El juez deja en libertad al corresponsal de 'Avui'
Sergio Uzquiano, el periodista corresponsal de Avui acusado de haber enviado anónimos amenazadores a los patronatos de turismo de la Costa Daurada, salió ayer en libertad provisional bajo fianza de dos millones de pesetas, después de haber estado más de dos meses en prisión. El Juzgado de Instrucción número 9 de Tarragona todavía está investigando la vinculación del periodista con la campaña de envío de anónimos y colocación de explosivos en las playas de Salou y Cambrils que ocasionaron la muerte de un jubilado de Manresa y heridas en una mano a un agente de la Guardia Civil.La libertad provisional del corresponsal de Avui se produce después de que la fiscalía informara favorablemente para ello, teniendo en cuenta, según explicó el fiscal jefe de la Audiencia, José María Parra, que no existe riesgo de fuga y no hay posibilidad de destrucción de pruebas. El periodista reconoció ante el juez que era el autor de los últimos anónimos recibidos por los patronatos, en los que había simulado ser el autor de la colocación de explosivos del año 1998, y explicó que su acción obedeció a su voluntad de reactivar la investigación policial, paralizada y sin que se hubiera producido detención alguna. Uzquiano siempre ha negado que interviniera en los hechos del año pasado.
Pruebas científicas
El juzgado todavía está a la espera de la conclusión de pruebas científicas que se realizan en el ordenador y la grabadora del periodista, así como de la ampliación de unas pruebas caligráficas que presentaron ambigüedades, por lo que el sumario judicial continúa englobando las dos causas.
El corresponsal fue detenido, junto con su novia, el pasado 11 de abril después de que la policía descubriera que una llamada telefónica recibida en el teléfono móvil que los patronatos dispusieron para que el extorsionador se pusiera en contacto con ellos había sido realizada desde su ordenador. Los patronatos de turismo de Salou, Cambrils y Tarragona habían recibido pocas semanas antes los anónimos, firmados por Robin y Malena, en los que se les exhortaba al pago de 100 millones de pesetas que debían entregar si no querían que se colocaran nuevos explosivos en las playas. La carta exigía la publicación en la sección de desaparecidos de un periódico local del nombre y la foto de una terrorista de los GRAPO junto con el número de teléfono. Si la foto era publicada, el autor del anónimo hubiera descubierto que los patronatos se habían puesto en contacto con la policía (la única que podía tener en su poder la imagen de la terrorista). En los anónimos de este año se nombraba explícitamente a Port Aventura, por lo que el parque temático ha decidido personarse en la causa abierta en el juzgado como parte interesada. Asimismo, figuran como partes los familiares del jubilado de Manresa y el guardia civil herido.
