Padres, profesores y sindicatos exigen más dinero para la enseñanza pública catalana

Asociaciones de padres de alumnos, profesores, sindicatos y los partidos de la oposición catalana se manifestaron ayer al mediodía por el centro de Barcelona para exigir al Gobierno de Jordi Pujol que destine más recursos a la escuela pública. La manifestación, que según los organizadores congregó a unas 12.000 personas, fue convocada por el Marco Unitario y finalizó frente al Palau de la Generalitat. La principal reclamación afecta al presupuesto para 2001, ya que exigen que el gasto en enseñanza pública alcance el 6% del PIB catalán. La consejera Carme Laura Gil se mostró ayer abierta al diálogo.

Los sindicatos convocantes (UGT, CGT, CC OO y USTEC) denunciaron que Enseñanza destina el 25% de su presupuesto anual a subvencionar las escuelas privadas, lo que a su juicio supone un agravio para el sector público, ya que las privadas se benefician, además, de créditos adicionales. Incluso la CGT, sindicato minoritario, reclamó la supresión de los conciertos educativos. Los lemas a favor de una enseñanza pública de calidad y en contra de la precariedad que afecta a muchos profesionales de la educación fueron los más coreadas. Sin embargo, el principal objetivo de la manifestación era conseguir que el Departamento de Enseñanza se siente a la mesa para negociar un incremento sustancial de los recursos económicos para el sistema público de enseñanza.

Entre otras reivindicaciones, los manifestantes exigieron la aplicación de unas normas de matriculación que no "segreguen al alumnado" y mejores condiciones de trabajo. Jaume Sayrol, secretario general de la federación de enseñanza de CGT, señaló que es necesaria "la presión social" para la defensa de la escuela pública y que éste es un tema que se debe debatir "en clave de igualdad, defendiendo unos servicios públicos para todos".

La Plataforma 0-3, cuyo objetivo es la creación de guarderías en la comarca del Maresme, reclamó la construcción de más escuelas y expresó su intención de conseguir en un plazo de tres años una enseñanza pública gratuita para este tipo de centros. La manifestación, justo un año después de la primera movilización, que reunió a unas 30.000 personas, se celebró la mañana siguiente al día en que Carme Laura Gil calificó de "política" esta protesta.

Las reivindicaciones de una enseñanza pública de más calidad se producen en un contexto de política favorable hacia el sector privado. Las subvenciones de la Administración a estos centros, que cada año registran un mayor número de alumnos, se han incrementado en un 33% en cinco años. El Departamento de Enseñanza ha emprendido una política de concesión de conciertos a escuelas privadas de élite y ha recortado las plantillas de muchos colegios públicos. Esta falta de estabilidad es lo que irrita a los dirigentes sindicalistas, entre ellos a Carles Martínez, de USTEC-STE, quien declaró que la consejera ha cometido "la grave irresponsabilidad de romper todos los canales de comunicación con los responsables educativos adoptando una actitud de falta total de diálogo". No obstante, la consejera respondió ayer mismo que siempre ha estado dipuesta a dialogar y añadió que el Gobierno catalán está cumpliendo todos sus compromisos con la comunidad educativa.

Los portavoces sindicales también denunciaron ayer el hecho de que el 85% de los hijos de inmigrantes residentes en Cataluña estén escolarizados en centros públicos, lo que en su opinión significa una discriminación de estos alumnos por parte de los centros concertados. Según datos de la Administración, tan sólo un 5% del total de los hijos de inmigrantes asisten a la escuela privada. Jaume Graells, de UGT, afirma: "Eso demuestra que algo no se está haciendo bien y por esa razón debemos incidir en el decreto de matriculación".

La manifestación, que transcurrió sin incidentes y en un ambiente festivo, partió de la plaza de Urquinaona y terminó en la plaza de Sant Jaume tras recorrer las calles más céntricas de Barcelona.