Subvenciones de urgencia
Enero nos ha dejado un ejemplo precioso, con todas las características de cómo no se debe hacer política. Primero se creó la alarma: en los próximos años la población de España disminuirá en 10 millones de personas. Después, sin mayor reflexión ni discusión, se consideró que, puesto que hay un problema, hay que utilizar los recursos del Estado para resolverlo. Finalmente, el Consejo de Ministros acabó repartiendo variadas subvenciones a la natalidad. Tiene poco interés detenerse en subrayar el carácter de derechas de la política aprobada. Quien gane 50 millones de pesetas al año recibirá del Estado un cuarto de millón si tiene gemelos, y medio millón si tiene trillizos, mientras que el humilde matrimonio de administrativos que, con un sueldo de dos millones, decida tener su primer hijo, no recibirá nada. Se repite lo que ya vimos con la reforma del IRPF. Antes de la reforma recibían todos lo mismo; después, recibe más dinero por hijo el rico que el pobre. Cualquiera que sea el juicio político, esta política es, desde el punto de vista económico, un despilfarro de recursos públicos.Tiene más interés fijarse en el reflejo condicionado que lleva a que, ante cualquier problema, se requiera inmediatamente la intervención del Estado. Nuestra derecha comparte esta actitud antiliberal con parte de la izquierda europea y española. Ni por casualidad se les ha ocurrido a nuestros gobernantes que, antes de proponer que el Estado se meta en cuestiones muy privadas, como la decisión de procrear, deberían dejar de poner obstáculos a quienes quieren tener hijos. Por ejemplo, podrían cambiar una política de suelo que ha conseguido en dos años aumentar su precio en más de un 40 % mientras los salarios han aumentado un 5%. Esto ayudaría más a las parejas jóvenes que las subvenciones aprobadas.
Pero lo más preocupante es ese estilo, tan español, de aplicar soluciones inmediatas, sin analizar ni discutir los problemas reposadamente. Ese estilo de cow boy, de desenfundar las medidas antes de que nadie pueda reaccionar, no es sólo achacable a los políticos, sino que responde a una opinión pública que aplaude la rapidez en la acción y le aburre la actitud reflexiva y la discusión serena. Pero, aun siendo habitual, nadie había llegado hasta ahora al extremo casi ridículo de aprobar, con urgencia, unas subvenciones que pretenden resolver un problema que podría aparecer dentro de 30 años.
Porque puede no aparecer. Una discusión reposada habría descubierto que podría no surgir tal problema y que, en cambio, podríamos tener otro. Con un poco de tiempo, los españoles podían haber ojeado la publicación del INE titulada La fecundidad en España, donde se estima en 55 millones la población de España para el 2025, esto es, 15 millones más que la actual. La publicación es de 1977 y, por eso mismo, sirve para desconfiar de las extrapolaciones con que hoy nos alarman.
Con más tranquilidad, habríamos prestado atención a lo escrito por Carmen de Miguel en este periódico, sugiriendo que la población de España no descenderá, porque el desequilibrio entre oferta y demanda de mano de obra va a generar más inmigración. Si tuviera razón, deberíamos centrarnos en que la integración de los inmigrantes se haga dulcemente. Finalmente, no sólo se ha decidido deprisa, sino, además, a ciegas. A lo mejor el problema no está en el futuro, sino en el presente, pero no lo sabemos.
Si queremos alarmarnos con algo, deberíamos hacerlo porque el INE esté computando el incremento anual de extranjeros en 35.000 personas, cuando, sin contar los ilegales, solamente los registrados en el Ministerio del Interior están aumentando en más de 100.000 al año. Contar bien el número de ciudadanos ha sido una de las funciones más antiguas del Estado que no debería abandonarse. Sería bueno que los gobiernos se ocuparan de facilitar la discusión de los problemas y quitar los obstáculos a las decisiones individuales que ellos mismos crean, antes que precipitarse a utilizar el Estado como estimulante de la procreación, a través de subvenciones.
