Gil y García Castellón, cara a cara

Jesús Gil subirá hoy las escaleras de la Audiencia Nacional, en Madrid, para enfrentarse a las acusaciones más graves y comprometidas que le han lanzado en su interminable y azaroso periplo judicial. El alcalde de Marbella se sentará por primera vez frente al juez Manuel García Castellón, el hombre que el pasado 21 de diciembre decretó la intervención, secuestro y embargo del Atlético de Madrid.El destituido presidente deberá responder por los presuntos delitos de estafa, apropiación indebida, falsedad en documento público y delitos societarios por valor de 9.427 millones de pesetas.

La cita de Gil con la justicia está prevista para las 10.30. El ex presidente del Atlético de Madrid asistirá en compañía de Horacio Oliva, su abogado, y responderá a un aluvión de acusaciones acumuladas durante la gestión del club colchonero, a cuya presidencia accedió en junio de 1987. Tras él, está citado Enrique Cerezo, ex vicepresidente del club, que también ha sido imputado.

En el interrogatorio judicial que dirigirá García Castellón, titular del Juzgado número 6, estará presente Carlos Castresana, el fiscal que presentó el pasado 27 de julio una querella contra Gil, y cuyo escrito de acusaciones ha sido asumido casi al pie de la letra por el magistrado. Este último podría imponer al imputado una cuantiosa fianza, decretar su ingreso en prisión o no adoptar ninguna de estas dos decisiones.

Gil, al que se acusa de haber administrado el Atlético para su exclusivo y personal lucro, responderá a las siguientes imputaciones:

- Comprar un club sin pagarlo

El auto judicial del pasado 21 de diciembre señala que Gil y Enrique Cerezo, ex vicepresidente del club, se hicieron con el 94,5% del capital social del Atlético de Madrid, valorado en 1.950 millones de pesetas, "sin desembolsar cantidad alguna por sus acciones". El 5,5% restante fue adquirido por 3.174 socios que desembolsaron 112 millones de pesetas, cantidad "que se quedó también Jesús Gil". En opinión del juez, estos últimos son los verdaderos propietarios del club.

- Cobrar deudas ficticias

Gil y el resto de los querellados otorgaron escrituras públicas de reconocimiento de deudas ficticias y falsearon la contabilidad de la entidad para encubrir operaciones fraudulentas. El alcalde de Marbella facilitó a los socios información falsa en virtud de la cual estos últimos le reconocieron una deuda de 2.000 millones de pesetas que no existía.

- Mentiras y argucias contables

García Castellón acusa a Gil de proporcionar información falsa al Consejo Superior de Deportes (CSD) y a otros organismos públicos para que en 1992 se le autorizara la transformación del club en sociedad anónima. Al Atlético le faltaban por cubrir 1.950 millones de pesetas de los 2.063 que componían su capital social. La noche que vencía el plazo, Gil presentó, siempre según el auto judicial, al CSD tres certificados bancarios que cubrían ese importe pero los peritos aseguran que Gil, mediante argucias contables, no desembolsó ni un céntimo de los 1.300 millones que supuestamente aportaba. El auto asegura que el entonces presidente siguió falseando las cuentas año tras año, hasta 1997, para ocultar la quiebra técnica de la sociedad y encubrir sus operaciones fraudulentas que le permitieron "apoderarse mediante engaño" de las acciones del club.

- Cuantiosas ayudas ilegales

Gracias a esos presuntos engaños Jesús Gil consiguió supuestamente que el club fuera exonerado, sin tener derecho, del pago a Hacienda de 2.392 millones de pesetas. Esta cantidad fue pagada al Estado por la Liga Nacional de Fútbol Profesional. Por el mismo procedimiento el club fue liberado del pago de 144 millones a la Seguridad Social y recibió 1.351 millones para la remodelación del estadio Vicente Calderón. Estas ayudas y su permanencia en Primera División perjudicaron los intereses del resto de los clubes y en especial a los de Segunda División que aspiraban a alcanzar uno de los 20 puestos de la Primera División.

- Pagar con jugadores falsos

En el auto se establece que Gil se apoderó de dinero del Atlético hasta llegar a adeudarle 2.700 millones. Esta cifra la saldó, de acuerdo con su hijo Miguel Ángel, entonces director gerente, mediante su compensación con un activo ficticio: los derechos sobre cuatro supuestos jugadores profesionales de fútbol que no eran tales: el nigeriano Lawal, el senegalés Lima, el angoleño Djana y el brasileño Maxi. Los valoraron en 2.740 millones cuando su valor de mercado era inexistente.

- Estafa multimillonaria

En opinión del juez, Gil y los otros querellados han defraudado o se han apropiado indebidamente de al menos 9.427 millones mediante operaciones para las que se han servido del club Atlético, a pesar de no pertenecerles.

La Fiscalía Anticorrupción y el juez aseguran que para obtener ese lucro personal, usurparon la condición de principales accionistas y administradores del club que nunca les correspondió legalmente y falsificaron la documentación contable y mercantil que les permitió mantener durante más de siete años la ficticia titularidad de la entidad.

La acusación señala que mientras tanto se aprovecharon de su posición en la sociedad "para vaciar patrimonialmente el club y enriquecerse a costa de los socios, del erario de la Hacienda Pública y de la Seguridad Social".

Hoy, mientras Gil se defiende, Luis Manuel Rubí, el administrador judicial del club nombrado por el juez, seguirá examinando con lupa la contabilidad de la sociedad y continuará su tarea como único gestor autorizado para dirigir el club.