Soldados y marines de EE UU vuelven a Centroamérica para luchar contra la droga
Los sectores más críticos de la región califican de "militarización" la presencia estadounidense
A lo largo de los años noventa, la presencia de EE UU en Centroamérica se fue desvaneciendo como las pintadas de Yankee Go Home que los manifestantes hicieron en los muros durante el decenio anterior. Terminó la guerra fría; las guerrillas izquierdistas contra las que habían ayudado a luchar los norteamericanos firmaron acuerdos de paz y se transformaron en partidos políticos. El istmo ya no tenía gran interés militar. Ahora, los yanquis han vuelto. En lo que los críticos califican de militarización de la lucha contra la droga, soldados y marinos estadounidenses vuelven a aparecer en Centroamérica.
Se calcula que el 59% de la cocaína destinada a EE UU -de 300 a 400 toneladas al año- se envía por tierra o por mar a través de los pequeños países de Centroamérica, mal equipados para detener el tráfico. De ahí que Costa Rica cuente con guardacostas norteamericanos que patrullan sus aguas territoriales;que Guatemala emplee helicópteros norteamericanos para abordar a las caravanas de cocaína que descubren los servicios estadounidenses de información; que El Salvador haya autorizado, el pasado 6 de julio, que pilotos estadounidenses despeguen de la base de Comalapa con sus aviones espías anti-droga o que, incluso Nicaragua, cuyas fuerzas armadas estuvieron estrechamente unidas al régimen sandinista contra el que combatió EE UU en los años ochenta, se disponga a firmar un acuerdo de cooperación militar para la lucha contra la droga, según el embajador norteamericano, Oliver P. Garza.Hasta ahora, los resultados han sido tan discretos como la inversión: sólo 791 millones de pesetas en 1999 en ayuda militar contra las drogas para toda Centroamérica. En comparación con ello, el nuevo paquete estadounidense de medidas contra la droga en Colombia, que incluye fondos militares además de asignaciones para Ecuador, Bolivia, Perú y Venezuela, asciende a 1.300 millones de dólares (239.000 millones de pesetas).
Pero "el dinero no es tan importante como el hecho de que se haya reanudado la misión militar", advierte William O. Walker III, del departamento de Historia de la Universidad Internacional de Florida. "La democracia no tiene una base sólida en esos países. La política estadounidense en materia de drogas puede tener consecuencias imprevistas", añade, como el menoscabo de unos gobiernos que no han arrebatado el poder a sus ejércitos hasta fechas recientes.
En cambio, los defensores de esa política -desde los jefes de las policías nacionales y los presidentes de dichos países hasta las autoridades militares y los responsables de la lucha contra las drogas en EE UU- insisten en que se necesita un esfuerzo conjunto para resolver un problema común.
Las autoridades norteamericanas quieren interceptar la droga antes de que llegue a México, una ruta fácil de entrada en EE UU; Las centroamericanas confían en detener la epidemia de crack que se ha extendido por sus países en la ruta Colombia-Estados Unidos.
Los responsables de la lucha contra la droga creen que el transporte se realiza, cada vez más, en lanchas rápidas que suben por el Pacífico, a bastante distancia de la costa, donde hacen falta mecanismos muy complejos de seguimiento para detectar los barcos y sólo pueden interceptarlos helicópteros que tengan su base en navíos. El Ejército de los EE UU ofrece a estos países los equipos y gente preparada para manejarlos.
"Hay una división del trabajo claramente definida", explica el general Charles E. Wilhelm, jefe del Mando Sur estadounidense y responsable de sus intereses militares en Latinoamérica. "EE UU presta apoyo. Las autoridades locales hacen lo más difícil: enfrentarse, detener y confiscar". Wilhelm hizo estas declaraciones tras la puesta en marcha de Maya-Jaguar, un ejercicio conjunto de lucha contra la droga de Estados Unidos y Guatemala que comenzó en junio. EE UU "prestó" a Guatemala cuatro helicópteros, un barco guardacostas y 85 soldados y marinos para manejarlos.
Durante una operación similar el año pasado, la policía guatemalteca recibió de EE UU informaciones que le permitieron realizar la mayor captura terrestre de cocaína en la historia de Centroamérica. Detuvieron tres camiones en la autopista Panamericana con 2,5 toneladas de cocaína. Estas operaciones forman parte de un plan regional llamado Cielos centrales, piedra angular de la labor conjunta de lucha contra la droga.
El equipo que mantiene en pie Cielos centrales es el Grupo operativo conjunto Bravo (Joint Task Force Bravo, JTF Bravo), que comparte la base aérea Enrique Soto Cano, cercana a Tegucigalpa, la capital de Honduras, con la Academia Militar hondureña. Creado en 1983 para apoyar a los gobiernos de derechas de la región y a los contrarrevolucionarios que luchaban contra el gobierno sandinista en Nicaragua, el grupo llegó a contar con 2.000 soldados. Desde 1996 han sido enviados a Honduras alrededor de 550 militares estadounidenses.
Seis países -excepto Nicara-gua- han aceptado participar en la edición 2000 de Cielos centrales, a pesar de las objeciones de los legisladores, muchos de ellos antiguos guerrilleros a cuyos adversarios ayudó EE UU hace una década.
Tanto Belice como Panamá han firmado acuerdos de "presencia en los barcos", que permiten a los buques estadounidenses patrullar sus aguas siempre que lleven a bordo a miembros de sus respectivas policías. En noviembre entró en vigor en Costa Rica el acuerdo marítimo anti-droga más amplio entre EE UU y una nación centroamericana. El pacto permite las patrullas por aire y por mar y en ciertas circunstancias incluso la retención de barcos, con sus pasajeros, hasta que puedan llegar las autoridades costarricenses al lugar para realizar los arrestos pertinentes. Asimismo, se autoriza a los guardacostas de EE UU a atracar en Costa Rica.
Ya hay aviones espías estadounidenses apostados en Ecuador y las islas de Aruba y Curaçao para detectar la fabricación y el contrabando de droga, pero no cubren toda la zona del Pacífico. Un hangar en El Salvador rellenará ese hueco.
Habrá ocho personas destacadas en El Salvador y aumentará a 50 o 60 a medida que lleguen las tripulaciones, dice la embajadora de EE UU, Anne W. Patterson, que se ha ofrecido a llevar a legisladores salvadoreños a Ecuador y el Caribe para que se aseguren de que no son bases militares disfrazadas.
© Los Angeles Times
