El progreso balear JOSEP M. MUÑOZ
Todavía hay quien sostiene, a pesar de las evidencias, que derecha e izquierda son, en el fondo, iguales, y que apenas nada las distingue en nuestra sociedad, dominada por el consenso y la globalización. Sin embargo, las diferencias no sólo existen, sino que son importantes. Sin duda, una de las primeras reside en cómo se recaudan los impuestos y a qué se destinan los presupuestos, y en qué medida esta (re)distribución de la recaudación y del gasto contribuye a la compensación de las desigualdades económicas, sociales y territoriales existentes en nuestra sociedad. La distribución territorial de poder en la España autonómica nos permite, además, observar a escala regional (utilizo la palabra en el sentido geográfico) esas diferencias entre derecha e izquierda. Las islas Baleares, donde se acaba de cumplir el primer año del gobierno del Pacte de Progrés, son, a este respecto, un buen observatorio.El verano del año pasado, el Pacte de Progrés -integrado por fuerzas de izquierda, ecologistas y nacionalistas de las distintas islas- desplazó del poder autonómico al PP y puso fin así, transitoriamente al menos, a un dominio de la derecha que se remontaba, como mínimo, a 1936. La reacción de la derecha no se ha hecho esperar, y el Gobierno de Francesc Antich se ha visto sometido en estos meses a un acoso inmisericorde que responde, en última instancia, a la necesidad de dilucidar una gran cuestión, que es la de saber "¿quién manda aquí?". Las acusaciones -que van, en distinto grado, desde la de bisoñez a la de "comunistas" expropiadores- hacia un gobierno que ha osado tener ideas y querer aplicarlas, se han multiplicado por parte de sectores que estaban acostumbrados a hacer lo que les venía en gana sin tener que dar cuentas a nadie. Las organizaciones de propietarios agrarios se han manifestado con contundencia, y el PP ha expresado con ira, en municipios como Andratx o Son Servera, ambos en la isla mayor, su oposición frontal a los proyectos medioambientales impulsados por el Gobierno autónomo.
La oposición de sectores afines al PP, como los hoteleros y los propietarios rurales -dos de los grandes favorecidos por el desarrollo turístico de las últimas décadas-, se ha centrado, respectivamente, en torno a dos proyectos que responden a políticas de izquierda pero que son de aplicación común en los países avanzados: una ecotasa que pagarán los turistas que visiten las islas (y que como tales usan el territorio y los servicios públicos que en él se prestan, pero que hasta ahora no pagan nada por ello), y la extensión de los parques naturales para preservar así uno de los mayores patrimonios -y el mejor atractivo turístico- de las islas, como es su paisaje. Esta última medida puede afectar a intereses privados (a menudo incapaces, por cierto, de gestionar sus propiedades, como pone de relieve el lamentable estado de los históricos jardines de Raixa, en Mallorca), pero constituye, a medio plazo, un beneficio evidente para todos. Algunos sectores de la derecha, empezando por los propios hoteleros, lo empiezan a ver así.
Pero hay otros que siguen en su vieja radicalidad de siempre. Es un ejemplo de ello la alcaldesa de Andratx, quien, en una agitada reunión "informativa" organizada por la patronal agraria sobre el parque natural de la Serra de Tramuntana, celebrada en marzo pasado, no dudó en autocalificarse de "fascista". Una afirmación, que yo sepa, que no ha sido desautorizada por su partido, el PP, a pesar de su gravedad. Hija de un alcalde franquista, y ahijada política de Gabriel Cañellas, la alcaldesa expresa con su demagogia el rencor de unos sectores que estaban acostumbrados a mandar en beneficio de los poderosos y sin cortapisas de ningún tipo, aunque por ello hipotecaran el futuro de su municipio, sometido como nunca a una especulación urbanística que parece no tener fin.
La coalición del Pacte de Progrés fue posible porque existía en las islas una conciencia difusa de que se había llegado a una situación de práctico colapso, de saturación, en la aplicación de un modelo extensivo de desarrollo basado en el turismo (la balearización), que estaba poniendo en peligro la propia gallina de los huevos de oro. El Gobierno de Antich ha sabido, frente a ello, proponer nuevas ideas. Para aplicarlas, debe buscar el consenso porque éste es un fin, y no sólo un medio, de la política. Pero no debe renunciar por ello a llevar adelante su política: si quiere subsistir en esa batalla, incluso simbólica, por saber quién es quien manda de verdad, debe actuar con tacto pero también con decisión. El camino está trazado -ecotasa, parques naturales, moratoria urbanística hasta la redacción definitiva de los planes territoriales isleños, política medioambiental en cuestiones fundamentales como el agua, normalización lingüística del catalán-. De su capacidad para seguirlo dependerá el progreso balear. Y, con él, el progreso general de la izquierda.
