El fiscal pide 18 meses por tráfico de inmigrantes para dos españoles
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La Fiscalía de Málaga está dispuesta a actuar con firmeza contra las mafias que se dedican al tráfico de personas. El ministerio público ha solicitado 18 meses de prisión para dos españoles por introducir clandestinamente en la Península a otros tantos marroquíes que pretendían conseguir trabajo en España. La Fiscalía no hace demasiadas argumentaciones jurídicas en su calificación, pero concluye que la actuación de J. C. P. M, sin antecedentes penales, y de M. V. R., condenado por robo en 1994, constituye un delito contra los derechos de los trabajadores. El artículo 313 del Código Penal castiga con penas de entre seis meses y tres años de cárcel y multa de seis a doce meses a "los que trafiquen de manera ilegal con la mano de obra". El paso dado casi no tiene precedentes en Andalucía, ya que generalmente las fuerzas de seguridad interceptan a los inmigrantes que intentan entrar de forma clandestina, pero rara vez logran capturar a los responsables de este tráfico humano. En la calificación, en la que la Fiscalía solicita la apertura de juicio, también pide una multa de 600.000 pesetas para cada acusado y su inhabilitación especial para el sufragio pasivo. Los hechos se produjeron hace dos semanas, cuando ambos individuos, "de común acuerdo", embarcaron a M. L. y A.C. en Ceuta en una zodiac que fue interceptada al llegar a las costas andaluzas.
La Fiscalía, en cambio, ha archivado la investigación que abrió el 23 de junio para determinar si la expulsión de los 36 inmigrantes encontrados tres días antes en Mijas, hacinados y en condiciones infrahumanas en una furgoneta, fue legal o no. El ministerio público no aprecia infracción penal y da por cerrada esta vía. Sin embargo, fuentes de la Fiscalía aclararon que, aunque el procedimiento utilizado por el Gobierno no sea constitutivo de delito, "no significa que esté bien hecho desde el punto de vista administrativo". Aunque este matiz deja abierta una puerta a un recurso contencioso, el presidente de Andalucía Acoge, José Luis Rodríguez, dio por imposible esta vía, ya que las ONG carecen de legitimación para presentar una demanda. La organización sí ha conseguido que el Defensor del Pueblo admita a trámite una queja elevada hace un par de semanas por el procedimiento utilizado por la administración.
Su devolución inmediata, sin expediente de expulsión, generó una agria polémica entre las organizaciones no gubernamentales y el Gobierno. Las primeras defendieron que el retorno inmediato sólo podía aplicarse si los extranjeros eran interceptados en zonas fronterizas y recordaron que la furgoneta ya estaba en España. El Gobierno, en cambio, consideró correcta la actuación porque en su opinión no procedía el expediente de expulsión. Rodríguez insistió en su protesta y recordó que en el caso de los 17 inmigrantes encontrados días después en Estepona, "el Gobierno dio marcha atrás" y no aplicó la devolución inmediata.
