La dignidad no tiene precio

I. La situación.Cuando en enero de 1999 me trasladé a la República Dominicana para diagnosticar la situación de la Justicia y los Derechos Humanos y proponer aquellos proyectos que debieran encabezar el programa de modernización del país, pretendido por el presidente de la República y financiado por la UE, iba provisto de diversos materiales previos realizados por otros expertos, de los que uno de ellos me parecía fantasmagórico: Miguel Ángel Ordóñez había obtenido el Premio Ortega y Gasset de periodismo de 1996 de EL PAÍS por su trabajo publicado en la revista Rumbo (julio 1996), editada en Santo Domingo, con el reportaje Las cárceles, centros de muerte en R.D. Tan irreal y escalofriante me pareció, que pretendía confirmar lo que en él se afirmaba. Descubrí un país en ebullición, institucionalmente limitado, ambiguamente comprometido con su Justicia y la vigencia de los derechos humanos de muchos. El presidente de la República había creado la Comisión para la Definición, Ejecución y Supervisión de la Política Penitenciaria, designando como coordinadora a la Comisionada de Apoyo a la Reforma y Modernización de la Justicia, con rango de secretaria de Estado, equivalente a ministro en nuestro país. Aura Celeste Fernández es una mujer apasionada y capaz. El presidente de la Suprema Corte de Justicia me trasladó su preocupación por el agujero negro de la situación carcelaria, como condicionante de la credibilidad de todo el sistema, en el que se habían empezado a dar pasos firmes de fortalecimiento democrático. El Dr. Milton Ray Guevara, presidente de la Comisión de Justicia del Senado de la República, miembro del PRD (mayoritario, pero en la oposición) y fundador de la Fundación Institucionalidad y Justicia, había liderado una denuncia sistemática de la situación. Vencidas todas las resistencias, pude acceder al horror. La Victoria, Najayo, San Cristóbal, Rafey... hasta 31 centros de muerte en un país de 8 millones de habitantes. Las prisiones son grandiosas salas de espera de juicio, en las que se almacena a las personas sin acusación, a quienes se cobra peaje por llevarlas ante el tribunal. Es práctica habitual la detención indiscriminada de transeúntes para "depurarlos", los arrestos "por sospecha" o "para investigación", sin delito, orden judicial, ni el más mínimo indicio.

En el informe que remití a la UE denuncié que resultaba desde cualquier óptica inadmisible que se mantuviera por más tiempo el sistema carcelario vigente, salvo que se esté dispuesto a responder por complicidad. Paradójicamente, está en vigor la Ley sobre Régimen Penitenciario 224-84, que resulta inaplicada por avanzada, según expresó el magistrado procurador general de la Corte de Apelación de Santiago. Denunciado unánimemente como el mayor y más grave problema por constituir una vulneración flagrante del sistema de reconocimiento y protección de los derechos individuales contenido en el artículo 8.2 de la Constitución Dominicana, que condiciona negativamente el sistema de Justicia de esa república, por todas las instituciones y personas con las que pude entrevistarme, exigiría que cualquier cooperación internacional se condicionara a su resolución:

-En los centros penitenciarios del país, un total de 31, se puede ingresar por exclusiva decisión policial, sin control judicial.

-No existe garantía alguna de la identidad de las personas que son ingresadas en las cárceles, justificándonos su diligencia con la certeza de que eran fotografiados al ingresar por un recluso-fotógrafo, que las hace con su polaroid.

-El régimen interno de los centros está encomendado a los propios reclusos de confianza (probotes), quienes han establecido sus particulares criterios de tratamiento y disciplina, listados informáticos, préstamos, cambio de objetos, protección, beneficios sociales...

-Las instalaciones de los recintos visitados carecen de las más indispensables condiciones de salubridad.

-La alimentación en la prisión de Najayo es tan deficiente que únicamente el 10% de los reclusos la ingiere al no tener recursos para adquirir otra a reclusos privilegiados.

-La asistencia médica es tan deficiente que sólo acceden a ella cuando les permiten salir otros internos, descubriéndose a enfermos graves con necesidad de hospitalización que no estaban ni controlados por los servicios médicos, quienes se justificaron porque "no saben dónde están los enfermos" y quienes ninguna historia médica ni control acreditaron, careciendo de toda medicación, que deben procurársela los propios enfermos.

