Los Gobiernos central y vasco pactan compartir la documentación incautada a ETA
Los Gobiernos central y vasco han cerrado un acuerdo para compartir la documentación que la Guardia Civil, la Policía Nacional y la Ertzaintza incauten por separado a la organización terrorista ETA. El consejero de Interior del Gobierno autónomo, Javier Balza, consideró ayer este pacto como un paso cualitativo "muy importante" en la mejora de la coordinación policial. Así, confió en que ayude a superar los "déficits" en el traslado de información hacia la Ertzaintza que se han producido meses atrás y que han provocado agrias polémicas entre ambas administraciones.
Balza, que realizó este anuncio ayer, tras la habitual reunión de los martes del Consejo de Gobierno autonómico, avanzó su disposición a convocar cuanto antes la Junta de Seguridad, el máximo foro de negociación policial entre ambos ejecutivos en el que se ratifican los acuerdos que alcanzan los técnicos en sus reuniones. Desde el Ministerio del Interior se apuntó, poco después de que Balza diera la noticia, que la citada Junta podría reunirse a finales de esta semana o durante la próxima. Este órgano de enlace no ha celebrado ningún encuentro desde 1996.En la actualidad existe una comisión dedicada a la coordinación del servicio de escoltas y las contravigilancias. Fue creada como consecuencia del plan de seguridad elaborado por Balza al inicio de legislatura y contó con el beneplácito del Ministerio del Interior. Cuando la Junta de Seguridad ratifique el acuerdo alcanzado será esta misma comisión, con algún retoque, la que se encargue de analizar con carácter inmediato la documentación incautada a ETA e informar a las respectivas policías. La Ertzaintza, la Guardia Civil y la Policía Nacional participarán en ella.
El secretario de Estado, Pedro Morenés, y el viceconsejero de Seguridad, Mikel Legarda, han dado el último empujón a una negociación que se venía madurando desde principios de junio, cuando la polémica entre los gobiernos central y vasco por la descoordinación policial llegó a su máximo apogeo. Balza denunció en mayo que la Policía vasca no había recibido ninguna información sobre amenazas de ETA a los jueces vascos. La Ertzaintza se enteró de las intimidaciones por boca de los propios magistrados, a pesar de que el Gobierno central estaba al corriente de lo que pasaba. El Ministerio de Interior acusó entonces al consejero de mentir. Posteriormente, desde el PNV se aseguró que el ministro de Interior, Jaime Mayor Oreja, ocultó información sobre el seguimiento que ETA realizaba al dirigente socialista vasco Fernando Buesa, asesinado en Vitoria el 22 de febrero junto con su escolta, Jorge Díez. Las Fuerzas de Seguridad del Estado habían montado un dispositivo de contravigilancia al tener conocimiento, a través de la documentación incautada a ETA, de que Buesa era un objetivo prioritario. La Ertzaintza no sabía nada de la contravigilancia, recalcó entonces Interior vasco.
La polémica se trasladó al Congreso, donde el diputado del PNV, Joxe Joan González de Txabarri, tildó al ministro de "dictadorzuelo de una república bananera". El siguiente capítulo fue la presentación hace pocas semanas de una querella del Gobierno vasco contra el delegado del Ejecutivo central en Euskadi, Enrique Villar, acusándole de colaborar con ETA y por reconocer que la Policía Nacional y la Guardia Civil ocultan a la Ertzaintza información sobre la lucha antiterrorista.
La Junta de Seguridad no aprobará en su reunión otra de las cuestiones consideradas clave por el Gobierno vasco: la ampliación en 500 agentes de la plantilla de la Ertzaintza, que en la actualidad está integrada por 7.350. Balza reconoció que las diferencias entre las dos administraciones sobre esta cuestión son aún importantes.
El aumento permitiría cubrir los vacíos que la prestación del servicio de escoltas ha generado desde la ruptura de la tregua.La Policía vasca dedica 500 agentes a este cometido. Las reservas de Interior se centran sobre todo en los 4.000 millones de pesetas que el Gobierno central debería pagar para financiar los nuevos efectivos.
El ojo público que vigila el gasto de las consejerías
La Consejería de Hacienda dedicará todos sus esfuerzos y Su escaso presupuesto a vigilar el gasto del resto de consejerías y a elaborar estudios para mejorar la eficacia de la Administración regional y evitar agujeros por los que se escape el dinero. Entre las tareas que ha previsto para 1998 está hacer estudios sobre el mercado inmobiliario (Hacienda se dedica a cobrar el impuesto sobre transmisiones patrimoniales), que depende directamente del valor de los inmuebles). Y buscar la manera de reducir los cientos de millones de pesetas que la Administración regional dedica a pagar alquileres para sus organismos.
El consejero de Hacienda, Antonio Beteta, piensa aplicar el próximo año su Plan de Calidad de los Servicios Públicos (227 millones de pesetas) y redactar informes sobre conflictividad laboral. Desde que llegó a la consejería ha puesto en marcha un servicio para descubrir los errores de funcionamiento que puedan existir en la Administración regional.
También efectuará estadísticas sobre demografía e informes para la buena gestión de los fondos europeos que recibe Madrid.
A estos trabajos unirá su función de controlador del gasto público, interviniendo la gestión de todas las consejerías para evitar pagos injustificados, y gestionará con los bancos la contratación de préstamos y la renegociación de la deuda si el precio del dinero sigue bajando.
