El espionaje al alcance de todos

La buena mujer se alarmó como si hubiera visto el demonio. Oculto bajo la mesa del televisor, un pequeño cable guiaba sus manos hasta un aparato más pequeño que un paquete de cigarrillos. Apuntaba directamente a la cama. Avisó a su compañera del personal de limpieza de un conocido hotel madrileño de cinco estrellas, un hotel por donde pululan con frecuencia mujeres de a tanto la hora. Era un descubrimiento inesperado: alguien había instalado una cámara en la habitación. La seguridad del hotel fue diligente. No hubo denuncia a la policía. La investigación privada concluyó que los infractores, quienes fuesen, no buscaban información delicada: simplemente filmar a inocentes huéspedes en la intimidad, con la esposa, o en una noche loca. Pero la noticia corrió entre la clientela y el establecimiento pasó apuros durante un tiempo. El pasado febrero se supo que en Italia, en varios hoteles de alto standing, se habían instalado videocámaras en habitaciones y cuartos de baño para difundir imágenes íntimas y reales como la vida misma a través de Internet, donde, bajo la palabra voyeur es posible encontrar más de 150.000 páginas por la red a través de cualquier servidor que se precie. Es norma desde entonces en muchos hoteles españoles efectuar barridos periódicos en sus habitaciones o salas de reuniones y mostrar la correspondiente certificación a los clientes para su tranquilidad. Eso si no son los propios usuarios quienes reclaman dichos servicios. Los hay que retiraron cámaras de pasillos y ascensores ante las quejas por exceso de seguridad. Observar a través de una cámara es una práctica tan extendida en España como incontrolada, a pesar de la aprobación en 1997 de una ley que regula la utilización de videocámaras en lugares públicos, que, en la práctica, no se cumple. ¿Cuántas cámaras nos vigilan? Fuentes del sector de la seguridad privada entienden que "quizás cientos de miles de cámaras". Lo hacen a lo largo de una jornada, tanto en edificios públicos como en establecimientos privados, en la calle, en el aparcamiento, quién sabe dónde.

Evidentemente, el objeto de esa vigilancia es la seguridad de personas y locales, pero su falta de control es un hecho. Entre otras cosas, porque proveerse de una cámara con sistema de grabación está al alcance de cualquier bolsillo: por unas 60.000 pesetas, un particular puede adquirir los Ojos de Charo (Eyes Charo), un sistema de videocomunicación portátil que permite la conexión de cuatro cámaras.

Tratar de estimar un censo de los aparatos de vigilancia operativos en España resulta imposible. Las empresas de seguridad no facilitan datos alegando confidencialidad. Un estudio de mercado realizado para la Asociación Española de Empresas de Seguridad (AES) señalaba que en España se invirtieron 142.000 millones de pesetas en servicios de seguridad ya en el año 1996, cifra que ahora supera los 200.000 millones, y revela problemas de intrusismo.

La ley regula la utilización de cámaras fijas y móviles en edificios públicos por las fuerzas de seguridad. Exige la autorización del delegado del Gobierno de cada comunidad autónoma previo informe de una comisión formada al efecto, presidida por el correspondiente presidente del Tribunal Superior de Justicia. La ley detalla que "el público será informado de manera clara y permanente de la existencia de videocámaras fijas, sin especificar su emplazamiento, y de la autoridad responsable" y también que "toda persona interesada podrá ejercer los derechos de acceso y cancelación de las grabaciones en que razonablemente considere que figura". Las grabaciones serán destruidas en el plazo máximo de un mes (artículo 8), "salvo que estén relacionadas con infracciones penales o administrativas". La ley de seguridad privada contempla multas de hasta cinco millones e inhabilitación para todo empleado poco escrupuloso, a salvo de que el Código Penal protege el derecho a la intimidad con sanciones de dos a siete años de cárcel.

Un somero sondeo por las comunidades autónomas revela el descontrol actual. En la Delegación de Gobierno de Madrid reconocen que a la comisión de videovigilancia sólo ha llegado una petición para instalar cámaras en el Ayuntamiento de Majadahonda y que establecer un censo en Madrid es imposible. "Es como contar el número de televisores que hay en la capital", afirma un responsable de la delegación. En la Comunidad Valenciana la respuesta es similar: "Apenas han llegado dos o tres expedientes. Nadie cumple los requisitos. Los ayuntamientos hacen lo que les da la gana". En la delegación de Cataluña, la situación no mejora: "Se enviaron circulares a 50 ayuntamientos para que dieran cuenta de sus instalaciones de videocámaras con resultado negativo". En la comisión figuran sólo 17 expedientes. En otra comunidad autónoma reconocen que no hay registro de cámaras en edificios públicos y también que carecen de sistemas de grabación.

Así que si el sector público carece de control, qué podría afirmarse del sector privado. Las cámaras son habituales en todo tipo de centros comerciales, de mayor o menor tamaño, sin un control específico. Esas cámaras apuntan al interior o a la vía pública, graban o no graban, de acuerdo a la decisión del empresario de turno. De hecho, es frecuente que ante la comisión de un delito, la policía se acerque por los establecimientos próximos para preguntar si se han registrado imágenes que puedan ayudar a desvelar el caso.

¿Quién las instala?, ¿Quién las vende? Todo va a gusto del consumidor. "La demanda va en aumento", reconoce Jesús Delgado, director general de Contraespionaje Electrónico S.L., "entre otras cosas, porque el empresario quiere saber si su listado de clientes está bien protegido, si sus conversaciones no las escucha nadie, si hay empleados desleales en su empresa, o el mero ciudadano que quiere saber si la persona que cuida al niño es de confianza". En su catálogo constan hasta 160 productos, unos abiertos al público en general y otros restringidos a fuerzas de seguridad. "Durante 1995, se vendieron en la Unión Europea 800.000 equipos de escucha, intervención y localización electrónica. En 1996, esa cifra se duplicó. El negocio no para de crecer".

No hace mucho, la policía detuvo a una persona en Barcelona con una microcámara en uno de sus zapatos con la que se disponía a grabar por debajo de las faldas de las mujeres. Más recientemente, el 27 de abril de este año, el Juzgado de lo Penal número 1 de Sabadell absolvió a Laura Macarro, acusada por sus vecinos de un delito contra la intimidad. Había instalado siete videocámaras en su domicilio, que "controlaban el perímetro de su propiedad". Laura se quejaba de recibir amenazas e insultos de sus vecinos, que le hacían "la vida imposible". Denunció estos hechos sin resultado. El juez estimó que las cámaras no permitían "ver más allá de una distancia de visión de 10 o 12 metros" y no podían penetrar en el interior de las viviendas de sus vecinos.

De todo ello se deduce que el sector mejor regulado, hasta el momento, es el fútbol, donde las cámaras están censadas (1.800) y controladas por la policía desde una unidad central en Madrid. ¿Sólo nos queda el fútbol? Durante algún tiempo se discutió quién controlaba esas cámaras en cada estadio, si empleados del club o fuerzas de seguridad, dado que se pagan con cargo a la quiniela. Corren numerosas anécdotas sobre empleados que fisgoneaban en el interior de los edificios colindantes, que han grabado de todo, desde hijos de directivos cazados en indiscreta compañía femenina hasta actos sexuales en el recinto o en sus proximidades.