Dos dirigentes del comercio irán a juicio por delito fiscal
El fiscal solicita cuatro años para Miguel Ángel Fraile y Pere Llorens
La Audiencia de Barcelona juzgará el 25 de junio por supuesto delito fiscal al presidente y al secretario general de la Confederación del Comercio de Cataluña, Pere Llorens y Miguel Ángel Fraile.
El fiscal solicita para cada uno de los acusados cuatro años de cárcel, la máxima pena prevista en el vigente Código Penal, que les resulta más beneficioso que el derogado. También se reclama que los cinco acusados indemnicen al erario público con los 56 millones de pesetas supuestamente defraudados, más intereses. Los otros tres acusados son: Javier Coll Olalla, secretario del gremio textil cuando ocurrieron los hechos; Miguel Ángel Devesa Vilalta, secretario del gremio de comercio de electrodomésticos, y el consultor de empresas José Ramón Santolalla Arbonés.
El presidente de la Sección Novena de la Audiencia de Barcelona, Gerard Thomàs, ha señalado cinco días de juicio en sesiones de mañana y tarde. Es ésta una decisión poco habitual, y más si se tiene en cuenta que en la vista están citados a declarar 171 testigos, de los que sólo 30 han sido propuestos por el fiscal, y los otros 141 a instancias del abogado Francesc Jufresa, defensor de Llorens y Fraile.
El escrito de acusación del fiscal afirma que Llorens y Fraile, junto al resto de acusados, crearon tres sociedades con el único fin de canalizar las subvenciones que pudieran obtener del Departamento de Comercio de la Generalitat: SINAC, encargada de informatizar los gremios; GATEC SA, sociedad de servicios para el asesoramiento de esas entidades, y GATEC, con la misma finalidad. Todos los acusados, excepto Llorens, pertenecían a los órganos de dirección de esas sociedades.
Según el relato de la fiscalía, Llorens y Fraile solicitaron ayudas a la Generalitat para poder informatizar los gremios, impartir cursillos de formación y destinar el dinero a un nuevo local para SINAC. La persona que concedió esas ayudas fue el director general del Departamento de Comercio, Enric Grass, ya fallecido, quien era responsable del control de las subvenciones.
Para lograr esas ayudas económicas, dice el fiscal, se falsearon las condiciones requeridas por la Administración autonómica y se presentaron facturas proforma en nombre de los gremios para avalar la compra de material informático que nunca se produjo. En otros casos las facturas se referían a dietas por cursos de formación que nunca se impartieron, y tampoco se adquirieron nuevos inmuebles. Para justificar el cobro del dinero público, siempre de acuerdo con la versión de la fiscalía, los acusados también presentaron listas de gremios que debían beneficiarse de un dinero que acabó en otras entidades que no figuraban entre las solicitantes. El gremio de drogueros fue uno de esos perjudicados y el que acudió a los tribunales para denunciar el caso.
Frente a la versión de la fiscalía, la defensa de Llorens y Fraile considera que no se produjo ninguna desviación sobre el destino final de las subvenciones y que cumplieron los fines para los que se concedieron. El abogado Francesc Jufresa admitió, sin embargo, que pudieron producirse 'divergencias puntuales' entre el uso previsto y su aplicación concreta, pero atribuyó esa situación al tiempo que tarda en concederse la subvención.
Un caso muy antiguo
El caso se empezó a investigar en 1993 y llega a juicio ocho años después y tras múltiples incidencias en su tramitación. La titular del Juzgado de Instrucción número 28 de Barcelona en aquella época lo archivó, pero cambió de destino y la nueva juez, Remei Bona, estimó un recurso y lo reabrió. La causa está calificada por el fiscal desde hace más de tres años, pero hasta ahora no se ha podido celebrar el juicio porque el tribunal de la Sección Novena de la Audiencia de Barcelona ha tenido dos plazas vacantes de forma provisional durante casi todo este tiempo.
