28 empleados de una residencia de Empleo cobran 200.000 pesetas al mes sin hacer nada

La Consejería de Empleo anunció en mayo de 1997 la cesión de la 'explotación de la gestión de las residencias de tiempo libre de Sant Joan [en Alicante] y El Pinar [en Castellón] mediante concesión y sin sujeción a canon alguno'. Las dos residencias fueron adjudicadas por procedimiento negociado y por vía de urgencia a las sociedades Naturcatering y Valhotel.

La Federación de Servicios Públicos (FSP) de UGT interpuso un recurso contra el anuncio y el acto de adjudicación sin la exigencia de ninguna contraprestación económica para la Generalitat, que se comprometía a pagar la factura de agua y luz durante dos meses hasta un máximo de tres millones de pesetas.

La FSP-UGT recuerda en el recurso que la dirección general de Trabajo se comprometió con los sindicatos a garantizar el puesto de trabajo a los empleados de ambas residencias. Según el acuerdo, los empleados con plaza de funcionario podrían elegir nuevo destino mientras que el personal laboral debería ser contratado con carácter fijo por los adjudicatarios en las condiciones previstas por el convenio de hostelería.

La residencia de Sant Joan, en la localidad de San Juan, en Alicante, tenía una plantilla de 33 trabajadores. Según la FSP-UGT, desde que Valhotel asumió la gestión, la Generalitat paga los salarios de cinco de ellos mientras que 'los 28 restantes están siendo retribuidos por la Generalitat sin efectuar tarea alguna y sin destino laboral'. Los salarios rondan una media de 200.000 pesetas al mes 'que dan un monto total de 5,6 millones al mes que se están desperdiciando o beneficiando de forma no ajustada a derecho al adjudicatario con cargo a los presupuestos públicos'. En la residencia de El Pinar, en Castellón, la plantilla era de 22 trabajadores y permanecen cuatro empleados al servicio de Naturcatering retribuidos por la Generalitat.

La sentencia establece que 'las bases del concurso chocan frontalmente con el acuerdo Generalitat/ Sindicatos'. También considera que la Consejería de Empleo no justifica la necesidad de privatizar la gestión de las residencias: 'Sólo existe una muy parca explicación que se limita a decir que se saca a concurso porque las residencias están cerradas', reza la sentencia. Y sigue: 'En modo alguno se justifica el hecho de no cobrar canon, sufragar los gastos de luz y agua, o el hecho de asumir los trabajadores o trasvase de los mismos'.