El Supremo de México falla por primera vez contra un presidente
Tres destituciones
En una decisión que los juristas han calificado de crucial, el Tribunal Supremo de México ordenó ayer al presidente, Ernesto Zedillo, que entregue al Congreso de la nación los datos bancarios secretos relativos a la cuestionada financiación de su campaña electoral de 1994.Esta es la primera vez en la historia del país en que la justicia, considerada la hermana débil del sistema de gobierno en México, ha decidido en una disputa constitucional entre los otros dos poderes federales. La decisión del tribunal de apoyar el desafío parlamentario a los poderes de la presidencia marca una clara declaración de independencia del tribunal del todopoderoso brazo ejecutivo, que hasta ayer dominaba al poder judicial.
En su decisión sobre una demanda presentada por los juristas de la oposición el año pasado, el Tribunal considera que el Congreso tiene todo derecho para exigir la total revelación por parte del Gobierno de Zedillo de sus tratos con el Banco Unión, una entidad que supervisó la entrega de millones de dólares en donaciones para la campaña presidencial de 1994, incluso cuando el banco se estaba deslizando hacia la bancarrota.
Varios colaboradores de Zedillo intervinieron en el caso Banco Unión más tarde, convirtiendo estas irregularidades en deuda pública y asegurando que la ley de secreto bancario impedía la publicación de datos.
En su decisión, el Tribunal Supremo da un plazo de 30 días a Zedillo para entregar al Congreso una serie de archivos sobre el Banco Unión. Los 11 magistrados del Tribunal han adoptado su decisión por unanimidad. En un comunicado oficial emitido horas después del fallo, el gabinete de Zedillo aceptó cumplir con lo decretado por los jueces.
"Obviamente, ésta es una decisión profundamente histórica", declaró en una conferencia de prensa Olga Sánchez Cordero, la juez que presidió las deliberaciones previas en un recurso constitucional. Sánchez destacó que la sentencia marca la primera ocasión en que el alto tribunal ha decidido en una disputa entre las otras dos ramas del poder federal. También señaló que limita las leyes de secreto bancario estipulando que no pueden ser utilizadas para blindar transacciones potencialmente ilegales en las que los contribuyentes deben pagar por la gestión imprudente de fondos privados.
Desde que México obtuviera la independencia de España en 1821, su sistema judicial se ha visto frecuentemente interferido por el poder presidencial. En este siglo, tres presidentes simplemente han destituido al Tribunal Supremo al completo. Precisamente, uno de ellos ha sido Ernesto Zedillo, quien durante su primer mes en el cargo destituyó a los 26 magistrados que formaban el tribunal y en su lugar nombró a otros 11 en lo que el mandatario calificó como una reforma cuyo objetivo era reforzar la autonomía del poder judicial.El pasado año, los magistrados eligieron un nuevo presidente para el tribunal, Genaro Góngora Pimentel, quien ha capitaneado diversas iniciativas para incrementar el poder y la independencia judiciales. Bajo su influencia, los poderes del tribunal para dirimir sobre conflictos constitucionales se han ido incrementando.
