El PSC admite que superó el límite de gasto electoral y pide transparencia a los partidos

El presidente del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC), Pasqual Maragall, admitió ayer que en las pasadas autonómicas su partido excedió en casi 200 millones de pesetas el límite de gasto electoral permitido por la ley, como pone de manifiesto un informe de la Sindicatura de Cuentas. "Hemos explicado, quizás por primera vez, todos los gastos de forma muy transparente", explicó el líder socialista, quien emplazó a todos los partidos a actuar con la misma transparencia.La Sindicatura de Cuentas, el organismo que fiscaliza el gasto público en Cataluña, ha elaborado un informe sobre el gasto de las últimas elecciones autonómicas, celebradas en octubre del año pasado, a partir únicamente de los datos aportados por los propios partidos. Según estos datos, el PSC gastó 514 millones de pesetas, que se convierten en casi 600 millones si se añade el gasto de la campaña conjunta que realizó junto con Iniciativa per Catalunya-Verds (IC-V) en tres de las cuatro circunscripciones. Convergència i Unió (CiU), por su parte, declaró haber gastado 437 millones de pesetas y el Partido Popular (PP), 405 millones.

Según el informe, el PSC excedió en casi 200 millones de pesetas el gasto que le permitía la ley electoral, especialmente como consecuencia de la contratación de publicidad a los medios de comunicación: el PSC admite haber invertido 141 millones de pesetas en este concepto, lo que excede en un 200% lo autorizado por la ley. Por este mismo apartado CiU declaró haber gastado sólo 61 millones de pesetas.

Todos los partidos catalanes, salvo el PSC, reclamaron que los socialistas sean sancionados por incumplir la ley electoral, algo que compete al Tribunal de Cuentas porque Cataluña no dispone de ley electoral propia. CiU, que cifró en 90 millones la multa que correspondería al PSC, y el PP incluso exigieron que Maragall asuma responsabilidades políticas. El PSC, por su parte, considera que ha hecho un gesto de transparencia al dar a conocer el coste "real" de su campaña electoral y presentará una resolución en el Parlament para que sea un organismo externo a los partidos -y no ellos mismos- los que auditen los gastos electorales.