La acusación particular del 'caso Zamora' se plantea llamar a declarar a Aznar
La acusación particular del llamado caso Zamora (supuesta financiación irregular del PP mediante el cobro de comisiones ilegales por la adjudicación de obras por parte de la Diputación), representada por el abogado Jacobo Echeverría-Torres, se plantea la posibilidad de llamar a declarar como testigo al presidente del Gobierno, José María Aznar, para que hable sobre un presunto talón de tres millones de pesetas que habría recibido en su día de dos constructores como apoyo a su campaña a la presidencia de la Junta de Castilla y León.Echeverría-Torres considera como "una prueba de que la justicia sigue su curso" el hecho de que la juez Raquel Blázquez, instructora del sumario, haya ordenado recientemente a los peritos nombrados por la Agencia Estatal Tributaria para esta causa que investiguen las cuentas y la financiación del PP. Asimismo, Blázquez ha dispuesto para septiembre y principios de octubre las declaraciones de una veintena de personas, entre las que se encuentran los ex parlamentarios populares José Manuel Peñalosa Ruiz y Dionisio García Carnero, el actual presidente de la formación en Zamora.
"Creo que podría darse la circunstancia de que pudiéramos llamarle, al menos como testigo, para que aclare de una vez por todas la verdad acerca de si recibió o no un talón por tres millones de pesetas, como sostienen dos de los constructores, uno de ellos presente en el momento en el que [presuntamente] se produjo tal circunstancia", advierte Echeverría-Torres en relación con Aznar.
A juicio del letrado, "está acreditado en las actuaciones sumariales que hubo irregularidades constantes, por bastantes años, en la Diputación de Zamora a la hora de adjudicar obras. Y también estaban acreditadas en los autos otras anomalías, como la firma de decretos de adjudicación de obras por parte de personas como García Carnero bajo la antefirma de 'el presidente' sin serlo, sustituyendo al que estaba entonces en funciones, Antolín Martín". No obstante, estima que faltan por precisar los asuntos relativos al cobro de comisiones, que es lo que está menos perfilado en el sumario.
El nombramiento de dos peritos fiscales fue hecho por el Tribunal Supremo, que devolvió el caso a los tribunales ordinarios tras las renuncias a sus escaños de Peñalosa y García Carnero, para cotejar la legalidad de algunas de las cifras de la contabilidad del PP zamorano.
