Los rectores defienden la 'autonomía' frente a la tesis del PP de que 'quien paga manda'
La ya famosa frase del presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, 'quien paga, manda', en referencia al papel de las universidades sirvió de espoleta a los consejeros y rectores del ámbito catalán para defender 'la autonomía universitaria' y un modelo de gestión 'transparente' frente a controles políticos en las últimas jornadas que presidió el rector Fernando Romero, que deja el cargo. Los rectores instaron a los secretarios de Estado y autonómico del PP a alcanzar las cotas europeas de financiación para hacer una universidad competitiva.
El debate organizado en el marco de la presidencia de la Universidad Jaume I de Castellón con el título La Universidad en el Estado de las Autonomías abordó a fondo la redistribución de competencias universitarias, tanto en materia de formación como de investigación, cuando se cumplen 17 años de la aprobación de la Ley de Reforma Universitaria (LRU). Entre las diferentes visiones que se plantearon a lo largo de todo el día, la conclusión más tangible por parte de los rectores y catedráticos de las 16 universidades del ámbito catalán integradas al Institut Joan Lluis Vives es que la autonomía universitaria en España todavía no se ha aplicado en profundidad en temas como la falta de capacidad para decidir la contratación del profesorado, la imposición de los planes de estudio por parte del Gobierno central, a través de un cuestionado Consejo de Universidades, y, sobre todo, en el capítulo de la financiación. La autonomía no puede desligarse de la financiación, resumió, Francisco Michavila, ex secretario de Estado y director de la cátedra Unesco de la Politécnica de Madrid, que subrayó que 'sin una verdadera autosuficiencia financiera, no se puede hablar de autonomía universitaria', cuando España está 'muy por debajo de los países europeos'.
Cerraron filas en este tema los rectores de la Universitat de Catalunya, Antoni Caparrós; Enric Agullol, de la Pompeu Fabra; Llorenç Huguet, de les Illes Balears; Jaume Pagés, de la Universidad Politécnica de Catalunya; y el ex secretario de Estado de Universidades, Fernando Tejerina, catedrático de la Politécnica de Madrid, que dimitió al no aceptar la ex ministra Esperanza Aguirre las reformas a la Ley de Reforma Universitaria (LRU), que había consensuado con los rectores de la CRUE. Michavila y Carles Sola, rector de la Universidad de Barcelona, que acudió a última hora en sustitución del presidente de la CRUE, Saturnino de la Plaza, hizo especial hincapié en que el caso valenciano, en referencia a la segregación de la Facultad de Medicina para crear la de Elche [decretada por el Gobierno Zaplana en 1996], es uno de los ejemplos más tangibles del control político. Aunque Michavila subrayó que, si bien los tribunales pueden darle la razón a corto plazo, a medio plazo la historia se la rebatirá. Estas posiciones fueron respaldadas por los consejeros de Universidades de Baleares, Damià Pons, del PSOE, y de Catalunya, Andreu Mas Corell, de CiU.
Sin embargo, si bien no fueron rebatidas por los consejeros del PP, sí fue matizada tanto por los directores generales del ramo, nombrados por el PP, Salvador Forner, de la Comunidad Valenciana, que abogó por una 'rendición de cuentas a la sociedad' como por parte del secretario de Estado del Ministerio de Ciencia, Ramón Marimón. Marimón, que participó después en el debate sobre política científica anunció la publicación en el BOE hoy de la convocatoria de ayudas a proyectos científicos, especialmente del área de alimentación, para fomentar la investigación de la enfermedad de las vacas locas.
