La juez imputa a Eduardo Bueno por la trama de Hacienda en Barcelona
El empresario, que milita en el PP, está acusado de conciliar actas
Las pérdidas de la compañía enjugaron los beneficios obtenidos en los ejercicios de 1987 y 1989. Hasta 1998, las pérdidas acumuladas ascendían a 4.341 millones de pesetas, que sumadas a las del ejercicio (2.261 millones de pesetas) presentaba a Ibusa como una sociedad que disponía de 6.603 millones de pérdidas enjugables. La inspección de Hacienda le reconoció 4.653 millones de pérdidas, según la querella presentada por la Fiscalía Anticorrupción. También está imputado Ricardo Valera, asesor fiscal de Ibusa.
La auditoría interna realizada por Hacienda hace constar que el inspector Antonio Rodríguez Carnicero informó que había recibido instrucciones del inspector jefe en Cataluña, Josep Maria Huguet, para que dejase la inspección de Ibusa y 'trasladara los expedientes al actuario Manuel Abella', hoy imputado en la causa de los inspectores acusados de cohecho, prevaricación y otros seis delitos. Abella compró dos pisos a la inmobiliaria Núnez y Navarro, al que inspeccionaba.
A partir de esa fecha, Ibusa y su grupo de empresas fue inspeccionada por Abella y José Lucas Carrasco, también imputado, a pesar de que ambos tenían su ámbito de competencias en el sector textil.
Pérdidas reconocidas
Manuel Abella y su superior Roger Bergua [este último compró un piso a Núñez y Navarro también está imputado] hicieron inspecciones en 16 empresas del grupo Ibusa. En una de ellas, Promociones Bilmo, se constató que no hubo deudas a ingresar al Tesoro público, sino a devolver, por importe de 20,8 millones, con unas pérdidas reconocidas de 957,4 millones. Hacienda considera en un informe que 'regularizar 16 empresas en sólo 60 días es materialmente imposible, salvo que se esté actuando por motivos espúreos'. 'De forma indiciaria' -añade el citado informe- 'existió un concierto entre los actuarios Manuel Abella y Roger Bergua y el asesor de las empresas en el sentido de pactar el momento óptimo para la inspección y el sentido de las actas a regularizar', afirma la querella de la Fiscalía Anticorrupción.
