La fiscalía recurre ante el Supremo la sentencia por el incendio de Vandellòs I
La Fiscalía de la Audiencia de Tarragona interpuso ayer recurso de casación contra la sentencia dictaminada por la sala tercera y que absolvió a los cuatro directivos de Hifrensa (empresa explotadora de Vandellòs I) y del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) de un delito de riesgo por el accidente acaecido en el complejo atómico de Tarragona en octubre de 1989. Según informó ayer el fiscal jefe de la Audiencia, José María Parra, el recurso se ha centrado principalmente en el hecho de que el tribunal se haya basado más en la inexistencia de vertidos contaminantes o daños a las personas fruto del accidente que en la situación de riesgo en que los directivos incurrieron al no cumplimentar las modificaciones que el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) les exigió en 1986, tres años antes del suceso.A juicio del fiscal jefe, el tribunal se ha centrado más en el origen del accidente -causado por el desprendimiento de los álabes de la turbina situada en la zona no radiactiva del complejo- que en las consecuencias que éste tuvo. "Si las modificaciones exigidas por el CSN se hubieran implantado, éstas se hubieran minimizado", cree Parra. La fiscalía del Alto Tribunal dispone ahora de 15 días para dictaminar si corresponde su presentación o no.
Parra considera que los magistrados de Tarragona han interpretado de forma errónea el informe final del CSN -cuyos postulados fueron decisivos en la decisión del Ministerio de Industria de clausurar y desmantelar la central nuclear- y sostiene que el tribunal no ha aplicado de forma correcta el delito de riesgo de que se acusa a los directivos de la central nuclear. Según el representante del ministerio público, su alegato para la presentación del recurso de casación está basado en sus propias conclusiones y reitera nuevamente la responsabilidad de los directivos, Fernando Roset, Mariano Mataix y Carlos Fernández Palomero y del director técnico del CSN, Jacobo Díaz, en el mayor accidente acaecido nunca en un complejo atómico español.
Por su parte, las acusaciones popular y particular, representadas por Marc Viader y Marc Palmés respectivamente, explicaron ayer que se sumarán también a la interposición del recurso de casación, aunque no lo formalizarán hasta tener segura la cobertura económica del juicio, dado que en caso de que éste resultara absolutorio igualmente, tendrían que hacerse cargo de las costas procesales. En este sentido, los letrados mantienen conversaciones con la organización ecologista Greenpeace, cuyos abogados estudian la viabilidad de la presentación del recurso.
