El consejero de Interior acusa a fiscales de la Audiencia de dejar libres a colaboradores de ETA

El consejero vasco de Interior, Javier Balza, acusó ayer en el Parlamento de Vitoria a determinados fiscales de la Audiencia Nacional de permitir la puesta en libertad de presuntos colaboradores de ETA pese a existir "evidencias y declaraciones" que les relacionaban con la organización terrorista. Balza no llegó en ningún momento a poner nombre y apellidos en la comisión de Interior, pero su comparecencia parlamentaria se refería a la doble operación de la Ertzaintza en agosto contra los comandos Vizcaya y Araba. Fuentes oficiales indicaron que uno de los fiscales que intervino fue Ignacio Gordillo.

El consejero de Interior compareció ayer ante la comisión correspondiente del Parlamento vasco, a petición de Unidad Alavesa (UA), para explicar la doble operación antiterrorista desarrollada por la Ertzaintza contra los dos comandos etarras entre el 20 y el 25 de agosto pasado. Los agentes vascos detuvieron en la redada a 12 personas por su presunta implicación con ETA y los jueces de la Audiencia Nacional Guillermo Ruiz de Polanco y Juan del Olmo pusieron en libertad el 25 de agosto a nueve de los detenidos, tres de ellos bajo fianza de entre 250.000 y medio millón de pesetas, y el resto sin cargos.En su petición de comparecencia, el representante de UA, Pablo Mosquera, mostraba su extrañeza por que buena parte de los arrestados por los agentes vascos quedaran en libertad sin cargos o con fianzas mínimas. La operación policial se había desinflado, tal y como se encargaron de subrayar los grupos afines a los terroristas. Mosquera preguntó al consejero vasco si se había producido algún tipo de fallo en el procedimiento policial o si obedecía a algún tipo de descoordinación entre la policía y el aparato judicial.

Extrañeza y "evidencias"

Balza se sumó ayer a la extrañeza mostrada por el representante de UA. Pero fue más allá y relató que, en algunos casos, el criterio de algunos fiscales de no acusar a los arrestados era difícilmente entendible ante las "evidencias y declaraciones" existentes que les "relacionaban directamente" con la organización terrorista. En otros casos, reconoció que la relación de los detenidos se basaba en "evidencias circunstanciales" y admitió que fueran puestos en libertad.Pero dijo que dos de los detenidos por su presunta vinculación con la infraestructura del comando Vizcaya, cuyos nombres aparecían en la agenda del jefe de ese grupo, Patxi Rementeria, declararon que habían colaborado con la organización terrorista. Rementeria y los tres miembros de ETA que le acompañaban en un coche cargado con 25 kilos de explosivos volaron por los aires en Bilbao el 7 de agosto cuando se disponían a realizar un atentado.

El consejero reveló que uno de los detenidos admitió haber realizado "gestiones directas para Rementeria para alquilar" en Castro Urdiales (Cantabria) un piso para el comando. Posteriormente, la Ertzaintza halló documentos en un piso del grupo en Galdakao en el que se detallaban dos atentados "graves", cuya preparación estaba bastante avanzada, en la comunidad cántabra.

El segundo ejemplo de Balza, explicado ante la mirada atónita de Mosquera y de buena parte de los grupos de la oposición, también está relacionado con el Vizcaya. En esta ocasión el arrestado confesó haber comprado teléfonos móviles para los terroristas del grupo, uno de los cuales apareció tras la explosión del coche en el que viajaban Rementeria y el resto del comando. "Ambos están en libertad sin cargos y, desde luego son valoraciones de los fiscales que yo no comparto", resumió Balza. La última modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal impide a los jueces ordenar prisión u otras medidas cautelares si la fiscalía no acusa previamente.

El tercer ejemplo corresponde a una de las detenidas en Vitoria supuestamente relacionada con el comando Araba. La arrestada admitió haber dado cobijo durante dos días en su casa a un miembro legal (no fichado por la policía) "que estaba armado".

Por su parte, el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Eduardo Fungairiño, que ayer se encontraba en Santander, negó "rotundamente" que la Fiscalía de la que es responsable ponga dificultades a la investigaciones de la Ertzaintza o de cualquier otro cuerpo policial y puntualizó: "Otra cosa es que las investigaciones hayan tenido más o menos resultado".

Más explícitas fueron algunas fuentes fiscales de la Audiencia Nacional, que ayer señalaron que la Ertzaintza no aportó pruebas sobre los presuntos colaboradores de ETA detenidos el pasado agosto.

Por su parte, el juez Juan del Olmo decretó ayer la prisión incondicional de un implicado en actos de violencia callejera y dejó en libertad a otro bajo fianza de dos millones de pesetas.