Alperi no ha construido ninguno de los seis colegios que prometió
Tendrían que estar acabados y ni siquiera han comenzado las obras. Un intenso debate político dejó ayer en evidencia al equipo de gobierno del Ayuntamiento de Alicante, del PP, que ha incumplido el convenio suscrito con la Consejería de Educación para construir seis centros de enseñanza en la ciudad. La oposición municipal pide la dimisión del concejal de Educación, Pedro Romero, pero éste, lejos de asumir su responsabilidad, culpa a los socialistas de desprestigiar la escuela pública con sus críticas.
El pleno del Ayuntamiento de Alicante abordó ayer el retraso en la construcción de los seis centros que el Consistorio convenió con Educación en 1997 a través de una imaginativa fórmula de financiación: el Ayuntamiento adelantaba el dinero para las obras -2.650 millones de pesetas-, y la Generalitat se lo devolvería cuando pudiera. El gobierno local se endeudó para cumplir el acuerdo, según el cual los centros deberían estar acabados el 31 de diciembre de 1999, pero ha sido incapaz de poner un ladrillo.En los tres debates anteriores, el PP soslayó las críticas de la oposición por el retraso, y dijo que sólo asumiría su responsabilidad cuando llegara el plazo estipulado para el fin de obras. Llegada esa fecha, el gobierno local ni se siente culpable ni acepta las críticas que le lanza la oposición.
La concejal socialista Carmen Sánchez Brufal denunció que el incumplimiento afecta ya a 9.000 niños y jóvenes, a los que se sumarán 4.500 más por cada año que se demore la puesta en marcha de los nuevos centros públicos.
Para el portavoz de EU, José Luis Romero, el equipo de gobierno "salvó la cara" al presidente Zaplana con el convenio, que centrifugó la deuda de Educación, "y luego ha traficado con las expectativas de los padres". El PP se justificó por la necesidad de reajustar los presupuestos y la escasez de mano de obra en la construcción. El alcalde Alperi, por otro lado, retiró del pleno la adjudicación de la explotación publicitaria del mobiliario urbano, y denunció presiones de una empresa para lograr la concesión.
