La junta de los abogados alaveses dimite tras el rechazo del presupuesto
La junta directiva considera que la situación creada tras el rechazo a los presupuestos es de 'absoluta precariedad' y entiende que hay un sentir mayoritario en el colectivo centrado en 'la necesidad de abrir un amplio debate, no sólo sobre el volumen de gasto necesario para mantener un determinado modelo de gestión, sino también sobre el esquema de financiación'. El presupuesto contemplaba unos gastos de 113 millones de pesetas y no salió adelante después de recibir en la junta ordinaria de diciembre 90 votos en contra y sólo 61 a favor, dentro de un colectivo profesional que supera los 600 colegiados.
La propuesta oficial incorporaba un aumento de las cuotas de permanencia de los colegiados de 30.000 pesetas a 128.000 pesetas o, alternativamente, una subida de la cuota fija sólo hasta 60.000 pesetas pero manteniendo una tasa complementaria derivada del montante de las pólizas de intervención profesional. Esta cuota puede alcanzar las 78.000 pesetas y según letrados críticos con el sistema, afecta en especial a abogados que llevan a cabo su actividad fuera de los juzgados, en empresas, asesorías o en turnos de oficio. Consideran que perjudica a los profesionales con menos demandas o escritos tramitados y fomenta artificialmente la litigiosidad.
Sin reelección
Vidal-Sucunza, que anunció ayer que no se presentará a la reelección tras haber completado cuatro años y medio de gestión al frente del colegio, rechaza esta crítica y sostiene que este sistema de pólizas de intervención 'favorece a los abogados jóvenes'. Valora que el aumento de las cuotas es coherente con un colegio que pretende mejorar el nivel de servicios y de prestaciones a sus socios, 'y que sólo cobra 2.500 pesetas al mes, una cantidad mucho más modesta que el resto de los colegios profesionales', indica Sucunza.
En todo caso, su junta directiva ha decidido solicitar un informe al Servicio de Defensa de la Competencia sobre la legalidad de este polémico método de financiación, 'teniendo en cuenta lo dispuesto en la Ley de Protección de Datos y la Ley de Defensa de la Competencia en cuanto a la necesaria igualdad de condiciones en la prestación del servicio entre los diferentes profesionales'.
La decisión de la junta pasa por mantener este sistema de gestión mientras no exista resolución, al tiempo que ha resuelto prorrogar los presupuestos del año pasado. Será en una junta ordinaria que se desarrollará a mediados de marzo cuando se oficialice la dimisión de la actual directiva, tras haberse presentando el informe sobre las cuentas de 2000. En ese instante se pondrá en marcha un proceso electoral que se adelanta ocho meses a su plazo de convocatoria y al que no concurrirá el actual decano, que emplaza a los que han rechazado los presupuestos a que se organicen y formulen una candidatura.
Esta crisis dentro del colegio alavés se produce dos años después de que el Consejo Vasco de la Abogacía tuviera que intervenir por otro problema suscitado por el sistema de financiación y ante las quejas de los abogados más jóvenes del colectivo
