Royes rechaza aportar 6.987 millones al plan de obras de la Generalitat
El Gobierno catalán continúa enfrentado con los poderes locales que no controla, y en particular con la Diputación de Barcelona, dirigida por los socialistas, en coalición con Esquerra Republicana (ERC) e Iniciativa-Verds. En esta ocasión, el consejero de Economía, Artur Mas, exige a la Diputación que aporte nada menos que 6.987 millones de pesetas al Plan Único de Obras y Servicios de Cataluña (PUOSC), un programa de inversiones locales del Departamento de Gobernación. El presidente de la Diputación, Manuel Royes, rechazó ayer esta pretensión.
Royes no se andó por las ramas para justificar su negativa. El PUOSC es, afirmó, 'un instrumento desprestigiado por el sectarismo' con el que el Gobierno de CiU adjudica las inversiones a los municipios. La experiencia indica agregó, que si las diputaciones aportan más recursos económicos al PUOSC, no servirán para aumentar su dotación global, sino para que el Gobierno catalán reduzca los que destina a este mismo programa.
Royes convocó ayer una conferencia de prensa para rebatir las acusaciones de 'deslealtad' y 'falta de rigor' lanzadas por Mas contra la Diputación de Barcelona por no aportar al PUOSC más que 251 millones de pesetas.
Estas acusaciones son una nueva expresión de la 'guerra de sucesión' que se libra en el seno de CiU, argumentó Royes, ya que suponen una 'desautorización' del consejero de Gobernación, Josep Antoni Duran Lleida, con el que la Diputación barcelonesa negociaba un acuerdo sobre esta cuestión.
Royes recordó que el contencioso entre la Diputación y los sucesivos gobiernos de Jordi Pujol sobre las competencias de ambas instituciones en materia de cooperación con los ayuntamientos se remonta a la aprobación, sin consenso, de la Ley de Ordenación Territorial (LOT) en 1987, y destacó que desde el pasado año se mantenían negociaciones con Duran para poner fin a esta confrontación.
Reclamación
El Tribunal Constitucional obligó en 1998 a la Diputación de Barcelona a aportar un total de 1.300 millones a la Generalitat, tras una reclamación del Gobierno catalán para recibir las partidas presupuestarias que consideraba que se le habían negado desde 1987.
No obstante, Royes denunció ayer que esos 1.300 millones no revirtieron en inversiones de las administraciones municipales, sino que la Generalitat los destinó a otras inversiones. También señaló que, de los 80.000 millones que presupuesta la Diputación para este año, casi 20.000 se destinarán a 'servicios impropios', y que de esa cantidad, casi 8.300 se invertirán en financiar servicios como los Mossos d'Esquadra, atención psiquiátrica y carreteras, que dependen de la Generalitat.
Los fondos que el Gobierno de CiU reclama han sido ya invertidos en los municipios a través de la Red Barcelona Municipios de Calidad.
