Argentina se prepara para vivir una semana de huelgas contra la política económica ultraliberal
El presidente De la Rúa trata de recomponer su Gobierno tras dimitir la mitad de su equipo por las radicales medidas económicas del nuevo ministro, López Murphy
El país estaba ayer tranquilo, pero se trata sólo de una tregua de fin de semana; Buenos Aires respira una calma extraña, previa al estallido social que se prevé en los próximos días. Los dirigentes sindicales compiten entre sí para ver quién va a responder con mayor dureza al plan económico del Gobierno; los estudiantes anuncian la toma de las facultades en la Universidad de Buenos Aires y en las principales capitales de provincias; los maestros votaron ir a la huelga el martes y el miércoles; los dos sectores de la Confederación General del Trabajo (CGT) estudian unirse a la convocatoria del paro general de dos días y proyectan marchas de trabajadores hacia la plaza de Mayo, a la que se uniría el Congreso de los Trabajadores Argentinos (CTA).
El martes es el día D. En él se desplazarán hacia el centro de la ciudad las columnas de parados del gran Buenos Aires y la semana se cierra con los actos recordatorios por el 25º aniversario del golpe de Estado de 1976. El viernes, por la noche, en un campo de fútbol del barrio céntrico de Caballito, habrá un gran concierto con artistas como Joan Manuel Serrat y Pablo Milanés. Las 40.000 localidades están agotadas y se anuncian además actos multitudinarios de repudio a los militares y a la doctrina económica ultraliberal asociada con ellos desde que José Alfredo Martínez de Hoz ocupara el Ministerio de Economía de la dictadura.
Concierto contra el pasado
La coincidencia de fechas y personajes en el tiempo no parece casual. El actual secretario designado para iniciar la reforma del Estado por el actual equipo económico, Manuel Solanet, era el secretario de Hacienda (virtual viceministro) cuando el general Leopoldo Galtieri sucedió a los generales Videla y Viola al frente de la dictadura. Otros funcionarios, entonces más jóvenes, reaparecen ahora en cargos más altos.
Argentina se prepara para vivir bajo las leyes del nuevo ministro de Economía, Ricardo López Murphy. El paquete de medidas económicas anunciado el viernes por la noche, con las que el nuevo ministro se propone reducir en 2.000 millones de dólares los gastos de la Administración pública, son el origen de esta crisis política y social. La respuesta inmediata fue la dimisión de la mitad el equipo de Gobierno. El presidente Fernando de la Rúa debe ahora recomponer en tiempo récord el Gobierno de coalición, al que han renunciado todos los ministros, secretarios y funcionarios que pertenecían al Frepaso, una de las dos fuerzas que integran la Alianza en el poder y también el ala progresista de la Unión Cívica Radical, liderada por Raúl Alfonsín. De la Rúa se propone alcanzar un acuerdo con los sectores menemistas del peronismo y al partido Acción por la República del ex superministro Domingo Cavallo.
El nuevo viceministro de Hacienda, Daniel Artana, uno de los talibán liberales del nuevo equipo económico, como se los llama en los pasillos de la Casa Rosada, admitía ayer que 'si el Congreso no aprueba las leyes, ni este plan ni ningún otro sería viable'. El ministro Murphy había advertido al presidente De la Rúa sobre las reacciones que provocarían las medidas y reclamó el compromiso de un blindaje político para el plan.
La incorporación de Cavallo en el Gabinete o en la presidencia del Banco Central completaría la nueva fórmula de un pacto basado en los sectores delarruistas más conservadores de la Unión Cívica, con un toque de la minoría de partidarios del ex presidente Carlos Menem dentro del peronismo.
El pacto de gobernabilidad que De la Rúa ofreció a los gobernadores peronistas, entre ellos a los tres que administran Córdoba, Buenos Aires y Santa Fe, las provincias más importantes del país, fue rechazado. Carlos Ruckauf, gobernador de Buenos Aires y primer candidato lanzado para las elecciones generales de 2003, dijo: 'Ya no tiene sentido' reunirse con el presidente. Los caudillos provinciales estiman que las medidas económicas que afectan a sus administraciones van a provocar una 'sucesión de estallidos sociales'.
