El pulso por la financiación y el censo

Radiografía de una legislaturaCinco leyes de Presupuestos de Andalucía en cuatro años, un Pacto por el Empleo y el Desarrollo Económico de Andalucía (PEDEA 97-98), el IV Acuerdo de Concertación Social de Andalucía, el Plan Económico Andalucía 2000, el Plan de Desarrollo Regional de Andalucía 2000-2006, el II Plan Estadístico de Andalucía y la Ley de Cajas de Ahorro de Andalucía, resumen los cuatro años de la Consejería de Economía y Hacienda en la legislatura que ahora termina.Pero frente a ese balance legislativo y de planificación, el departamento que dirige Magdalena Álvarez ha sido la punta de lanza de la Junta de Andalucía, e incluso de la oposición socialista en el Congreso de los Diputados, a la política económica del Gobierno central del Partido Popular.

La batalla emprendida por la Junta contra el modelo de financiación autonómica implantado por el Gobierno de José María Aznar ha mantenido en vilo al Partido Popular desde su aprobación en septiembre de 1996. No sin dejar herido a más de un secretario de Estado y a más de un parlamentario regional.

Las tesis mantenidas por el equipo de Magdalena Álvarez han acabado imponiéndose desde Andalucía en el propio seno del PSOE y han conseguido triunfos parciales aunque la guerra siga con sus frentes activos.

Prueba de esos triunfos es la admisión a trámite por el Tribunal Constitucional de los recursos presentados por la Junta de Andalucía contra los sucesivos Presupuestos Generales del Estado desde 1997, en los que la reclamación del censo real de la población andaluza en su financiación autonómica ha sido el argumento principal.

El censo se ha convertido en más que una reclamación financiera para saltar de los debates parlamentarios y los recursos judiciales a las vallas publicitarias de la precampaña electoral socialista en Andalucía que ahora comienza. "Señor Aznar, somos 400.000 más".

Los cálculos de la consejera no han fallado hasta el momento y si en el verano del 96 se aventuraba a decir que el sistema de financiación autonómica basado en la cesión del 30% del IRPF sería un fracaso, la modificación del modelo por el Gobierno en el siguiente ejercicio y las reclamaciones de los nacionalistas catalanes, exigiendo un modelo similar al cupo vasco, le han dado la razón. Frente a ello, el Partido Popular ha ido desgranando cifras: De los 476.000 millones de pesetas que en principio dijo Manuel Atencia, portavoz del PP en la Cámara andaluza, que se perderían por no aceptar el modelo financiero se pasó a los 146.636 millones que el ministro de Economía, Rodrígo Rato, esgrimió en la tribuna del Congreso en octubre pasado durante el debate de Presupuestos de 1999. La Justicia, ciega pero lenta, tendrá que poner el punto final al conflicto.

Pero junto a esa constante pugna por denunciar la falta de medios del Estado para con Andalucía, la Consejería de Economía ha hecho suyo el logro de conseguir un ritmo de crecimiento económico superior a la media española y europea y mantener a raya la inflación, también por debajo de la media nacional, en una región donde el lastre del paro, pese al elevado ritmo de creación de empleo, se ha mantenido propiciado por el crecimiento de la población activa andaluza. Logros que la oposición ha minimizado, con el argumento de que el éxito responde a la política global de la nación -caso del PP- o a la respuestas que economías dependientes, caso de la andaluza, ofrecen a periodos de expansión económica y al bajo nivel de consumo que poseen los andaluces, con sueldos inferiores a los de otras comunidades, caso de los 240.000 funcionarios dependientes de la Administración.

El AVE Córdoba-Málaga ha sido otra de las batallas que la consejera ha hecho suyas en su personal apuesta por aprovechar la llegada de fondos de la Unión Europea. Ahora, con el cierre del nuevo Marco de Apoyo Comunitario, Álvarez ya ha advertido de una nueva declaración bélica: Si el Gobierno central no aplica en la distribución por comunidades los mismos criterios que Bruselas en el reparto entre los países miembros, habrá conflicto.

Otro de los acuerdos en el que el papel jugado por la consejera Álvarez ha sido decisivo -la Consejería de Salud también lo anota en el haber- ha sido el de la Financiación Sanitaria 1998-2001, quizá el único alcanzado por la Junta de Andalucía en materia económica y presupuestaria durante la legislatura.

Pero el broche de la legislatura ha sido el debate y aprobación de la Ley de Cajas de Ahorro de Andalucía. Una ley que la oposición ha tildado como "un auténtico fracaso" de Magdalena Álvarez en palabras de Salvador Fuentes (PP) o "una ley hecha manu militari", según Francisco Ríos (IU). La aprobación de la ley de Cajas ha tenido una gran repercusión y contestación social por la pérdida de poder de determinados personajes financieros y sobre todo por la eliminación de privilegios de la Iglesia en la gestión de CajaSur. Algo que Ríos define como "el encontronazo con una realidad, la de las Cajas, plagada de reinos de taifa y enquistados virreyes o reyezuelos".

Lo que el Gobierno regional presentó como una ley de Estado que debía alcanzar el máximo consenso en la Cámara andaluza ha terminado salpicando al Gobierno con críticas, incluso, de la patronal andaluza, aliada por cierto en la batalla de la financiación y del censo con el Ejecutivo de Chaves.

Sin embargo, lo cierto es que sobre la ley de Cajas pende la espada de Damocles de la petición que los obispos andaluces han realizado a la Conferencia Episcopal para que presione al Gobierno y se recurra ante los tribunales.

Álvarez justifica la falta de consenso y el espectáculo que supuso el pleno de aprobación definitiva, con enmiendas y contraemiendas de todos los grupos, en que la ley ha padecido los efectos de un calendario inoportuno, en vísperas de los procesos electorales a las Cámaras nacionales y autonomica. Asegura que no tiene la lectura de fracaso que se le ha dado a la ley, y que no ha supuesto una inocentada su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) del 28 de diciembre. Defiende que es una ley buena en su conjunto y que su aplicación despejará cualquier sombra de duda, aunque en un alarde de sinceridad confiesa que ella le hubiera dado un giro de tuerca al texto legal aprobado.