Abordar el debate social
Recientemente, la ONU ha alertado sobre el envejecimiento demográfico, planteando la inmigración como una posible solución al descenso de la fuerza de trabajo y al problema de financiación de las pensiones que afrontan a medio plazo los países desarrollados. Este enfoque parte de las proyecciones de la Organización, según las cuales, en un escenario de recuperación media de la fecundidad y entradas de emigrantes reducidas, la población europea retrocedería en el próximo medio siglo en 100 millones, correspondiendo a España una caída superior a nueve millones. Por otra parte, la relación de dependencia entre personas en edad pasiva y activa alcanzaría en el 2050 el 72% en Europa y el 95% en España, siendo esta cifra la más elevada del mundo.La propuesta de las migraciones de sustitución se viene defendiendo desde diversos ángulos, aunque también provoca reacciones contrarias basadas en los problemas sociales que conllevarían. Los argumentos a favor son numerosos, tanto por la necesidad de la inmigración como por su inevitabilidad, dejando aparte las razones de solidaridad, eliminación de barreras y nivelación progresiva de las abismales diferencias de renta entre los países pobres, que concentran la mayoría de la población, y los ricos, cuyo peso demográfico es cada vez más reducido.
La inmigración es necesaria porque las medidas incentivadoras de la natalidad, al margen de su dudosa eficacia, no pueden evitar un envejecimiento que viene determinado por la estructura actual de la pirámide. Esta inexorable inercia la evidencian los escenarios elaborados bajo las hipótesis más optimistas de recuperación de la fecundidad, que también reflejan hasta el año 2050 una caída acelerada de la población en edad laboral y un aumento del peso de los ancianos. Otras medidas para paliar la incidencia del envejecimiento sobre las pensiones son el recorte de las prestaciones y el retraso de la edad efectiva de jubilación. Un reciente estudio de la Comisión Europea opta, entre otras, por este tipo de reformas, y considera "políticamente impensables" los escenarios de intensa inmigración. Aunque hay argumentos para el retraso de la jubilación, fundamentalmente el aumento de la esperanza de vida, no se puede ignorar el rechazo social de medidas de esta naturaleza, que, en todo caso, no son incompatibles con políticas migratorias más expansivas.
Y ello porque, incluso con políticas restrictivas, la inmigración se impondría como consecuencia del avance de nuestra renta y la decreciente presión demográfica sobre el mercado de trabajo. Aunque el aumento de la participación laboral femenina está sosteniendo el crecimiento de la población activa, éste se ralentiza progresivamente, lo que, junto con el dinamismo del empleo, explica la rápida reducción de la tasa de paro. Dicha tasa todavía es muy elevada (15,4%), si bien se distribuye desigualmente, lo que, unido a la insuficiente movilidad, se traduce ya en una escasez de mano de obra en determinados mercados que se suple con inmigrantes, muchos en situación irregular, hecho que está contribuyendo a la contención salarial. Aunque las estadísticas no cuantifican la inmigración en toda su extensión, apuntan a entradas muy superiores a las supuestas en los escenarios demográficos. Así, la cifra de extranjeros residentes aumentó de 610.000 a 720.000 entre 1997 y 1998, lo que implica un incremento anual de 110.000 sin contar las entradas irregulares. Este flujo, en continuo ascenso, contrasta con las proyecciones de la ONU, que suponen un saldo inicial de 20.000 inmigrantes, que se reduce hasta anularse, y con las del INE, que incorporan una entrada constante de 35.000.
España presenta todavía una proporción escasa de población extranjera, inferior al 2%, frente al 6% en Francia y el 9% en Alemania. Sin embargo, la situación está cambiando rápidamente y nuestro país se está convirtiendo en uno de los principales destinos de los movimientos migratorios, ya que, a las razones económicas y demográficas, se une la atracción cultural para Latinoamérica y la vecindad con África, el continente con crecimiento poblacional más intenso. Es urgente enfrentar este fenómeno en todas sus vertientes, abordar un debate social que no ha tenido lugar previamente a la aprobación de la Ley de Extranjería y diseñar con base en esta norma una política integral en el marco de la Unión Europea. Se trata de evitar la peor de las situaciones, que ya se está produciendo, de una inmigración irregular, marginada y que no contribuya con impuestos y cotizaciones. Para impulsar la integración de los emigrantes, objetivo imprescindible para el avance de la riqueza y la renta, es fundamental la concienciación de la sociedad respecto a la necesidad de la inmigración, frente a la actitud de rechazo detectada en encuestas recientes.
Carmen de Miguel Castaño es economista y estadística.
