría de los casos, porque no las hay.

En algunas comunidades, como Navarra, el sector público empieza a escolarizar a estos niños. En otras, las más numerosas, todavía se oyen los ecos del esfuerzo económico realizado para llevar a las aulas a los de tres años en adelante y desvían el problema de los más pequeños hacia las consejerías de Asuntos Sociales, Bienestar Social o Familia. Pero, según advierte el secretario general de la Federación de Enseñanza de UGT, Jesús Ramón Copa, 'no se trata de un asunto de asistencia social, sino educativo. Hay que considerarlo una prioridad y hacer inversiones para ello'. El retraso de esas guarderías privadas para adaptar sus infraestructuras y personal a la nueva ley se une a la falta de iniciativas en el sector público para emprender la escolarización en este nivel. Esta etapa educativa es muy cara, porque los más pequeños tienen necesidades mayores: más profesores para menos niños, cuidadores e instalaciones especiales.

La Asociación de Centros Autónomos de Enseñanza Privada (Acade) calcula que en España hay alrededor de 4.000 guarderías o escuelas infantiles y que más de la mitad no podrán adaptarse a los requisitos que impone la LOGSE. Sobre todo en infraestructuras (como el espacio mínimo por aula y los patios de recreo). La Acade calcula que la desaparición de la mitad de las guarderías podría dejar en sus casas a más de 100.000 niños, que pasarían de nuevo al cuidado de familiares, lo que quebraría el espíritu educativo que la LOGSE da a esta etapa.

Pero detrás de la escolarización de cero a seis años late además un derecho social que recuerdan sus defensores: la incorporación de la mujer al mercado de trabajo. Por esta razón, aseguran, ha aumentado la demanda de plazas para escolarizar a estos niños y la falta de aulas es a menudo un freno para la entrada de las mujeres en el mundo laboral.