Expertos juristas creen que los intereses políticos salvarán al general
Los juristas que participaron la semana pasada, en Salamanca, en el XII Congreso Universitario de Alumnos de Derecho Penal, bajo el lema Hacia un Derecho Penal sin fronteras, vaticinaron la impunidad del ex dictador chileno Augusto Pinochet, a pesar del cambio de Gobierno producido en ese país. El criterio general fue el de que, por lo que respecta al caso Pinochet, los argumentos jurídicos han sido arrinconados por los intereses políticos.Con especial contundencia se manifestó el catedrático de Derecho Penal Gerardo Landrove, quien, preguntado sobre lo que ocurrirá con el ex dictador Pinochet tras el cambio de Gobierno en Chile, respondió, tajante: "No va a ocurrir absolutamente nada. Pinochet seguirá gozando de impunidad, mediante una ley del olvido, o pretextos como el asentamiento de la democracia chilena, que está vigilada por los que tienen las armas. No prevalecerá la justicia, porque lo único organizado es la injusticia".
Landrove lamentó que todo el avance jurídico hacia una justicia universal haya quedado paralizado, y calificó de ingenuos a quienes se conforman con la reprobación moral de Augusto Pinochet.
Frente a quienes centran sus esperanzas en el Tribunal Penal Internacional, este catedrático lo evaluó como "un futurible", ya que será difícil que sesenta países lo acepten (hasta ahora sólo han firmado siete). Y, en todo caso, mientras tanto, apostó por una justicia universal, que, según él, debió llevar al general Augusto Pinochet al banquillo "en España o en otro de los Estados que lo reclaman por delitos contra la humanidad".
"Vestigio del pasado"
Tanto Landrove como Juan Carlos Ferré, otro catedrático de Derecho Penal, intervinieron como ponentes de un debate sobre la extradición. Landrove aseguró que el Ministerio del Interior británico se ha situado "por encima" del poder judicial, y Ferré criticó la decisión de liberar a Pinochet "por razones humanitarias".
Ambos coincidieron con otros juristas en la necesidad de judicializar los procesos de extradición, en línea con una reciente resolución del Tribunal Supremo español, que consideró "un vestigio del pasado" la paralización político-administrativa de la extradición acordada en vía judicial.
Siro García, presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional -que desmontó los argumentos de la fiscalía que se oponían a la extradición de Pinochet-, se negó a referirse "a ningún Augusto", pero insistió en que los jueces penales deben tener las máximas atribuciones sobre la extradición de delincuentes. El presidente de la Sala de lo Penal lamentó que la intervención de los jueces sea vista por los Estados como un problema.