-Se favorece la promiscuidad y la propagación de enfermedades de transmisión sexual al estar ocupadas por un número de reclusos tres veces superior al disponible.

-Se evita el traslado de los presos a las llamadas judiciales, justificándolo en la carencia de recursos, siendo generalizada la opinión de que se condiciona al abono de determinadas cantidades en beneficio de la "cadena", que incluiría el gasto de gasolina y alquiler de esposas. Se paga hasta para ser condenado (citaciones, transporte policial). La libertad es cara y excepcional.

-Las suspensiones de juicios por reenvíos o cancelaciones ascendieron al 84,8% del trabajo programado en los tribunales en 1996 (70,3% por falta de citación o incomparecencia forzada por falta de conducción, 18,7% por inasistencia de jueces, 6,6% por inasistencia del ministerio público, según datos del Informe Guerra-Elorza-Arias). Conocí a quien había sido reenviado 160 veces.

-Nadie pudo justificarme por qué permanecían privados de libertad algunos individuos que tenían cumplida la condena. Es frecuente llevar tres años preso por violación a la ley correccional que sólo prevé penas de prisión hasta 6 meses. ¡Hasta la obtención del certificado de libertad requiere un impuesto!

-La prisión preventiva es la regla, cualquiera que fuera la gravedad de los hechos imputados, prolongándose por tiempo incluso superior al de la pena que pudiera corresponder. La libertad se convierte en sospechosa.

-Aun estando fijada la mayoría de edad penal en los 18 años, permanecen en los mismos centros menores desde los 14 años, sometidos a toda clase de vejaciones. Según datos de la Fiscalía del D.N. en febrero de 1999, en la cárcel de Najayo se encuentran 156 menores (31% de 17 años, 27% de 16, 21% de 15, 10% de 14, resto de edad indefinida); el 92% sin abogado defensor; el 52% más de tres meses y el resto hasta 2 años; sólo 13 (el 8% del total) condenados. Resulta significativo que estos datos actualizados corresponden a una información levantada en septiembre de 1998 y en noviembre de 1998: el comisionado informa, en su Boletín nº 5, que la población penitenciaria juvenil "oscila" entre 230 y 250 menores, de los cuales el 92% son preventivos y una gran cantidad superan el límite de dos años de privación de libertad.

-Obvio es decir que no existe ningún sistema de tratamiento rehabilitador.

-El presupuesto por interno es de 1,12 pesos diarios (aproximadamente 10 ptas ó 0,07 dólares USA), notoriamente insuficiente.

-En la prisión de San Cristóbal tienen encomendada la seguridad interior unos presos armados, el aula de costura dispone de una máquina de coser medieval, la escuela de alfabetización no tiene sillas y el taller de ebanistería se encuentra en el tejado.

-Existe discrepancia en las cifras diarias de personas que permanecen recluidas, variando según la fuente sea la Dirección General de Prisiones, dependiente de la Procuraduría General (13.125 el 12 de enero de 1999), los responsables de los centros (13.149) o los internos controladores (algunos más).

En el excelente reportaje de M. Á. Ordóñez se constata: "El Estado condena a diario a perder su dignidad, su orgullo y, en ocasiones, a pagar con su vida en mazmorras medievales. La corrupción y degradación extremas, en forma de hacinamiento, promiscuidad, violaciones a menores, drogas, reyertas, sobornos, torturas, campean a sus anchas. La voz de la conciencia de este país sufre una afonía crónica. Se pueden pasar años en la cárcel sin que nadie lo sepa. Los extravíos de expedientes son habituales. Se paga con cárcel las multas. Todo es un negocio. Todos son condenados a compartir enfermedades, suelo, intimidad, perversiones, excrementos y agua sucia. Conseguir una colchoneta cuesta entre 50 y 150 pesos. Semanalmente mueren entre 3 y 6 presos. Más de 2.000 están afectados por tuberculosis, sida, cáncer, venéreas, tifus. La Dirección Nacional de Control de Drogas ha prohibido llevar a los enfermos al hospital si están por narcotráfico, señala a los jueces la sentencia más conveniente y retiene las órdenes de libertad. Nadie violenta más los derechos humanos que el propio Estado. Los militares y la Policía se disputan la gestión de la panadería, alquilan los grilletes por 60 a 80 pesos, ofrecen mujeres por 50, inscribirse en la lista de salida a juicio de 20 a 50, limpieza y protección diaria por 25. Es la rentable industria del preso. Las violaciones de los menores son rituales. Cada día se subastan los nuevos, que alcanzan los 500 pesos".

