Universidad: primero evaluar; luego, aumentar la financiación
La publicación del informe Bricall y los cambios ministeriales realizados en Educación e Investigación propiciaron en su día la solicitud al Gobierno, por parte de los rectores y los sindicatos, de un aumento de financiación para la Universidad. Creo que esta demanda resultó, cuando menos, apresurada. Existe un acuerdo bastante general sobre la necesidad de cambiar el modelo actual de Universidad que consagró la LRU. Las discrepancias están en la profundidad de los cambios, pero, cualesquiera que sean éstos, un debate sobre el nuevo modelo de Universidad debería ser previo a cualquier decisión sobre el destino del necesario aumento de financiación.
La Universidad debería concebirse como una empresa pública cuyo objetivo social fuera la creación y transmisión del conocimiento al mas alto nivel. Sin embargo, estamos lejos de este modelo. En esta empresa, sus dirigentes son trabajadores de la misma que se ganan un sobresueldo por tener contentos a la mayoría de sus compañeros. El cese se produce cuando los trabajadores deciden que otro puede servirles mejor. Las auditorías se limitan a autoevaluaciones y evaluaciones externas que llevan a cabo colegas de otras sucursales de la empresa, pero es lo cierto que nadie sabe con precisión si hay 'beneficios', y lo que es peor, nadie los exige.
No se conoce caso alguno en que una autoridad académica haya dimitido como consecuencia del bajo rendimiento de una universidad.
Gran parte de los trabajadores de esta empresa, autónoma y de capital público, son contratados de por vida tras una farsa-oposición en la que tanto el aspirante como dos de los cinco jueces deben contar con el beneplácito del director del departamento, cargo al que se accede a través del mismo sistema de elección y cese antes aludido. El mérito más valorado del candidado es, sin duda, su fidelidad al director. No es, pues, raro que sindicatos y autoridades académicas soliciten un aumento de financiación para 'estabilizar' en su puesto de trabajo a nuevos sumisos votantes que perpetúen el sistema, dejando fuera a los disidentes que han elegido la dura vía de la formación en las mejores universidades extranjeras. ¿Qué se puede esperar de una empresa pública de estas características? ¿El Estado va a seguir invirtiendo en ella sin control?
Para cambiar el rumbo actual de la Universidad se hace necesario que el Parlamento lleve a cabo una profunda modificación de la LRU, y los ministerios correspondientes, una evaluación del profesorado por parte de un comité formado mayoritariamente por expertos extranjeros que asigne a cada profesor un nivel en función de su currículum docente e investigador (en http://www.scc.um.es/gi/gqo/uni2000.5.htm puede encontrarse una propuesta concreta). Tal evaluación debería también servir: 1. Para establecer, junto con otros criterios, el nivel de los departamentos, facultades y universidades. 2. Para que los profesores de mayor nivel diseñen los objetivos a cumplir por cada universidad, formen los tribunales de los concursos de acceso al profesorado y para que el ministerio tenga interlocutores cualificados. 3. Para establecer aumentos salariales para cada profesor en función de su nivel, así como el de su departamento, facultad y universidad. 4. Para hacer compatible la autonomía universitaria con la lucha contra la endogamia en la selección del profesorado. Habría interés por seleccionar al que contribuyera mejor a elevar el nivel del departamento, facultad y universidad propias. 5. Para que las autoridades académicas y el profesorado tuvieran un objetivo claro y cuantificable: elevar el nivel de calidad de la universidad. 6. Para que exista competencia entre universidades y facultades, de modo que los alumnos dispongan de criterios para elegir dónde cursar sus estudios, y las empresas, a qué universidades dirigirse para establecer contratos de investigación y para seleccionar a sus licenciados y doctores y, finalmente, 7. Para que las universidades, facultades y grupos de investigación de mayor nivel reciban un apoyo financiero extra.
Los actuales dirigentes hacen propuestas bien distintas (en http://www.scc.um.es/gi/gqo/uni2000.htm pueden encontrarse algunos comentarios al informe Bricall). Sugieren, por ejemplo, la creación de una Agencia de Acreditación cuyos miembros serían nombrados por los dirigentes universitarios y por las autoridades autonómicas. Resultaría así que los responsables del buen o mal funcionamiento de las universidades podrían controlar, en alguna medida, el nombramiento de los evaluadores de la universidad. A los redactores del informe les parece bien el actual sistema de elección que les ha permitido llegar a donde están, aunque les gustaría que después de elegirlos los electores no molestaran demasiado.
Finalmente, les gustaría que la universidad fuera un centro de enseñanza superior en el que la investigación fuera una tarea residual exclusiva de unos pocos.
En conclusión, cualquiera que sea el método elegido para cambiar la actual Universidad, ésta debería estar al servicio de la sociedad y no al de sus empleados, cumpliendo con su misión docente e investigadora al más alto nivel. Para que se logre este objetivo se requiere, como en cualquier empresa bien gestionada, que los puestos directivos y los consejos de dirección los ocupen los más capacitados y que se controle la calidad del servicio.
José Vicente Soler es catedrático de Química Inorgánica en la Universidad de Murcia.
