_
_
_
_
_
Tribuna:
Tribuna
Artículos estrictamente de opinión que responden al estilo propio del autor. Estos textos de opinión han de basarse en datos verificados y ser respetuosos con las personas aunque se critiquen sus actos. Todas las tribunas de opinión de personas ajenas a la Redacción de EL PAÍS llevarán, tras la última línea, un pie de autor —por conocido que éste sea— donde se indique el cargo, título, militancia política (en su caso) u ocupación principal, o la que esté o estuvo relacionada con el tema abordado

A pagar

En fuera de juego o con el culo al aire. Como ustedes prefieran, pero el caso es que decenas de cargos públicos del Ayuntamiento de Alicante (alcaldes, ex alcaldes, concejales, ex concejales... y de todos los partidos) llevan la friolera de 16 años ingresando un dinero que presuntamente, y según una ley promulgada y en vigor desde 1984, no les corresponde. Se han enterado ahora, dicen, y a nosotros nos queda concederles el beneficio de la duda. Unos se echan las manos a la cabeza sólo de pensar lo mal que lo han de pasar si les obligan a devolver el dinero indebidamente cobrado. Otros ya echan cuentas y dan por perdidas las vacaciones de verano. Los hay, también, que respiran hondo al saber que, quizás, su caso ha prescrito... y lo que se da no se quita, santa Rita. Curiosa la explicación a la que se han acogido todos, sin excepciones. Nosotros no somos expertos, dicen, y son los juristas los que nos deben advertir de la presunta ilegalidad de cobrar pagas de beneficios de las empresas mixtas. Cierto, pero no se olviden de un precepto que conocen hasta los niños: el desconocimiento de la ley no exime a nadie de su cumplimiento. Si eso vale para el más desamparado de los mortales, mucho más para quienes tienen la obligación de conocer las normativas directamente afectas al ejercicio de la función pública encomendada, y todavía más para los que, al margen de políticos y concejales, son abogados. Y de esos hay varios. Y en todos los partidos. Esos ingresos están prohibidos, con meridiana claridad, por la Ley de Incompatibilidades. Ya le pueden dar vueltas. Lo justo, ético y políticamente correcto sería devolver hasta la última peseta, incluidas las cobradas más allá de los últimos cuatro años, fecha que todos, sin aportar argumento legal alguno, han marcado como tope para la devolución. En esto también surgen dudas, y habrá que reclamar más informes jurídicos al respecto. Las leyes conceden prescripción a los cuatro años para delitos económicos y deudas tributarias, pero el caso que nos ocupa no puede englobarse en ninguno de estos apartados. Que paguen.

Lo que más afecta es lo que sucede más cerca. Para no perderte nada, suscríbete.
Suscríbete

Regístrate gratis para seguir leyendo

Si tienes cuenta en EL PAÍS, puedes utilizarla para identificarte
_

Archivado En

Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS
_
_