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Bruselas abrirá procedimiento de infracción a España por el billón de las eléctricas

La Comisión Europea ha decidido abrir un procedimiento de infracción contra España por los llamados costes de transición a la competencia (CTC) otorgados a las compañías eléctricas. Bruselas ya acordó en julio de 1999 estudiar esa transferencia de dinero público por valor de 1,3 billones de pesetas aplicando la normativa de ayudas públicas y no como un mero desarrollo de la directiva europea de liberalización del sector. Ahora Bruselas ha concluido que tiene "dudas suficientes" sobre la legalidad de esas ayudas como para abrir procedimiento de infracción al Gobierno español.

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La decisión de abrir el procedimiento de infracción ya ha sido tomada por el comisario responsable de la Competencia, Mario Monti, según fuentes de la Comisión, aunque aún no está decidido en qué fecha será aprobada por el Colegio de Comisarios. Bruselas pretende hacer un paquete de denuncias que agrupe a varios países que están siendo investigados por el mismo problema de las subvenciones a las eléctricas que han perdido su posición de dominio en los mercados nacionales con la apertura a la competencia. La Comisión investiga por ayudas notificadas a los Gobiernos de España, Austria, Bélgica, Dinamarca, Holanda, Italia y Reino Unido y examina de manera preliminar las otorgadas por Alemania. Según algunas fuentes, la idea de abrir expediente a varios países a la vez responde a la petición planteada por el vicepresidente segundo del Gobierno, Rodrigo Rato, en la entrevista mantenida por éste y Monti el pasado jueves en Bruselas y que ambos han intentado mantener en secreto.

Fuentes de la Comisión resaltaron que la decisión de abrir expediente se basa tanto en la existencia de "dudas suficientes sobre la compatibilidad de las ayudas a las eléctricas con la normativa de la competencia" como en el hecho de que Bruselas lleva ya casi dos años investigando de manera informal las CTC.

"El Tribunal de Luxemburgo ha sentenciado en varias ocasiones que si una investigación preliminar se prolonga durante cierto tiempo es señal de que hay motivos para abrir procedimiento de infracción", según la Comisión. "El procedimiento de infracción es más transparente y permite tomar parte a terceros que no han sido escuchados, como las asociaciones de consumidores y usuarios", puntualizaron otras fuentes.

Hasta ahora, Bruselas ha limitado sus contactos al Gobierno español y las eléctricas. Pero dado el tiempo que el caso lleva en estudio por Bruselas, el Tribunal de Luxemburgo podría exigir la apertura del procedimiento de infracción incluso si la Comisión optara por declarar legales las ayudas. Se trata de hacer más transparente el proceso. "Va en el interés de todos que la decisión esté bien fundada, con motivos claros y que en caso de llevarla ante el Tribunal se mantenga en pie", afirmó un portavoz de la Comisión. El otro argumento usado para justificar la apertura del procedimiento es el retraso en la notificación de las ayudas, "aunque ésta es una cuestión menor".

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