El peor indicador de la legislatura JOAQUIN NIETO

El incremento de los accidentes laborales, que ha alcanzado el 40,53% a lo largo de estos cuatro años, se ha convertido en el peor indicador socioeconómico de la legislatura que ahora termina.Impacta el drama humano que hay detrás de esta afirmación: entre 1996 y 1999 tres millones de trabajadores causaron baja por accidente, cerca de cincuenta mil con lesiones graves, y casi seis mil encontraron la muerte. Impresionan también las pérdidas económicas: todos estos accidentes nos han costado nueve billones de pesetas.

Hay quien, pretendiendo relativizar el problema, sostiene que este aumento de la siniestralidad laboral se corresponde con el crecimiento de la actividad económica, como si de un tributo inevitable se tratara; pero tales incrementos ni siquiera son correlativos: en el último cuatrienio la economía ha crecido un 16,5%, los accidentes dos veces y media más.

En todo caso, lo que revelan estos datos es que dicho crecimiento económico ha sido en parte a costa de aumentar la inseguridad laboral, deteriorando las condiciones de trabajo. Lo que viene sucediendo en el sector de la construcción, que acumula una cuarta parte de las muertes por accidente, es especialmente revelador. La generalización de las subcontrataciones en cadena, la prolongación de la jornada real de trabajo unida a los largos desplazamientos, la intensificación de la productividad de cada trabajador a costa del incumplimiento empresarial de las más elementales normas legales de seguridad en las obras... Todo ello ha provocado el rosario de accidentes que sufren diariamente los obreros del sector.

Cuando los sindicatos hemos convocado unitariamente a más de un millón de trabajadores de la construcción a dos jornadas de huelga general, para los próximos días 24 y 25 de febrero, no lo hemos hecho solamente para protestar por las muertes y lesiones que podrían haberse evitado, sino también para proponer y exigir soluciones: la regulación de las subcontrataciones, en los términos planteados por la Iniciativa Legislativa Popular que, promovida por CCOO, ha sido presentada al Parlamento con el aval de más de medio millón de firmas; la mejor representación de los trabajadores, a través de delegados sectoriales territoriales, para que puedan ejercer así efectivamente sus derechos; la mayor eficacia de la actuación inspectora y sancionadora por parte de los gobiernos y del poder judicial; el cumplimiento de la Ley por parte de los empresarios.

Precisamente ahora, coincidiendo con el fin de la legislatura, se cumple el cuarto aniversario de la entrada en vigor de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Una Ley tan necesaria y esperada por los trabajadores, como incumplida por los empresarios. ¿Por qué será que las leyes laborales que regulan derechos de los trabajadores, son tan inaplicadas por los empresarios como ineficaces son los gobiernos y jueces a la hora de perseguir su incumplimiento? Mucho estamos trabajando las organizaciones sindicales para corregir esta situación y, a pesar de lo descorazonadores que pueden ser los últimos datos, se ha creado una reacción social que hace más posible que nunca que nuestras propuestas e iniciativas se abran camino.

Durante el año 2000 podemos y debemos invertir la tendencia al aumento de la siniestralidad laboral. Sin excluir otras muchas iniciativas, bastaría con emprender actuaciones ante determinadas empresas para que cumplan las normas de seguridad y salud en el trabajo, intensificando la presión en aquellas que acumulan la mayor parte de los accidentes. Así se hizo en Aragón el año pasado con las 667 empresas que sumaban más accidentes, lográndose en ellas una reducción del 23%, lo que ha situado a Aragón como la comunidad con menor incremento de la siniestralidad laboral durante 1999.

Treinta mil empresas españolas suman casi la mitad de los accidentes de trabajo. En la última reunión de la Comisión Nacional de Salud y Seguridad en el Trabajo se acordó por unanimidad realizar durante el año 2000 una actuación similar a la de Aragón en todas esas empresas. Es un acuerdo que compromete a todos los que participamos de aquella unanimidad: al gobierno español y a los gobiernos autónomos, a las entidades empresariales y a las organizaciones sindicales. También los sindicatos tenemos derecho a contar con el apoyo institucional necesario para poder ejercer nuestra labor representativa a través de los delegados y delegadas de prevención de esas empresas. No menos imprescindible es la actividad de las mutuas de accidentes de trabajo, que deben sin más dilaciones ejercer con rigor las actuaciones preventivas que tienen encomendadas, haciendo un uso apropiado y eficaz de los más 30.000 millones de pesetas de dinero público del que disponen para prevención de riesgos laborales.

Estamos, pues, empeñados en conseguir detener, en el año 2000, la siniestra tendencia al aumento de los accidentes laborales que venimos sufriendo estos últimos años; iniciando así un camino al menos de equiparación a las condiciones de trabajo de los demás trabajadores europeos, que han logrado que sus gobiernos y empresarios respeten más que los nuestros los derechos laborales y las normas de salud y seguridad en el trabajo.

Joaquín Nieto es secretario confederal de medio ambiente y salud laboral de CCOO.