Aznar recurre sólo parte de un impuesto fijado por Bono para no censurar un tributo que aplica Fraga

El Consejo de Ministros acordó el pasado día 23 solicitar al presidente del Gobierno que interponga recurso de inconstitucionalidad contra la ley del Parlamento de Cataluña que crea el impuesto sobre grandes establecimientos comerciales, conocido como el impuesto sobre los híper, y contra 'determinados preceptos' de la ley de las Cortes de Castilla-La Mancha que crea un impuesto 'sobre actividades que inciden en el medio ambiente'.

La clave para que un tributo sea inconstitucional es que grave un 'hecho imponible' que ya está sometido a un impuesto de carácter estatal, ya que se trata de evitar la doble imposición. El hecho imponible del impuesto castellano-manchego es 'la contaminación y los riesgos en el medio ambiente' ocasionados por actividades cuyas instalaciones emiten a la atmósfera dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno o cualquier otro compuesto de oxigenado de azufre o nitrógeno, por encima de las mil toneladas anuales; por producción termonuclear de energía eléctrica, y por almacenamiento de residuos radioactivos.

El impuesto existente en Galicia define su 'hecho imponible' como la 'emisión a la atmósfera' de dióxido de azufre o cualquier otro compuesto oxigenado del azufre, y de dióxido de nitrógeno o cualquier otro compuesto oxigenado de nitrógeno. En ambos caso, por encima de las mil toneladas anuales. Y presume que el 'hecho imponible existe' mientras que las empresas contaminantes no cesen en su actividad y lo comuniquen a la Xunta. Esa ley gallega, de 29 de diciembre de 1995, fue recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia de Galicia por empresas eléctricas, pues las termoeléctricas que funcionan con fuel o carbón son los principales sujetos pasivos de este impuesto. Perdieron tanto el recurso como el amparo que solicitaron después.Desde 1996, ese impuesto recauda una media anual de 2.300 millones de pesetas.

Residuos radiactivos

El Consejo de Ministros del pasado día 23, 'tras deliberar sobre el asunto', decidió solicitar al presidente que recurra varios apartados de la ley de Castilla-La Mancha al presumir que es constitucional gravar las actividades que emiten gases contaminantes pero inconstitucional hacerlo con aquellas que generan residuos radiactivos.

La Consejería de Economía de Castilla-La Mancha no había recibido en la tarde del pasado viernes notificación del Gobierno sobre los apartados que va a recurrir ante el Constitucional. Pero la responsable de ese área, María Luisa Araújo, 'intuía que serán aquellos apartados que son diferentes a la ley gallega'. El Ejecutivo argumentó, al anunciar el recurso, que éste recae sobre una materia ya gravada por el Impuesto de Actividades Económicas (IAE). 'Las actividades económicas están gravadas por el IAE', replica Araújo, 'pero nuestro impuesto no grava la actividad económica sino la contaminación; por eso la base no es la misma que la del IAE'. En todo caso, añade, 'tan inconstitucional será gravar las actividades que emiten gases contaminantes como las que producen residuos radiactivos, con la diferencia de que en Galicia no hay centrales nucleares'.

En la dirección del PSOE abundan en este argumento: 'Aznar sólo recurre allí donde no gobierna el PP, y justo cuando empieza a hablarse de financiación autonómica y cuando se les ha llenado la boca pidiéndo corresponsabilidad fiscal'. Desde la Ejecutiva Federal socialista tachan de 'intolerable la utilización partidista de los recursos de inconstitucionalidad y la determinación del Gobierno de cercenar cualquier iniciativa a favor de la corresponsabilidad fiscal de las autonomías gobernadas por adversarios políticos'.

El Gobierno y el PP defienden en sus discursos tanto la corresponsabilidad fiscal como la capacidad de las autonomías de poner en marcha nuevos tributos, siempre que no se caiga en la doble imposición. Así, por ejemplo, el PP votó a favor en el Parlamento de Cataluña de la ley que creaba el impuesto sobre los híper. De hecho, ese tributo fue respaldado por unanimidad. El Ejecutivo catalán, a través de su consejero de Economía, Francesc Homs, destacó este detalle y advirtió de que el recurso de inconstitucionalidad será mal visto por los comerciantes catalanes. El presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, lo tildó de 'absurdo, arbitrario e incoherente'. Pujol calificó de 'desbarajuste' la posición del Gobierno sobre corresponsabilidad fiscal: 'Nos dicen que como tenemos capacidad para modificar impuestos, lo hagamos con valentía. Cuando lo hacemos nos recurren'.

El ministro portavoz del Gobierno, Pío Cabanillas, sostuvo el pasado día 23 que el impuesto sobre los híper 'vulnera el régimen constitucional de distribución de competencias'; que causa doble imposición, porque los híper soportan el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) y el Impuesto de Actividades Económicas, y que daña a los consumidores y a la inflación, por los que debe velar el Gobierno, dijo.