La cara más amarga JOSÉ MONTILLA
Hace unos días, Josep Ramoneda escribía un artículo en estas mismas páginas en el que decía que "la peripecia parlamentaria de la Ley de Extranjería confirma que el Gobierno, al llegar la hora de la verdad, abandona sus veleidades centristas y enseña su cara más amarga". Creo que tiene toda la razón, pero la amargura también se refleja en la actitud que ha mantenido CiU, no sólo en el trámite de esta ley, sino en toda la legislatura.Lo que más llama la atención es por qué la coalición nacionalista adopta el papel de salvador en los desaguisados que hace el partido del Gobierno, llegando incluso a situaciones extremas como se ha demostrado en la Ley de Extranjería. Solamente cuando la soledad gubernamental era evidente y la derrota parlamentaria palpable, CiU abandona al Gobierno a su suerte. Hasta ese momento CiU intenta, por encima de sus propias convicciones, salvar la cara al PP.
La política hace extraños compañeros de viaje, y por eso nadie se va a rasgar las vestiduras, pero el papel que protagoniza CiU en la política española va más allá de la corresponsabilidad en la estabilidad del país, argumento muy recurrido tanto por populares como por la derecha nacionalista. No es nuevo en esta legislatura que ante fiascos monumentales CiU adopte un papel que no le corresponde.
Hace cuatro años asistimos a una intensa negociación sobre financiación autonómica. El Pacto del Majestic es hoy sinónimo de tomadura de pelo y ha supuesto una reducción de los ingresos de la Generalitat. Tampoco parece que el pacto CiU-PP haya propiciado un aumento de las inversiones públicas, y aunque se esfuercen en cifrarlas en un 16%, lo cierto es que suben apenas unas décimas por encima del 11%. Pues aun así, CiU se esfuerza en defender la labor del Gobierno cuya gestión poco o nada ha beneficiado a Cataluña y a los catalanes.
La ley del aborto provocó un amplio debate social y CiU, bajo la fórmula de libertad de voto, impidió que las mujeres pudieran decidir sobre cuestiones que les atañen directamente. Un diputado de CiU -también alcalde de Tarragona que acaba de estrenar un pacto con el PP- que en numerosas ocasiones se había pronunciado a favor de ampliar la ley, votó en contra en el Congreso. La ley no salió adelante y CiU fue su garante.
Tampoco ha sido suficiente la caótica gestión del ministro de Fomento ni la escasa ética del ministro de Industria para que CiU les pidiera explicaciones. Es más, los diputados nacionalistas han justificado su comportamiento y, por tanto, se responsabilizaron de la gestión de Arias-Salgado y ampararon la conducta de Piqué. Esta actitud, sin parangón en ningún país europeo, se ha extendido a actuaciones que ofenden la dignidad de los ciudadanos, como las opciones sobre acciones de Telefónica, una empresa privatizada que ha permitido a unos pocos obtener pingües beneficios.
En las tribulaciones de CiU encontramos otros ejemplos. La privatización del sector eléctrico tenía que concretarse en una eléctrica catalana fuerte, con su gestión en Cataluña, con influencia en las decisiones del sector y con respuesta a las necesidades de los usuarios. CiU no sólo no lo ha logrado, sino que además la pérdida de influencia de las eléctricas catalanas se ha traducido en una menor inversión en la modernización de la red. Lo lamentable es que CiU no puede invertir esta situación y sólo acierta a rasgarse las vestiduras ante los continuos cortes de suministro, eso sí, culpando de falta de previsión a los ayuntamientos.
Este sumiso papel de CiU ha anulado su capacidad de juicio crítico. El PP ha incumplido de forma flagrante propuestas electorales que fueron armas arrojadizas contra el PSOE, como la reducción de cargos de confianza, que no ha sido tal sino que al contrario ha aumentado, y no hemos visto por ello el menor atisbo de crítica. Y tampoco ha existido crítica en aspectos básicos de la vida cotidiana como la privatización de la sanidad o el medicamentazo. A pesar de la oposición inicial, el voto de CiU ha permitido que los ciudadanos tengan que asumir el coste de los medicamentos y que la asistencia sanitaria, en otras comunidades, se realice en función de criterios
