El Estado chileno se persona en el caso de la 'caravana de la muerte' contra Pinochet

El Estado chileno pasó ayer a ser uno de los querellantes contra el ex dictador Augusto Pinochet, después que el Consejo de Defensa del Estado (Fiscalía), un organismo autónomo del Gobierno y encargado de defender los intereses estatales, acordara "por estimarlo conveniente a los intereses de la sociedad y el Estado" personarse en el proceso contra Sergio Arellano Stark y otros por el caso de la caravana de la muerte, que sustancia el juez Juan Guzmán y por el cual se pidió el desafuero del anciano general. El cerco contra Pinochet en su país, por tanto, se estrecha.

La resolución del organismo, firmada por su presidenta, la abogada Clara Szczaranski, indica que la intervención del Consejo "tiene por objeto coadyudar en el establecimiento procesal de la verdad y en la sanción de quienes resulten jurídicamente responsables". Se trata de una decisión sorprendente e inédita, ya que en otra oportunidad anterior este Consejo rechazó hacerse parte.Una avalancha judicial de querellas por violaciones de los derechos humanos se abate sobre Pinochet desde que el juez Juan Guzmán Tapia comenzara a tramitar la petición de desafuero del ex dictador, con un ritmo muy superior al de los meses previos a su regreso a Chile. El cerco judicial contra Pinochet se amplió ayer de manera decisiva con la decisión de la Fiscalía y la presentación de seis nuevas querellas criminales en su contra, que elevan a 72 el número total, de las cuales 12 fueron entregadas a Guzmán entre el lunes y martes. La ofensiva de los querellantes, desatada en buena medida por la provocación a los familiares de las víctimas de la dictadura que constituyó la ceremonia militar de recepción de Pinochet y el despliegue de tropas que le rodeó al llegar a Chile, aumentó la presión sobre los jueces.

El presidente de la Corte de Apelaciones, Rubén Ballesteros, consciente de que los ojos del mundo están puestos en la decisión que adoptará el pleno de ese tribunal sobre el desafuero del ex dictador por los crímenes de la caravana de la muerte, informó de que los magistrados se reunirán de manera extraordinaria para tratar el caso y que éste tendrá una relatora de dedicación exclusiva, lo que puede acelerar el ritmo de la decisión. Mientras, en declaraciones para minimizar el impacto, el presidente de la Corte Suprema, Hernán Álvarez, dijo que el desafuero será resuelto como cualquier otro proceso.

Cada nueva querella es un eslabón más de la cadena judicial que busca cercar a Pinochet. Por cada una de las 72 querellas presentadas, sobre la base de antecedentes que muestren la participación criminal de Pinochet bajo cualquiera de las figuras que reconoce el procedimiento penal chileno -autor, cómplice o encubridor- en los delitos que se le imputan, se le puede presentar una petición de desafuero.

Según explica la abogada Carmen Hertz, que integra el grupo de juristas que encabezan las querellas, la petición para levantar el fuero que protege a Pinochet depende de los querellantes. "Creemos que el juez está obligado a elevar los autos a la Corte de Apelaciones. Basta con que existan dudas sobre la participación criminal del imputado, pues el desafuero es un procedimiento previo y distinto al sometimiento a un proceso", afirma Hertz.

Los casos en los que aparece más probada la participación personal de Pinochet en los crímenes de la dictadura, a juicio de los querellantes, son aquellos en que están involucradas la DINA (Dirección de Inteligencia Nacional) o la CNI (Central Nacional de Informaciones), de las cuales el general era el superior jerárquico directo y que le rendían cuentas a él.

En el caso de la caravana de la muerte, su participación está más fundamentada que en otros por el mandato que Pinochet le dio por escrito al jefe de esta comitiva militar -autora de 72 crímenes en octubre de 1973-, general Sergio Arellano. En este caso, ayer el juez Guzmán concedió la libertad provisional con consulta previa a la Corte de Apelaciones al general Pedro Espinoza, ex número dos de la DINA, uno de los procesados.

La derecha reaccionó ante la avalancha que cae sobre el ex dictador. El senador de Renovación Nacional Ignacio Pérez Walker denunció que existe una "presión indebida" sobre el juez Guzmán por parte del actual presidente, Eduardo Frei, y del futuro mandatario, Ricardo Lagos, que asumirá la presidencia este sábado, buscando imponer justicia "para que desde afuera nos miren bien".