Jueces y fiscales descartan la huelga, pero se concentrarán en la sede del CGPJ

Descartada la huelga, una concentración en la sede del Consejo General del Poder Judicial de los magistrados y fiscales que ocupan cargos de gobierno en las carreras judicial y fiscal en las 17 comunidades es la medida más contundente acordada ayer por las cuatro asociaciones de jueces y las dos de fiscales ante la negativa del Gobierno a elevar sus sueldos más del 2% en el año 2000. Piden también más apoyo al CGPJ y al Consejo Fiscal y la reanudación del diálogo con el Ministerio de Justicia con la participación de su titular, Margarita Mariscal.

Santiago Martínez-Vares, presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), mayoritaria y conservadora, dio cuenta ayer, en nombre de las seis asociaciones, de las medidas acordadas. El encuentro de los representantes asociativos con los medios de comunicación se produjo en el salón de actos del CGPJ, dato que subrayó Martínez-Vares como muestra de que el conflicto "del Gobierno de la Nación es con el órgano de gobierno de los jueces y con el conjunto de jueces y fiscales, no con las asociaciones que lo representan".Sin embargo, la primera medida acordada fue la petición al CGPJ y al Consejo Fiscal de "que se pronuncien" sobre el conflicto. Martínez-Vares reconoció que el CGPJ ya apoyó las reclamaciones salariales de jueces y magistrados, pero estimó necesario que vuelva a respaldarlas una vez producida la ruptura de Justicia con los negociadores.

La convocatoria de los presidentes de tribunales superiores de justicia y audiencias provinciales, decanos de las 50 capitales de provincias y fiscales jefes de toda España, aún sin fecha, fue considerada por Martínez-Vares como muy útil para dar cuenta a ambas carreras, a través de estos jueces y fiscales de las respectivas cúpulas, de la situación.

Otra medida sería convocar una asamblea de jueces y fiscales, que se celebraría en la sede del Tribunal Supremo una vez descartada su celebración en la calle, ante el Ministerio de Justicia, además de otras propuestas en aras de la unidad de acción.

Martínez-Vares puso el acento en la disposición de los representantes asociativos a "mantener la serenidad" y reanudar la negociación, "en la que esté presente la ministra, porque el asunto lo merece". Aceptó hablar sobre la futura Ley de Retribuciones y sus posibles efectos retroactivos al año 2000. "No arrojamos la toalla", dijo, "sobre el incremento de los sueldos en los Presupuestos del 2000".

El portavoz de las seis asociaciones reprochó a Justicia que haya "buscado el enfrentamiento con el resto de funcionarios judiciales" y que haya presentado la cifra del 25% como indiscutible sin dar posibilidad de discutirla. Martínez-Vares recordó que la subida salarial está vinculada a la mejora de la calidad y cantidad del trabajo judicial y aclaró una mala interpretación: "No hemos condicionado en ningún momento la independencia de jueces y magistrados al dinero. Jamás, jamás, jamás".