'No hay una reacción social al drama que viven los inmigrantes'

Javier de Lucas (Murcia, 1952) es catedrático de Filosofía del Derecho y Filosofía Política en la Universidad de Valencia y director del informe sobre Medidas jurídicas contra el racismo y la xenofobia, correspondiente a España, realizado por encargo de la Comisión Europea. Autor de un centenar de trabajos relacionados con el racismo y la xenofobia, ayer disertó sobre La política de inmigración como paradigma de la construcción de la desigualdad, dentro de las jornadas que celebra Hegoa en Bilbao.

Pregunta El Gobierno español argumenta que su política de inmigración es como la europea.

Respuesta. Los argumentos de Mayor Oreja y Aznar son inexactos. No es cierto que exista una normativa europea vinculante en materia de inmigración. Por ejemplo, en relación con la legislación francesa e italiana hay diferencias básicas, como que en estos países no existe algo tan ominoso como la negación a los inmigrantes de derechos fundamentales básicos de manifestación, reunión, asociación y huelga; además del profundísimo recorte en la garantía de derechos sociales básicos como la sanidad y la educación que existen en la ley española. Eso es impensable.

P. ¿Cree que la ley incumple la Constitución?

R. Efectivamente, la legislación española no alcanza los mínimos de respeto a los derechos humanos. Hay diferencia con los demás países, pero también de incoherencia inconstitucional. Es una violación grave de un elemento básico del Estado de derecho, no sólo de la buena conciencia, ni de la moral. En ninguna otra legislación existe una cláusula de racismo cultural como la que ha aprobado el PP, que dice a los ciudadanos que tengan cuidado porque los inmigrantes proceden de culturas que les hace muy difícil la asimilación de los valores constitucionales.

P. ¿Hay sensibilidad social o el discurso gubernamental genera xenofobia?

R. Ha calado que los inmigrantes son una amenaza y un riesgo. Pero la opinión pública es sensible al disparate del callejón sin salida en el que se ha colocado el Gobierno y tiene la sensación de que su mensaje no es del todo cierto. De todas formas, no hay una reacción a la altura de la situación dramática en la que viven los irregulares. En lugar de hablar de chantaje, el Gobierno tendría que preocuparse de la vida de esas personas que están encerradas, con amenaza para su vida, en iglesias. Nadie recurre a una medida tan desesperada si no está realmente desesperado.

P. ¿Hay alguna salida?

R. Es absolutamente necesario que se interponga un recurso de anticonstitucionalidad contra la ley y que el Gobierno conceda permisos temporales de residencia, de entre uno y tres años, para que el inmigrante irregular tenga la posibilidad de encontrar la oferta de trabajo que las patronales ya están realizando.