Un fiscal cursa la primera acusación de delito ecológico en Castellón
La fiscalía de Castellón decidió ayer acusar formalmente al empresario Antonio Moliner de un presunto delito ecológico por los aterramientos ilegales en la Albufera de Oropesa. La decisión fiscal sienta precedente en la provincia, al ser la primera vez que se inicia una acusación de estas características. Moliner, que ayer acudió a declarar al juzgado número 7 de la capital de La Plana después de dos incomparecencias, negó la autoría de los hechos que se le imputan. Sin embargo, el empresario incurrió en varias contradicciones. Primero afirmó: "Los terrenos sobre los que se vertieron los escombros fueron expropiados por Renfe, y siempre pensé que esa empresa llevó a cabo los vertidos". Pero reconoció después que son de su propiedad y que él mismo fue quien llamó a la Guardia Civil para comprobar quién realizaba los aterramientos.
Por su parte, el transportista Manuel Beltrán Crespo ratificó que cumplía órdenes de Moliner y que hizo más de 400 viajes para verter escombros. Según un informe de Seprona, los vertidos han provocado "graves" daños a la flora y fauna de la Albufera, que son "irreversibles".
