¿Enseñanzas mínimas? MONTSERRAT DUCH

En las últimas semanas, parece tomar cuerpo la voluntad de reformar algunos aspectos de la ordenación del sistema educativo expresada por la ministra de Educación al inicio de su mandato.Tras diversos globos sonda sobre la conveniencia de impulsar la formación humanística, el Ministerio de Educación se descuelga finalmente con la propuesta de revisar los vigentes decretos de enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, más allá de la cuestión específica de la enseñanza de las humanidades. Y lo hace con una voluntad homogeneizadora, so pretexto de garantizar la movilidad de los alumnos en todo el territorio español y de evitar vacíos en los aprendizajes, de tal modo que pretende regular los objetivos, los contenidos y la evaluación curso por curso y no por etapas como habían pactado las diferentes administraciones educativas competentes -el ministerio y las comunidades autónomas- al iniciarse el desarrollo de la LOGSE.

Si por un momento dejamos de lado el posible conflicto de competencias, es difícil, sin embargo, no estar de acuerdo con algunas propuestas adelantadas por el ministerio, sobre todo a la vista de la experiencia acumulada en los años de implantación de la Reforma. Parece razonable el propósito de reforzar las materias instrumentales (lengua y matemáticas) en el primer ciclo de la ESO o la filosofía en el bachillerato. También parece lógico que la informática tenga su sitio en la enseñanza obligatoria mucho más allá de lo previsto, por otra parte. Ahora bien, una cosa es abrir un proceso de actualización de los objetivos, contenidos y métodos de nuestro sistema educativo y otra muy distinta es embarcarse en una reforma superficial, improvisada y, me temo, arbitrista.

¿Es sensato plantear una modificación curricular de carácter general cuando apenas acaba de ser implantada la LOGSE en su totalidad?

¿Acaso disponemos de una evaluación sistemática y generalizable sobre los resultados del nuevo sistema educativo?

En todo caso, ¿no sería más prudente que las administraciones educativas competentes fueran modulando, en base a la experiencia acumulada y en diálogo permanente con el profesorado, los currículos y los métodos pedagógicos, como ya vienen haciendo algunas comunidades autónomas?

¿Cree el ministerio seriamente que los problemas surgidos con el desarrollo de la LOGSE se pueden solucionar a decretazos?

¿Qué mueve, pues, al ministerio a actuar improvisadamente, con urgencia y sin temor a entrar en conflicto con las comunidades autónomas?

A mi juicio, la actuación del ministerio obedece a un doble recelo. Por una parte, es sabido que el PP no aceptó de buena gana la reforma educativa prevista en la LOGSE y, aunque reitere su voluntad de respetar el marco educativo vigente, no ha cesado de emitir señales de estar dispuesto a acometer una reforma de la reforma.

Por otra parte, no es ningún secreto que el Gobierno del PP está empeñado en una ofensiva política e ideológica que tiene por objetivo implantar la hegemonía de un nuevo nacionalismo español y, a su vez, limitar el alcance político de las autonomías. Uno de los pilares de esta ofensiva es la política educativa, de modo que el Gobierno está dispuesto a utilizar a fondo sus competencias para poner orden en lo que considera el gallinero de la comunidad educativa. Por ello no teme provocar un enfrentamiento con las comunidades autónomas, pues tiene la convicción de que le puede ser rentable política y electoralmente.

Pero, ¿qué culpa tiene nuestra educación de las obsesiones ideológicas de Gobierno del PartidoPopular? ¿Es así como resolveremos problemas como los del rendimiento de los alumnos de 14 a 16 años o como el de la escolarización de las minorías? ¿Así conseguiremos la alfabetización masiva en las tecnologías de la información y de la comunicación? ¿Así avanzaremos en la competencia real en lenguas extranjeras?

No es posible hoy en día dirimir los asuntos políticos con fórmulas simples, y mucho menos los que afectan a la política educativa. Nos hemos dotado de un sistema educativo complejo y heterogéneo desde diversos puntos de vista. Un sistema en el que conviven centros públicos, concertados y privados; en el que las competencias están repartidas entre el Ministerio de Educación y las comunidades autónomas; en el que los centros educativos pueden asumir una progresiva autonomía de gestión y en el que la comunidad escolar y las corporaciones locales tienen asignado un protagonismo a través de su participación en los distintos consejos escolares.

Ante la tentación de la centralización y la homogeneización hay una opción mejor: la de profundizar por la vía de la descentralización y de la autonomía sobre la base de la confianza y de la lealtad entre las administraciones educativas competentes y de éstas hacia los centros educativos. En este marco de confianza y lealtad recíprocas ha de encontrar su papel el nuevo Ministerio de Educación, que, una vez concluidos los traspasos a las comunidades autónomas, tiene la responsabilidad de articular todas las piezas del sistema y, en su caso, impulsar y financiar políticas de innovación.

Como decía recientemente Daniel Innerarity en estas mismas páginas: el futuro será de quien conciba adecuadamente lo mixto, lo complejo y la articulación de lo heterogéneo.

Montserrat Duch es diputada del PSC mduch@psc.es