De la Rúa aprueba la reducción de condenas de los asaltantes del cuartel de La Tablada

A punto de finalizar el año, el presidente argentino, Fernando de la Rúa, trata de recuperar la iniciativa y acallar las voces que le reprochan falta de decisión, y para ello ha optado por la vía del decreto. Ayer, último día hábil del año 2000, firmó una batería de resoluciones "de necesidad y urgencia" para desbloquear algunos de los temas pendientes más polémicos, como la reducción de las duras condenas de cárcel a los asaltantes al cuartel de La Tablada (enero de 1989), la reforma de la seguridad social y la desregulación de las mutuas sanitarias.

Solución intermedia

En el caso de La Tablada, De la Rúa firmó el decreto que reduce las penas a cadena perpetua de 10 de los 12 presos que hoy cumplen 117 días de huelga de hambre, después de que el Congreso y la Corte Suprema rechazaran una revisión de las condenas. Quedan fuera de las medidas de gracia el líder del Movimiento Todos por la Patria (MTP), Enrique Gorriarán Merlo, y su ex esposa, Ana María Sívori. Salvo estos dos presos, los restantes fueron juzgados y condenados en virtud de la Ley de Defensa de la Democracia, que establece una única instancia judicial y no admite la apelación. De los 10 presos beneficiados por el decreto (todos estaban condenados a cadena perpetua), dos deberán cumplir 25 y 22 años de cárcel, y el resto, dos décadas. Unas horas después de firmado el decreto, los reclusos decidieron poner fin a su huelga de hambre.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA) denunció en su día varias irregularidades cometidas con los presos, recomendó la habilitación de una segunda instancia judicial y consideró probado que nueve miembros del MTP fueron ejecutados después de su rendición y que todos los detenidos sufrieron torturas.

El 23 de enero de 1989, en la recta final del Gobierno de Raúl Alfonsín, un grupo izquierdista del MTP tomó por asalto el regimiento de Infantería de La Tablada, en la provincia de Buenos Aires. Después de 36 horas de duros combates, en los que hubo 39 muertos entre civiles, militares y policías, más de 70 heridos y varios desaparecidos, el Ejército recuperó el cuartel.

Atrapado entre el rechazo popular hacia los presos de La Tablada y los compromisos internacionales de Argentina, De la Rúa optó por la solución intermedia de la reducción de penas, que no es el indulto, y que no significará la libertad inmediata de ningún preso. La medida sentará mal a las Fuerzas Armadas y a los peronistas, que se opusieron desde el primer día a una revisión de las condenas.La reforma de la seguridad social de De la Rúa, que introduce el aumento de la edad de jubilación de la mujer de 60 a 65 años y la eliminación de la prestación básica universal (de unas 35.000 pesetas al mes), ha levantado ampollas en la Alianza gubernamental, donde el sector más socialdemócrata (el Frepaso) interpreta la revisión como una imposición de los organismos financieros internacionales a cambio de los multimillonarios préstamos-blindaje concedidos a Argentina.

El tercer punto en discordia es la desregulación de las mutuas sanitarias, a la que se oponen los sindicatos. La Confederación General del Trabajo oficial (peronista) se ha apresurado a convocar una huelga de 36 horas para el próximo 1 de marzo.