II. Razones para la reflexión.

Mi amigo dominicano, el médico catalán Jaume Ollé, comprometido en el plan de prevención y tratamiento del sida, también financiado por la UE, me viene remitiendo recortes de prensa para paliar mi dolor. En el Listín diario del 19 de julio de 1999, el procurador general de la República anunciaba a bombo y platillo que el jefe del Estado prometía dar comida a los reclusos.

En el mismo periódico de los días 6 y 7 de enero de 2000 se refiere que el día anterior reclusos de diferentes cárceles se habían amotinado, resultando varios heridos con arma blanca, quemaduras, riñas, fugas... La secretaria de Estado Aura Celeste Fernández anuncia su dimisión en la Comisión Penitenciaria "para no ser responsable de cualquier desastre, motín, epidemia, incluso muertes en las cárceles del país. Las obras de infraestructura se han paralizado. En el Presupuesto General de la Nación ha desaparecido el dinero para la formación y contratación de policía penitenciaria. No se abordan los cambios substanciales en la Dirección General de Prisiones, que depende del procurador general de la República, amigo y correligionario del presidente. Sólo se ofrece en las cárceles el postgrado para otra criminalidad".

El 18 de marzo de 2000 se ha consumado la tragedia: 12 reclusos de La Victoria han muerto y 30 sufrieron quemaduras de diverso alcance como consecuencia de un incendio en un comedor del recinto donde estaban alojados, de los que al menos tres han fallecido. Según algunos compañeros de celda, son más de 20 los que han desaparecido al no constar en la lista de muertos ni heridos. La Comisión Nacional de Derechos Humanos revela que varios reclusos fallecidos presentaban orificios de bala, lo que hace presumir que fueron tiroteados para evitar su huida. Otro incendio se propagó por la cárcel de San Juan, pero pasó desapercibido para la ciudadanía y medios de comunicación, pues a nadie interesaba darle publicidad.

Las reacciones oficiales han sido inmediatas: El presidente de la República dijo que tragedias como ésta "ocurren en todas partes del mundo. Son hechos trágicos, desafortunados, fortuitos y accidentales". La comisionada de apoyo a la Reforma y Modernización de la Justicia (ministra del Gobierno) aseguró que "ninguno de los poderes del Estado ha tenido una real voluntad política para enfrentar la crisis del sistema penitenciario, faltando osadía de parte de la ciudadanía para exigir que el problema se solucione definitivamente". El fiscal del Distrito Nacional aboga por una reforma radical del sistema penitenciario. El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos anuncia una interpelación al Gobierno ante los organismos internacionales, definiendo de barbarie la actitud policial, que se negó a abrir las celdas del incendio, disparó al interior y trasladó a los heridos engrilletados hasta los centros asistenciales. Fray Aristides Jiménez, coordinador de la Pastoral Penitenciaria, reclamó a la Secretaría de Salud Pública las razones de la devolución a las prisiones de los heridos sin atender desde un centro hospitalario (Listín diario y El siglo de 22 a 26 de marzo de 2000).

El Comité Europeo para la Prevención de la Tortura y Tratos Inhumanos y Degradantes del Consejo de Europa ha solicitado hace unos días al Gobierno español que mejore el trato y se garanticen los derechos de los detenidos. Es la esquizofrenia mundial o ¿también globalizada?

Muchos miles de euros tiene comprometidos la UE para el apoyo al programa que me ocupó, pero advertida quedó que, so pena de ser cómplice de la situación, sólo podría comprometerlos en la medida en que las instituciones del Estado dejaran de negociar con la dignidad de sus ciudadanos o de los vecinos haitianos, que de ellos les contaré otro día.

También nuestro país financia, pero qué y a quién. Tengo escrito en otra parte que "el ser humano tiene dignidad, pero no precio. A ninguno y en ninguna situación podemos comprar. Sólo intentarlo nos convierte en mercenarios de la indignidad".

José María Tomás y Tio es magistrado y presidente de la Fundación por la Justicia.