Jorge Ollero asegura que su hermano y López Martos conocían las comisiones
Una jornada más de la vista oral del caso Ollero, y ya es la cuarta, dedicada a oir las escuchas telefónicas grabadas por la policía. Esta vez, en las conversaciones entre los imputados Jorge Ollero y Pedro Llach, se asegura que tanto su hermano, Manuel Ollero, entonces director general de Carreteras de la Junta, como el ex consejero de Obras Públicas, Juan José López Martos, estaban al tanto de las presuntas comisiones que recibirían los primeros por intermediar en la adjudicación de la carretera Salinas-La Pedriza.
En las conversaciones escuchadas durante la vista de ayer -grabadas por la policía entre los días 5 y 8 de mayo de 1992- Jorge Ollero le comentaba a Pedro Llachs que tanto su hermano Manuel Ollero como Juan José López Martos, director general de Carreteras y consejero de Obras Públicas respectivamente e imputados en el caso , "quieren esto". "Esto", según la acusación, serían los 127 millones que supuestamente la empresa Ocisa habría pagado a los intermediarios en concepto de comisión por obtener la adjudicación, y que finalmente lo fue por 2.568 millones, de la carretera malagueña Salinas-Las Pedrizas.
En otra de las cintas se aprecia como Jorge Ollero le dice a Pedro Llach: "Le he contado a Manolo [Ollero] lo que nos vamos a llevar y me ha dicho "a ver si lo puedo tener listo mañana".
También se deduce que otros intermediarios aspiran a un trozo del pastel: "Hay alguien que ha interferido y debe tener una vinculación muy fuerte con el sin pelo", nombre en clave para el delegado de Ocisa en Andalucía, Jesús Calvo.
Las posibles interferencias y compromisos, por lo oido, provocaron cierta tensión en Jorge Ollero. Sin embargo para Llach, tras señalar que no era un "trabajo de pico y pala" aunque tiene "el estrés del negocio", es una "actividad fantástica que se vive intensamente".
Una vez más, y siguiendo el método habitual de negociación, las cintas muestran como Llach -ya fallecido- le avisa a Jesús Roa, presidente del consejo de administración de Ocisa e imputado en el caso, de que él es la única posibilidad para llevar a buen puerto la adjudicación. Incluso llega a prevenirle de posibles cambios que podrían poner en juego la consecución de la obra por parte de Ocisa y le da un plazo de unas horas para que se decida. De hecho, el primer tanteo de los intermediarios fue con la empresa Fomento de Construcciones (Focsa).
Llach también le indica a Roa que la Junta pagaría la obra en tres años (un 33% cada año a partir del 93) pero que a cambio se podría conseguir una revisión en conceptos de gastos de financiación.
Aún queda una jornada de escuchas de las cintas -pruebas irrefutables para la acusación y meras palabras sin sentido para la defensa- y luego se pasará a las declaraciones de testigos e imputados.
