El huevo de la serpiente FRANCESC DE CARRERAS
El jueves de la semana pasada, día 9 de diciembre, el magistrado Juan Alberto Belloch, ex ministro de Justicia e Interior, antiguo miembro del Consejo General del Poder Judicial y en la actualidad diputado del PSOE, pronunció una conferencia en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Barcelona. La conferencia trataba sobre El estado de la justicia en España, tema de indudable actualidad e interés, en especial para profesores y estudiantes de Derecho. El acto -organizado por el área de Derecho Penal- fue boicoteado por un grupo de jóvenes que se identificaron, a través de las pancartas que desplegaron y los panfletos que repartieron, como miembros del Bloc d"Estudiants Independentistes (BEI), la Assemblea d"Estudiants Independentistes (AEN) y la Associació Catalana d"Estudiants (ACE), todos ellos pertenecientes a la Coordinadora d"Estudiants dels Països Catalans. También participaron, al parecer, miembros de Alternativa Estel. Además de intentar -con gritos y alborotos- interrumpir la conferencia, los miembros de estas asociaciones de estudiantes insultaron reiteradamente al conferenciante y lanzaron a la mesa que presidía el acto -en la cual figuraban estudiantes de Derecho- huevos y pasteles de nata, de modo que quedaron afectados por todo ello el mismo Belloch, miembros de su escolta, autoridades académicas, profesores y estudiantes. La reacción contraria a los manifestantes de la inmensa mayoría de los estudiantes que atestaban el Aula Magna de la facultad hizo posible que la conferencia se llevara formalmente a cabo, aunque con el natural nerviosismo e incomodidad por parte de todos los asistentes.
Tanto el equipo decanal como el Consejo de Estudiantes de la Facultad de Derecho dirigieron al rector de la universidad unos muy duros comunicados condenando los hechos. El comunicado del equipo decanal incluía, además, la exigencia de que no se siguiera subvencionando a estas asociaciones mientras no adoptaran el compromiso de actuar respetando los derechos fundamentales. El rectorado de la universidad, en cambio, no se ha pronunciado todavía sobre estos lamentables hechos.
Para entender la raíz de los mismos debemos remontarnos a lo sucedido el año pasado durante la visita de José María Aznar a un centro del Consejo Superior de Investigaciones Científicas ubicado en el campus de Bellaterra. Recordemos que, en aquella ocasión, la policía encargada de la vigilancia del presidente del Gobierno cargó de forma desproporcionada contra una manifestación de estudiantes. El rector reaccionó de forma inmediata condenando con razón la carga policial y un claustro de la universidad, celebrado a los pocos días, acordó la insólita decisión de decla-rar no gratos, entre otros, a las fuerzas y cuerpos de seguridad. De aquellos polvos vienen estos lodos.
A partir de aquel claustro existe el convencimiento por parte de algunos de que en la Universidad Autónoma -mi universidad- la policía no puede entrar en su campus ni en sus edificios y, por tanto, los universitarios se encuentran indefensos ante las agresiones a sus derechos y quienes quieren vulnerarlos se sienten impunes en su actuación. Todo ello no se corresponde, obviamente, con nuestra legalidad vigente ya que es evidente que las fuerzas de seguridad tienen plena competencia en todo el territorio para hacer efectivas las libertades ciudadanas. No obstante, también es evidente que la decisión del claustro deslegitimó moralmente a la policía para guardar el orden en el mismo, y penosas situaciones como la que comentamos no son, pues, de extrañar.
El origen de todo ello nace de un desconocimiento, lamentable en un centro universitario, de cuál es el papel de la policía en un Estado democrático de derecho. Todavía se actúa con clichés de la época franquista, es decir, de una época en la que el Estado no era democrático ni de derecho, y en el que la policía era un mero instrumento de represión de las libertades básicas. Se ignora -y una universidad debería ser un centro de sabiduría- que en un Estado de derecho las fuerzas de seguridad tienen como única misión -así lo establece el artículo 104 de nuestra Constitución- la garantía de los derechos y libertades de los ciudadanos.
Precisamente, la idea Estado de derecho significa que la coerción democráticamente legítima no es otra cosa que libertad. Un conocido texto de Kant, en su obra La paz perpetua, lo expresa con gran exactitud: "Si el ejercicio de la libertad por parte de un individuo es un obstáculo para la libertad de otro individuo, la coerción que se le opone, en tanto que obstáculo frente a aquello que impide la libertad, coincide con la libertad". La policía, en el ejercicio de sus funciones, es, pues, fuente indispensable de la libertad de los ciudadanos. Si rebasa este legítimo ejercicio y vulnera las libertades, los controles jurisdiccionales son, en último término, los encargados de restablecerlas.
Desgraciadamente, algunas autoridades académicas ignoran el significado del Estado de derecho configurado en la Constitución y ponen así en peligro las libertades en nuestra Universidad. La semana pasada sucedió en mi Facultad de Derecho. Hoy, día 16 de diciembre, una semana después de los hechos relatados al comienzo del artículo, puede suceder algo semejante en las conferencias que Ion Juaristi y Aleix Vidal-Quadras pronunciarán en la Facultad de Letras de la Universidad de Barcelona, organizadas por la Asociación Profesores por la Democracia. Desde el pasado lunes, numerosos carteles llamaban a manifestarse en el lugar y la hora en que dichas conferencias deben pronunciarse.
Si la autoridad académica sigue inerme ante las amenazas a las libertades de expresión y de reunión, la misma tarea universitaria está en peligro. La Universidad catalana, que tanto hizo en las pasadas luchas contra la dictadura, no puede ser cómplice tácito de un nuevo fascismo y dejar que se incube el huevo de la serpiente.
